EDITORIAL

Negociación UE-CAN: la urgencia de dos velocidades

Alejandro Deustua
11 de enero de 2008

El Perú desea que la negociación del acuerdo de asociación (que incluye uno de libre comercio) entre la Comunidad Andina y la Unión Europea concluya este año y entre en vigencia el 2009. Ese interés, expresado hoy sólo por autoridades negociadoras antes que por responsables políticos, podría evolucionar hacia un escenario real si la CAN fuera una entidad suficientemente cohesionada y si la experiencia negociadora bloque a bloque de la UE con entidades subregionales latinoamericanas fuera auspiciosa.

Lamentablemente, la Comunidad Andina no tiene la consistencia que su denominación indica ni el antecedente negociador entre la Unión Europea y el MERCOSUR indica que ese tipo de acuerdos se pueda lograr en plazos relativamente cortos.

Efectivamente estando la CAN integrada por Estados que evolucionan (Perú y Colombia) y otros que se "refundan" (Bolivia y Ecuador) mientras que su orientación económica es divergente, la convergencia negociadora sobre principios básicos (la cláusula democrática), reglas de mercado parejas (improbables entre economías con vocación capitalista y otras de orientación socialista) y satisfacción de diferentes grados de desarrollo (que complica la aplicación del trato diferencial con la exclusión de sectores completos de la negociación) resulta difícil y no asegura fluidez. Especialmente cuando el esfuerzo destinado a coordinar posiciones intra -andinas será cada vez mayor si se persiste en una negociación que no aplique diferentes velocidades de interacción como es el deseo de los países que quisieran marchar más rápidamente.

A esa dificultad se agrega el interés de la Unión Europea de negociar de manera que la integración andina pueda consolidarse como primera prioridad. Éste, si bien es legítimo, es heterodoxo en tanto no constituye precisamente un estándar el logro de integración profunda subregional sólo por presión externa.

Por lo demás, la única referencia de negociación bloque a bloque entre la Unión Europea y una entidad subregional latinoamericana (el MERCOSUR) muestra que, a pesar de la mayor cohesión intra-regional, la negociación inter -rergional apunta más bien al largo plazo. En efecto, las negociaciones UE-Mercosur se iniciaron en 1999 y hasta ahora no sólo no han concluido sino que, por las razones que fuera, no han avanzado sustancialmente.

Al respecto la negociación entre la Unión Europea y el bloque centroamericano no constituye referencia adecuada en tanto empezó, como la de la CAN, el año pasado.

En cambio las negociaciones que la Unión Europea ha emprendido con países singulares del área como México y Chile podrían constituir el antecedente que el Perú necesita como ejemplo de éxito alcanzable en el corto plazo. En el caso de México las negociaciones duraron un año más o menos (concluyeron en 1997 aunque el acuerdo entró en vigencia en el 2000). En el caso de Chile las negociaciones duraron dos años (2000-2002).

Estas referencias podrían plantearse a la Unión Europea teniendo en cuenta tanto los intereses de esa agrupación como los de Perú y Colombia. Especialmente si, en el caso del Perú, el requerimiento de una adecuada inserción externa se complementa con otro de plazo relativamente corto. Éste es el caso de la cumbre Unión Europea-América Latina y el Caribe de la que el Perú será sede en mayo de este año. Para esa fecha el gobierno del Perú quizás esté interesado en demostrar que el gran costo que implica la organización de esa cumbre pueda ser adecuadamente compensado por resultados concretos como los que podrían reflejar en un avance sustancial del acuerdo de asociación con la UE.

El ritmo requerido para ese avance no fue mostrado durante la segunda ronda de negociaciones CAN-UE que concluyó en Bruselas el 14 de diciembre último. Luego de una dilatada etapa preparatoria -que, a falta de un arancel externo común, incluyó la definición de un punto inicial de desgravación que luego fue replanteado- las partes en Bruselas todavía parecían acomodarse al intercambio de información básica y a la definición de una hoja de ruta sobre un acuerdo cuyos capítulos esenciales son de dominio público.

La parsimonia al respecto quedó reflejada por un entendimiento que cualquiera habría asumido como preliminarmente establecido: el de no perder tiempo llevando papeles y propuestas a través del Atlántico cuando éstos se pueden intercambiar a través de internet y de teleconferencias.

Si éste es el ritmo negociador, la Unión Europea y la CAN deben dejar en claro que la vía de dos velocidades empezará a aplicarse a la brevedad. Aunque ese entendimiento fue sugerido por la prensa, no consta en los reportes que presenta la CAN. Es hora de que se proceda en consecuencia.

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El Editor (ADC)