EDITORIAL

Un complejo acto de apariencia humanitaria

Alejandro Deustua
28 de diciembre de 2007

La liberación de tres rehenes de las FARC de un núcleo de alrededor de cuarenta mientras esa agrupación narcoterrorista mantiene a centenares bajo condiciones de brutal secuestro es una transacción política mayor que tiene un contenido humanitario. Para que ésta pueda ser considerada un acto humanitario las FARC deberían mostrar disposición a liberar a todos lo rehenes sin pretender obtener beneficios de un crimen de lesa humanidad como es el secuestro sistemático realizado con fines políticos además de económicos.

A pesar de ello, la liberación de este pequeño grupo de personas y la perspectiva de que otros puedan serlo (especialmente Ingrid Betancourt), debe ser apoyada por la comunidad internacional y no sólo por un grupo de aliados de quien, como el Presidente Chávez, se ha presentado, de manera casi coercitiva, como "facilitador".

En ese marco, el gobierno de Colombia ha hecho bien en definir el hecho como una acción unilateral de las FARC a la que da la bienvenida mientras brinda garantías para no entorpecerla. Con ello el gobierno colombiano enfatiza que no está negociando con el grupo ex -guerrillero y tampoco avala plenamente la acción del "facilitador".

En efecto, bajo el actual estado de cosas que implica la indisposición de las FARC a desmovilizarse (al revés de lo que, parcial o totalmente viene ocurriendo con las AUC y el ELN), a abandonar el curso narcoterrorista emprendido hace tiempo y a permitir la plena vigencia del Estado de Derecho en Colombia, el gobierno del Presidente Uribe está impedido de negociar con quien no lo desea.

Esa situación, sin embargo, no es una que pueda sostenerse mecánicamente en una confrontación no convencional y que involucra, por disposición del agresor (las FARC), multiplicidad de escenarios, métodos y agentes. Y menos cuando civiles inocentes o militares combatientes son privados de su libertad con el propósito de agredir al Estado y a la sociedad colombianos. En ese caso el Estado ciertamente está obligado a rescatarlos pacíficamente o no. En la situación actual, se ha optado por el método pacífico que se origina tanto en la obligación política y disposición táctica del Estado colombiano como del interés de terceros (especialmente Francia) cuyos ciudadanos padecen la brutalidad del secuestro.

Fue en este marco, quizás estimulado colateralmente por otros motivos, que el Presidente Uribe buscó los buenos oficios del Presidente Chávez. Lamentablemente, éste sobrepasó sus funciones al intentar establecer contacto directo con altos mandos de las Fuerzas Armadas de Colombia sin consentimiento del Presidente Uribe. En consecuencia, éste dio por terminadas las funciones del Presidente venezolano.

Esa decisión esencialmente correcta fue presentada por el Presidente Chávez como un acto de traición y desató sobre el Presidente Uribe el arsenal retórico que caracteriza al gobernante bolivariano. Aunque ese acto de irracionalidad fuera previsible, lo que se puede decir al respecto es que quizás el Presidente Uribe no calculó bien la buena relación que Chávez mantiene con las FARC y obvió la respuesta de éstas: lograr debilitarlo empleando a los rehenes como instrumento para lanzar un golpe adicional definido como "reivindicación política" (que, en este caso, indica filiación) del Presidente venezolano.

Éste, necesitado de un éxito nacional luego de su primera gran derrota electoral, aprovechó la circunstancia para optimizar los beneficios en el ámbito internacional. Y así, de la mano de los rehenes, Chávez muestra ahora su poder mejorando su interlocución con Francia y liderando una coalición ad hoc de aliados suramericanos y cubanos.

Si ese es el precio que se le cobra a Colombia y a la comunidad internacional para liberar a los rehenes ésta debe poder sufragarlo con prudencia. Ello implica examinar nuevamente las alternativas del escenario colombiano.

En el lado optimista, el gobierno colombiano puede explorar las posibilidades de liberar ya no sólo a casi medio centenar de rehenes sino a todos. Ello puede implicar el canje con prisioneros de las FARC bajo condición de que éstos no retornen a las filas narcoterroristas (el gobierno francés ya ha hecho una oferta de recepción parcial de estos prisioneros).

Es más, si la negociación marcha adecuadamente quizás sería posible una negociación de mayor en búsqueda de la paz. Para que ésta ocurra y no fracase como todas las anteriores, será quizás necesario proceder, bajo mediación legítima (p.e. de la ONU o un grupo de "países amigos" no parcializados), a conceder a las FARC una zona desmilitarizada (o de "despeje") en el marco indispensable de un cese al fuego real y de cancelación o disminución sustantiva de las actividades de narcotráfico. Si esa negociación tuviera éxito no sólo Colombia sino la subregión andina podría recuperar niveles adecuados de seguridad.

En el lado pesimista, es posible considerar la ampliación de la influencia internacional de las FARC a costa del gobierno colombiano si ésta devuelve a algunos rehenes y mantiene a la mayoría en cautiverio. Esa indisposición no sólo entorpecería las negociaciones ad hoc sino que endurecería el carácter narcoterrorista de las FARC cancelando, por consiguiente, cualquier negociación de paz. En este escenario Colombia y la subregión andina se volverían aún más inseguras.

A l respecto debe recordarse que las FARC han abandonado negociaciones anteriores. La última de ellas ocurrió durante el gobierno del ex -Presidente Pastrana. En ese momento uno de los errores gubernamentales consistió en otorgar ventajas iniciales sin exigir lo necesario (el alto el fuego) a cambio. Ese curso de acción condujo a niveles de confrontación mayores. Ello podría ocurrir nuevamente con un agravante: la interlocución venezolana, esta vez articulada regionalmente de manera ad hoc, podría devenir en apoyo abierto a las FARC. Un extremo de ese desarrollo podría consistir en la solicitud del status de beligerancia para esa organización. Esta alternativa sería desastrosa para la región.

La comunidad internacional y el gobierno de Colombia harán bien en evaluar esta variedad de escenarios y de intereses cruzados en el curso de acción que se siga para lograr la liberación de los rehenes de las FARC. Si bien ésta tiene especificidad propia y reclama acción urgente, el objetivo final -la desmovilización de la organización narcoterrorista- debe mantenerse. Al respecto el gobierno de Colombia debe ser apoyado y no debilitado como quisiera el vecino bolivariano.

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El Editor (ADC)