EDITORIAL

Brasil: perdiendo legitimidad

Alejandro Deustua
11 de Junio de 2007

El Presidente de Brasil, Luis Inacio Lula da Silva, es un político ducho en batallas sindicales y anti-represivas. Y ciertamente es un estadista mayor. Como tal puede entenderse que tienda puentes a Estados con intereses divergentes si los intereses de su país lo requiriera. Pero no lo imaginamos como abogado de socios autoritarios que cuestionan las libertades y la obligación democrática que el Brasil está obligado a defender. Lamentablemente esto es lo que ha ocurrido.

En efecto, luego de que el Canciller Amorim considerara que la violentación de la libertad de expresión en Venezuela era una nueve pasajera, el Presidente Lula ha sostenido que la no renovación de la licencia al principal medio de oposición en ese país compete sólo al fuero interno venezolano. A mayor abundamiento, prosiguió, el acto consiguiente es democrático en tanto que se realizó según la ley venezolana que permite al Estado otorgar y no otorgar licencias.

Esta argumentación de carácter administrativo en defensa de un acto de flagrante represión de la libertad de expresión por el régimen chavista hubiera sido propia de un litigante. Pero es la opinión personal del presidente de un Estado que constituye la mayor potencia regional y que pretende, desde hace tiempo, el liderazgo externo suramericano. Tan lamentable pronunciamiento tiene, por tanto, la más grave dimensión política.

Uno de sus extremos es el ámbito interno brasileño. El hecho de que el presidente Lula excusara la arbitraria sanción chavista luego de que el presidente de Venezuela atacara al Senado brasileño por pronunciarse en contra de la medida no dice mucho de la convergencia institucional del Brasil en defensa del orden democrático.

Así, mientras planteaba su alegato administrativo a favor de Chávez también le llamaba correctamente la atención pero por haber calificado a los senadores brasileños como "loros que repiten lo que Washington indica". El insulto (tan recurrente en Chávez) al poder Legislativo brasileño (del que necesita Lula), era menos tolerable por el estadista brasileño que la agresión al sistema de valores regionales que el Brasil ha suscrito.

Obviando el hecho flagrante de que la no renovación de la licencia a RCTV (por cuyos contenidos no alegamos absolutamente nada) no fue seguida de la convocatoria a una licitación pública o de su reemplazo por otro medio privado sino por la instalación de un canal estatal de línea predecible, Lula consideró que ello, siendo formalmente legal, no violentaba la "claúsula democrática" del MERCOSUR, ni la que debiera sostener la convergencia suramericana, ni la Carta Democrática interamericana.

Al respecto debe recordarse que el Protocolo de Ushuaia de 1998 que suscribieron los miembros del MERCOSUR establece como condición de pertenencia al grupo subregional la plena vigencia de las instituciones democráticas. Ese régimen establece sanciones progresivas para quienes violenten ese orden. Esa disposición, denominada "cláusula democrática", se adhirió al tratado fundador del MERCOSUR (el Tratado de Asunción de 1991).

Lula parece haber olvidado este compromiso dejando que sea el Congreso quien decida si aprueba o no el tratado mediante el cual Venezuela se constituye en miembro pleno de ese grupo subregional. Al hacerlo probablemente ha considerado que el protocolo de Ushuaia no califica el término democracia.

Para resolver sus dudas quizás pudo recurrir a la definición que brinda la Carta Democrática, que Brasil también suscribió, recordando que se trata de la "representativa" (no de la "directa") y que ésta incluye la vigencia de los derechos fundamentales. Pero Lula prefirió obviar ese predicamento optando por pronunciarse sobre la necesidad del cambio presidencial en Estados Unidos para que la relación de Venezuela con la primera potencia pueda cambiar.

En realidad, el presidente brasileño no tenía que esforzarse tanto. Le bastaba echar una mirada a lo pactado entre los Jefes de Estado suramericanos reunidos en su primera cumbre, en el 2000, a iniciativa brasileña. Allí los presidentes suramericanos reiteraron para todos la vigencia de la "cláusula democrática" y agregaron que ésta era inseparable del Estado de Derecho. Pero Lula prefirió también olvidarlo.

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El Editor (ADC)