EDITORIAL

Bolivia: confrontación interna y responsabilidad internacional

Alejandro Deustua
31 de Agosto de 2007

Aunque el cambio de orden interno de los Estados compete naturalmente a su soberanía, ésta ha encontrado siempre los límites que impone la sobrevivencia de la entidad política y el impacto que su puesta en riesgo tiene sobre el entorno.

En un escenario de mayor interdependencia, estos límites debieran estar hoy mejor establecidos por los regímenes internacionales que esos Estados precarios han suscrito. En el caso de que aquéllos no funcionen (p.e., la Carta Democrática de la OEA), tales límites pueden ser expresados por los Estados cuya estabilidad es afectada como consecuencia del deterioro de la capacidad de sobrevivencia de la entidad en cuestión. Ese riesgo se ha incrementado fuertemente hoy en Bolivia. En consecuencia, sus vecinos deben poder hacer conocer su preocupación.

Que se sepa, este derecho, que también es una obligación, no ha sido adecuadamente ejercido hasta hoy por Perú, Brasil, Argentina, Paraguay y Chile en relación al incremento de las fuerzas de fragmentación que incuba Bolivia desde hace media década por lo menos. Si ello no ha ocurrido, el derecho en cuestión debiera realizarse en tanto las regiones vecinas a Bolivia (en el caso del Perú, las regiones del sur) sufren la influencia de la extraordinaria polarización interna en ese país mientras el conflicto interinstitucional impide en él cumplir con mínimos estándares de gobierno, la apertura frentes de conflicto externo complica la relación hemisférica y las líneas de básico aprovisionamiento internacional de ese país bordean la crisis.

Bajo estas condiciones debilitantes del Estado boliviano y generadoras inestabilidad en el centro geopolítico suramericano, los Estados vecinos están en la obligación no sólo de realizar las recomendaciones pertinentes sino de protegerse de las posibilidades de desborde y hasta de incentivar en el país vecino una política exterior más orientada al fortalecimiento de sus capacidades de interacción antes que a los grandes diseños estratégicos que hoy pretende.

Especialmente cuando el antiguo antagonismo entre las regiones orientales y occidentales del país ha devenido en una polarización que pone en cuestión la unidad política de Bolivia disolviendo en la confrontación localista la capacidad de intermediación de partidos, de autoridades locales y la del propio gobierno. El consecuente incremento de la voluntad de confrontación es lo que ha vuelto a poner en evidencia, en una versión aún más iracunda, el reciente paro de seis departamentos (Santa Cruz, Beni, Tarija, Pando, Cochabamba y Chuquisaca) movilizados contra el gobierno central.

Aunque el motivo de la movilización haya sido la "protección de la democracia", el hecho de que su detonante sean los excesos en que incurren las instituciones convocadas por el Ejecutivo para "refundar el Estado" indica claramente un creciente espíritu de rebelión y de división política frente a los fundamentos de la proclamada "refundación".

En efecto, la protesta no ha sido dirigida sólo con el gobierno sino contra la Asamblea Constituyente y contra lo que ella tiene de inoperativa (más de un año de incapacidad normativa) y de excesiva (el espíritu de cambiarlo todo en función de intereses regionales que ahora desean mudar la sede de los poderes del Estado -La Paz- a la capital constitucional -Sucre- aunque ello remueva las bases de una antigua guerra civil). Pero también lo ha sido contra el abrumador partido oficialista que, en el Congreso, desea juzgar a cuatro jueces del Tribunal Constitucional por prevaricato que, con anterioridad, se pronunciaron cuestionablemente por la "destitución" a miembros de la Corte Suprema afines al gobierno.

De esta forma el conjunto de las instancias del poder republicano han procedido a neutralizarse unas a otras mientras que el Presidente ejerce el poder sin más contrapeso que el de las fuerzas emergentes precariamente organizadas por origen territorial (los departamentos confrontados) y social (los movimientos campesinos y obreros confrontados con las organizaciones urbanas y partes de las clases medias).

En ese clima de confrontación y desgobierno, el Ejecutivo no hace demasiados esfuerzos para corregir la tendencia a la anarquía. En lugar de ello, ha preferido antagonizar ahora a los representantes diplomáticos destacados en Bolivia y al gobierno de Estados Unidos aduciendo una supuesta orientación subversiva de la cooperación internacional. Para radicalizar esa denuncia, el gobierno ha preferido usar canales públicos y heterodoxos (el Ministro de la Presidencia en lugar del Ministro de Relaciones Exteriores) con el propósito de dramatizar popularmente la amenaza de una eventual declaración de persona non grata.

Comprensiblemente, la denuncia de injerencia a través de la cooperación económica no ha incluido al flagrante intervencionismo que realiza el gobierno de Venezuela a través de su Embajada en La Paz. Ello no ha hecho sino confirmar la participación de Venezuela en el clima de confrontación que vive Bolivia mientras el gobierno boliviano sigue haciendo público alarde de su alianza con ese Estado.

Si es evidente que todo gobierno está en la obligación de orientar la cooperación internacional en función de sus propias potestades, también es claro que la búsqueda de confrontación con Estados Unidos y de cautelar, a la vez, el rol de Venezuela en Bolivia, tiene un objetivo de radicalizador que, más allá del peso de la cooperación internacional en el PBI boliviano (quizás el más alto de la región), el Ejecutivo boliviano percibe como conveniente.

Estas tácticas polarizantes van, por lo demás, acompañadas de una pésima gestión del recurso cuya nacionalización brindó legitimidad original al gobierno del señor Morales: el gas. Ello es evidente en la muy pobre gestión de YPFB que, debiendo intervenir en toda la cadena de producción y comercialización, del recurso, no parece saber bien cómo hacerlo. Ello ha resultado en una pérdida de reservas probadas (de 29 trillones de pies cúbicos a 19 TPC) y en la incapacidad de cumplir adecuadamente con obligaciones de aprovisionamiento externo con el Brasil (una planta en Cuiabá y el mercado de Sao Paulo). Algo parecido podría pasar con el gas que se exporta a la Argentina en tanto los ductos para esos efectos no soportarían los volúmenes contratados.

En tanto la venta de gas natural domina la estructura de las exportaciones bolivianas, la complicación de las mismas impactará seriamente en los ingresos. Ello podría generar graves problemas en una economía que, a falta de inversión, sobrevive gracias a los altos precios internacionales de las materias primas en un contexto crecientemente inestable.

Bajo estas condiciones cualquier negociación que implique una alteración sustancial de la inserción externa boliviana es inviable. En efecto, si para tratar razonablemente el asunto de la mediterraneidad boliviana se requiere un Estado bien establecido, la ausencia de ese requisito básico hará de la negociación correspondiente un instrumento poco fiable y de su resultado, una nueva frustración. De allí que los anuncios del gobierno boliviano sobre la inminencia de un acuerdo para dotar a su Estado de un mejor acceso al mar no sean creíbles o sea escasamente sustentables. En lugar de favorecer esas declaraciones, los países involucrados deberían reclamar condiciones básicas de trato que, en este caso, se resumen en estabilidad y cohesión nacionales en el interlocutor.

Sin embargo, la precariedad de esas cualidades en Bolivia son de tal grado hoy día que el conjunto de los gobiernos americanos deberían demandárselas con urgencia con el compromiso de asistir a su establecimiento si el gobierno boliviano cambia de curso. La gravedad de la situación así lo reclama. Y si se desea una excusa al respecto, siempre se puede citar la intervención del representante del Vaticano en el Perú que, el 28 de julio, demandó a un gobierno mejor posesionado una serie de medidas orientadas a mejorar la equidad y la estabilidad nacionales en nombre de la comunidad internacional.

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El Editor (ADC)