EDITORIAL

Venezuela: el desafío permanente

Alejandro Deustua
15 de Agosto de 2007

Con la presentación del proyecto de reforma constitucional a la Asamblea Nacional venezolana sobre "elección continua", reorganización territorial y modelo socialista el presidente Hugo Chávez inicia hoy la última etapa de la caducidad del intento suramericano de confirmar una verdadera comunidad de naciones democrático-representativas y de libre mercado.

Aunque el proyecto debe ser evaluado por el Legislativo venezolano y probablemente sometido a algún tipo de consulta popular, la unanimidad oficialista de esa institución parlamentaria y la labor de zapa antiliberal en que el chavismo se ha empeñado, es muy probable que para diciembre esa norma sea aprobada.

Cuando ello ocurra, la región habrá agregado a su actual nivel de competencia por liderazgos, de desavenencia ideológica y de contienda geopolítica, la fragmentación agudizada por formas antagónicas de organización interna. En efecto, si para diciembre el señor Chávez podrá ser reelecto indefinidamente el sistema de contrapesos y de diversidad política habrá concluido en Venezuela para dar paso formal a una "república autoritaria" avalada por el voto ciudadano a través de una ficción de democracia directa y de Estado de derecho.

Y si, de manera paralela, el Estado amparado en la comunidad ciudadana, en el respaldo de milicias y de la Fuerza Armada ya no tendrá al individuo como referencia básica, Venezuela estará instalando en su país el equivalente corporativista del tránsito revolucionario de la Cuba antidictatorial de 1959 a la Cuba comunista de 1961.

A la luz de la heterogeneidad política suramericana y al carácter mutable del sistema internacional, es improbable que ese tránsito derive en la región en una nueva Guerra Fría. Pero ciertamente nos devolverá a épocas de contienda de poder que deberíamos haber superado.

Frente a ese escenario los países que se definen como democracias representativas deberán adaptarse a un nuevo escenario alternando, de manera irregular y según la orientación política de los gobiernos latinoamericanos, la contención y la competencia con las exigencias de la proximidad geográfica hasta que cambien las circunstancias. En tanto ese cambio, sin embargo, dependerá de la disposición expansionista del régimen de Chávez y de la evolución del sistema internacional, su orientación producirá probablemente mayor divergencia.

De esta forma, es posible que en América Latina los intereses comunes vayan dejando paso a los intereses complementarios y a los intereses en conflicto. Y como éstos se sustentarán en diversas visiones del mundo, el ámbito comunitario involucionará en un mero sistema de principios y valores en contienda regulados según prime el antagonismo ideológico o el pragmatismo. En consecuencia, los alineamientos regionales serán crecientemente heterogéneos y visibles mientras que los mecanismos de balance y de contención serán cada vez más necesarios.

En alguna medida, ello dependerá de la intensidad confirmatoria de esta circunstancia que emane de la Asamblea Constituyente boliviana, del incremento de los lazos de ese gobierno con Venezuela y de las características que adopte el Ecuador luego de que se conforme, allí también, la anunciada instancia constitucional refundadora del Estado.

En el ámbito de esta involución política en el área andina, la integración regional sólo podrá aspirar a los ámbitos económicos, físicos y de cooperación social. Con un agravante: el esquema de integración subregional más poderoso (el MERCOSUR) habrán depuesto la vigencia de la cláusula democrática entre sus miembros con la participación de Venezuela si los congresos respectivos ratifican el tratado de adhesión de ese Estado.

Si ello ocurre, las garantías de seguridad internacional que brinda la vigencia de la democracia representativa a los Estados que la suscriben, tenderá a diluirse.

En consecuencia, sería bueno que Perú y Chile, en tanto Estados que se organizan bajo los principios liberales de esa forma de democracia, tuvieran en cuenta esta realidad en la solución de controversias que, por definición, oponen intereses en conflicto. Si la prudencia prevalece, nuestros gobiernos estarán de acuerdo en que, sin ser "Estados hermanos" comparten principios básicos que, en un contexto de crisis regional, deben contribuir a calificar la solución de diferendos emergentes. En ese marco, la coalición de Estados latinoamericanos democrático-representantivos podrán afrontar en mejor pie el desafío emergente.

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El Editor (ADC)