| EDITORIAL
Un nuevo atentado fujimorista
Alejandro Deustua
28 de Junio de 2007
La aceptación por Alberto Fujimori de una candidatura al Senado japonés pone en evidencia el oportunismo extremo de que es capaz quien representó alguna vez al Estado y a la Nación. La absoluta falta de respeto por el valor de la nacionalidad que nuevamente muestra quien es objeto en Chile de un proceso de extradición sólo es equivalente a su falta de escrúpulos, a la ingenuidad de sus seguidores y a la imprevisión de los que nos referimos a él, alguna vez, como el Presidente del Perú.
Nunca en la historia nacional, incluyendo el comportamiento de Prado durante la Guerra del Pacífico, ocurrió algo semejante. Esta burla, que esperamos que la Corte Suprema de Chile y el Poder Judicial peruano no admitan, sólo comprueba la predisposición de Fujimori a moverse en las proximidades de la traición. Así lo hizo cuando, ejerciendo la Presidencia de la República, fugó a Japón y se sometió a soberanía extranjera para luego, bajo esa cautela, proceder a una renuncia mediática. Hoy es esa misma disposición la que lo conduce a abusar del derecho a la doble nacionalidad.
Ese acto desprovisto de todo respeto por sí mismo y por el medio en que creció, debiera, sin embargo, ser catártico para sus seguidores y para los temerosos de su juzgamiento en el Perú. En efecto, los que advertían prudentemente sobre el incremento de la inestabilidad política cuando Fujimori sea extraditado deben hoy haber sido convencidos de que el costo del requerimiento judicial debe ser sufragado a la luz del comportamiento escandaloso que lo motiva.
Más aún cuando ha quedado en evidencia que si Fujimori acudió alguna vez a la razón de Estado para justificar su gobierno bajo circunstancias extraordinarias, no tiene en realidad el menor respeto por ella ni conciencia sobre su significado. Ello sólo agrava su condición jurídica.
En efecto, con mayor fundamento que ayer, cuando se reclamaba su presencia para responder por delitos de corrupción y de lesa humanidad, el Estado peruano debe exigir el juzgamiento de Fujimori por actos contra la fe pública y aquellos que se refieren a la vulneración de las virtudes de lealtad a las más altas instituciones nacionales.
Este reclamo de justicia ya no puede estar sólo referido a una imputación común sino al derecho del Estado a reclamar contra quien pervirtió su más alto cargo y, lejos de redimirse, ha expresado disposición a seguir haciéndolo realizando campaña política en el extranjero a costa de su "experiencia como ex -Presidente del Perú". El partido que lo desea cobijar en Japón y el gobierno de ese país deben estar al tanto de el Estado peruano no podrá quedarse cruzado de brazos si esa despropósito traidor cuaja. Esperamos que el gobierno actúe en consecuencia.
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