EDITORIAL

PDVSA: una mala opción

Alejandro Deustua
16 de noviembre de 2007

La iniciativa presidencial de invitar a PDVSA a invertir en el Perú es una mala decisión política y económica.

Desde el punto de vista político no parece conveniente que el Presidente del Perú convoque a una institución cuyo gobierno está impulsando un orden totalitario de externa vocación hegemónica. Y menos en momentos en que una oposición razonable procura en Venezuela evitar ese tránsito. En ese marco, la invitación es inconsistente con el interés nacional y con la obligación del Perú de defender por medios razonables la democracia representativa, compromiso del que no se ha desligado.

La invitación desatiende también la preocupación gubernamental por la injerencia extranjera que podría evidenciar la proliferación de las denominadas "casas ALBA" en el Perú.

Por lo demás, la iniciativa no podía ser más inoportuna luego del conflicto creado por Hugo Chávez con España en la Cumbre Iberoamericana de Santiago. En este punto el Estado peruano, que pretende negociar un acuerdo de asociación política y comercial con la Unión Europea por la vía más directa, no puede aparecer como aliado económico del provocador cuando uno de sus interlocutores ibéricos ha sido complicado por éste.

Y desde el punto de vista económico, la invitación a PDVSA es una mala decisión en tanto que tiende a incorporar a un agente de comportamiento irracional a un mercado que, como, el peruano está lejos de ser sólido en el sector hidrocarburos. En efecto, desde que el gobierno venezolano arrasó con la gerencia de PDVSA luego de la huelga del 2003, la gestión de esa empresa no ha brillado precisamente por su eficiencia. No sólo su producción diaria sería menor de lo que el gobierno venezolano publica (The Economist, Wall Street Journal), sino que la empresa es también un instrumento político del gobierno empleado para la construcción de la nueva "economía socialista" que la reforma constitucional pretende consagrar. Y también lo es de su política exterior. Ésta se expresa acá en el patrocinio venezolano de la integración energética (los casos de Petrocaribe y Petroandina) y en el incremento del ámbito de influencia geopolítica venezolana.

En el marco de control político sobre la empresa y sobre el escenario donde ésta se instala, la preocupación emergente por la manipulación política de la inversión extranjera venezolana aparece más claro. Ésta se contextualiza en la aparición de los denominados fondos soberanos organizados en potencias emergentes sobre la base de extraordinarios ingresos de divisas acumulados en superavitarias balanzas de cuenta corriente.

En tanto estos multimillonarios fondos están influidos por el interés nacional de los Estados propietarios (a pesar de que algunos de ellos puedan regirse según los manuales de "buenas prácticas corporativas"), la inversión de éstos en el extranjero no persigue sólo el interés del rédito de los accionistas (IHT). Dependiendo de cómo progresen (y la tendencia indica el crecimiento exponencial de su patrimonio) estas entidades forman parte de un nuevo capitalismo de Estado. En él la función estratégica está ligada a la de la entidad estatal. Aunque el capital siempre se cobijó bajo alguna bandera esta vez ésta ciertamente le da su nombre.

Este es el caso de PDVSA. Y sin embargo no lo es, o lo es menos, en el de otras empresas públicas como Petrobras, PEMEX o ECOPETROL. No sólo estas entidades son administradas con criterios de mercado sino que pertenecen a Estados no hostiles. Y en el caso de Petrobras, su eficiencia está garantizada tanto por su administración y actualización tecnológica como por su participación accionaria en el mercado de valores (una buena parte de sus acciones se cotizan en los principales mercados bursátiles).

Bajo estas consideraciones el Perú podría obtener mayores ventajas comprando petróleo a PDVSA que asociándose con ella para modernizar plantas refinadoras o para otorgarle derechos de exploración y explotación. El Estado peruano no sólo sería así mejor servido sino que no quedaría comprometido con una entidad que obedece a los intereses totalitarios de Hugo Chávez y a su afán de predominio en la región.

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El Editor (ADC)