EDITORIAL

Riesgos del cambio del clima social

Alejandro Deustua
11 de Julio de 2007

Así como es necesario minimizar el daño que el cambio climático impone a América del Sur a través de un maligno friaje, hoy es imprescindible prevenir un radical cambio del clima social en el Perú mediante la coincidencia de diversas protestas sectoriales y regionales.

Sin duda que las condiciones de fuerte desigualdad en la distribución de la riqueza y de lenta reducción de la pobreza constituyen un marco propicio para la protesta justa. Pero para identificarla y responder adecuadamente a ella es preciso distinguir las demandas de los que protestan para mejorar sus condiciones de vida de los que se movilizan para neutralizar el esfuerzo del desarrollo en función de otros intereses (los casos de oposición a la evaluación del magisterio, de requerimiento de proyectos que ya están en cartera, de camuflaje de la incapacidad local de invertir adecuadamente recursos disponibles o de los que bloquean la cooperación del Estado para salir del circuito ilegal de la coca).

Para distinguir la protesta legítima de la que no la es será también necesario aislar aquella de carácter violentista cuya respuesta puede alterar el patrón de conducta del gobierno en el mantenimiento del orden público. Esta última ya ha logrado un cuestionable éxito al obligar a prevenirla a través del despliegue de la Fuerza Armada en resguardo de localidades públicas.

Como es evidente, esta media preventiva tiene ya un alto costo político para un gobierno que pretende gobernar con estabilidad y asegurarse de que esta cualidad se efectivamente percibida por propios y extraños. La magnitud de ese costo se muestra mediante el contraste entre el esfuerzo presidencial desplegado en una extensa gira al interior del país y la decisión de que el principio de autoridad tenga que asegurarse a través de la amenaza del uso de la fuerza en previsión de un escalamiento violento.

Al respecto es necesario tener en cuenta que si ese costo político se explica por la naturaleza del desafío, debe buscarse también la naturaleza de su origen. Y ésta no parece ser sólo local. En efecto, no es una coincidencia que las principales movilizaciones se realicen en las regiones del sur, especialmente aquéllas que están próximas a una fuente de conflicto permanente que se ubica en Bolivia.

Si es verdad que las regiones del sur tienen intereses legítimos que plantear, su expresión a través de movimiento de masas y bloqueo de carreteras sigue el patrón de conducta de los movimientos sociales del país vecino. Ello pone en evidencia lo que algunos hemos anunciado hace tiempo: la naturaleza y la magnitud de la conflictividad interna boliviana en un escenario geopolítico sensible y desprotegido se presta al desborde transnacional. Esto es lo que está ocurriendo.

El ejemplo más claro es el caso de Puno donde la influencia de los movimientos políticos bolivianos vinculados a dinámicas sublevantes con muestras de influencia económica venezolana es ya una evidencia. Si las necesidades sociales de Puno son de las más urgentes, ciertamente será más difícil atenderlas si éstas se confunden con las fuerzas fragmentadoras que provienen del vecino.

Peor aún, si a ese factor influyente se agrega el marco de intranquilidad social que se vive en América Latina (desde las huelgas mineras en el norte de Chile hasta la reaparición de grupos subversivos en México, como el ERP).

Por lo demás, es evidente que esta problemática tiene la capacidad de complicar la nueva inserción externa que pretende el Estado. Por lo pronto, el grado de inversión no se logrará este año según lo anuncian las calificadoras de riesgo más atentas hoy a la estabilidad política que al logro económico. De ello se concluye, que si las movilizaciones no se controlan, el factor riesgo de la inversión nacional y extranjera se incrementará. Ello, a su vez, podría complicar el ánimo de quienes sólo necesitan un pretexto adicional para seguir postergando la aprobación del TLC suscrito con Estados Unidos.

Estos peligros deben ser suficiente incentivo para que el gobierno atienda, mediante el diálogo, las demandas sociales legítimas. Pero también para que quienes las proponen se desliguen de aquellos que desean alterar el clima social para instigar un cambio de orden interno de dudosa solvencia política y perjudicar una indispensable y nueva inserción externa.

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El Editor (ADC)