EDITORIAL

La (insuficiente) dimensión trasnacional de los desastres naturales

Alejandro Deustua
17 de Agosto de 2007

Aunque las consecuencias del sismo que acaba de golpear al Perú pudieron ser peores, la realidad catastrófica del mismo está a la vista. Su intensidad y los desbastadores efectos en el departamento de Ica lo demuestran. Por lo demás, si su costo en vidas (alrededor de 500) y su implicancia económica para el país no tendrá un impacto nacional inmanejable (esa región agroexportadora concurre con 3% del PBI), la naturaleza transnacional del fenómeno pone en evidencia la insuficiencia de la respuesta.

La característica transnacional del desastre, que es diferente de sus efectos concretos, se evidencia en su causa geológica (la placa de Nazca que interactúa con la placa suramericana) comprometiendo a los Estados de la costa del Pacífico suramericano. Y también se muestra en el escenario en que ocurre (la cuenca del Pacífico en su sector andino) que articula a los países que la integran en el anillo volcánico más extenso del planeta y condiciona el clima global mediante el comportamiento inestable de su sistema de corrientes marinas.

La implicancia de seguridad de los desastres naturales en esos ámbitos ha abarcado recientemente a países tan disímiles como Indonesia, Japón o Bolivia. Aquélla se define en el acápite de las denominadas nuevas amenazas globales que debiera ocupar mejor a la comunidad internacional, como ocurre en la ONU con la Oficina para la Coordinación de Asuntos Humanitarios y con la Estrategia Internacional de Reducción de Desastres Naturales en términos de la previsión y minimización del daño.

Sin embargo, si esas instancias globales pueden no definir bien el carácter de seguridad de la amenaza o del desafío que implica el desastre natural, el sistema interamericano lo tiene bastante claro. A pesar de ello, su marco de referencia es el tremendamente confuso proceso de redefinición de seguridad colectiva que aborda el sistema hemisférico en términos de una pretendida seguridad cooperativa y su proyección "multidimensional". Ello no ayuda a una respuesta eficaz, como lo estamos viendo en Ica.

En efecto, desde que en 1991 la OEA dispuso la revisión del concepto de seguridad colectiva y la Comisión de Seguridad Hemisférica se hiciera cargo de esa tarea, su capacidad se ha visto desbordada, sus objetivos complicados y su capacidad de reacción minimizada. Pero, por lo menos, ha acordado, en la Declaración de Seguridad de las Américas de 2003, una aproximación a la materia. Ésta clasifica las amenazas a la seguridad hemisférica, según las prioridades de cada Estado (lo que, de por sí, es muestra de desorden y de ineficiencia), en amenazas tradicionales y nuevas amenazas entre las que se encuentran las amenazas propiamente dichas, las preocupaciones y otros desafíos.

En una categoría no determinada con precisión (que puede ser la de desafíos) la Declaración hace explícita mención a los desastres naturales. La reacción colectiva a los mismos debiera ser, en consecuencia, tanto una tarea de asistencia al Estado que los padece como una responsabilidad del sistema interamericano. Sin embargo, ello no ocurre así todavía.

En efecto, la responsabilidad de la Secretaría General de la OEA y de la Comisión de Seguridad Hemisférica sigue siendo apenas la de promover la labores de coordinación interinstitucional y de sistematización de experiencias.

Por tanto la responsabilidad sigue recayendo, en teoría en múltiples organizaciones interamericanas (como el Comité Interamericano para la Reducción de Desastres Naturales -CIRDN-, el Fondo de Asistencia para Situaciones de Emergencia -FONDEM- y la Red Interamericana de Mitigación de Desastres Naturales -RIMDN-) y en algunos subregionales (como la Agencia Caribeña de Respuesta a Emergencias -ACDERA-, el Centro de Prevención de Desastres Naturales de América Central -CEPREDENAC- y el Comité Andino de Prevención y Atención de Desastres -CAPRADE-).

Sin embargo, esta pluralidad de organismos de buena voluntad regional se ocupa aún, en general, en tareas de fortalecimiento institucional, evaluación de información, evaluación de escenarios y, finalmente, de promoción de asistencia. Como ocurre con estos esfuerzos colectivos plurilaterales, su labor tiende a enmarcarse en grandes conferencias globales y a organizarse a través de complejos procesos burocráticos que no agregan demasiado a la capacidad institucional de reacción rápida.

De allí que sean normalmente los Estados afectados (cuyas organizaciones de defensa civil, al margen de las fuerzas armadas, no siempre tiene los niveles requeridos de aprestamiento), las organizaciones civiles de asistencia humanitaria establecidas (como la Cruz Roja o Médicos Sin fronteras), la asistencia que emerge de la disposición de solidaridad de gobiernos disímiles y organizaciones de gran cobertura (como la ONU) los que reaccionan frente a los requerimientos inmediatos de mitigación de daños. La parte principal de esa tarea, sin embargo, siguen siendo responsabilidad principal de los Estados que, si es efectiva, refuerza su legitimidad y si no lo es, tiene las consecuencias contrarias.

De esta forma, la dimensión transnacional del desastre sigue sin ser atendida y su ámbito de seguridad presenta aún más vulnerabilidades que seguridades preventivas y de resguardo. La comunidad internacional tiene, en esta materia mucho que camino que recorrer. Mientras tanto, Estados como el peruano, están la obligación de reforzar sus propias capacidades que hoy son inferiores a la voluntad de respuesta mostrada por sus gobiernos.

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El Editor (ADC)