EDITORIAL

Perú-Ecuador: pragmatismo antes que ideología

Alejandro Deustua
4 de Junio de 2007

Al amparo de gobiernos relativamente nuevos, Perú y Ecuador han inaugurado en la reciente cumbre de Tumbes una relación interinstitucional de alto nivel y una agenda basada en intereses nacionales específicos. El refuerzo pragmático de la relación bilateral en un marco de inestabilidad regional generada por Venezuela constituye, a la vez, un anclaje previsor la deriva ideológica del gobierno del señor Correa.

Tal resultado debiera tener una positiva connotación estratégica para dos países que a mediados de la década estuvieron bélicamente confrontados. De allí que la reiteración del compromiso de paz y la renovación de los acuerdos de integración en la reunión de Tumbes tengan un valor especial. A ello, sin embargo, todavía no se agrega, de manera incuestionable, una posición conjunta para negociar una mejor inserción occidental que Ecuador contribuiría a enriquecer si éste país decidera su incorporación plena a la negociación comercial con la Unión Europea.

En el ámbito de la seguridad, la ratificación del compromiso de cumplimiento de las obligaciones de los tratados de 1998 constituye una salvaguarda adicional no porque estos acuerdos estuvieran cuestionados sino porque, leídos éstos a la luz de las declaraciones presidenciales sobre la ausencia de reclamos territoriales y, especialmente, marítimos, elimina desentendimientos derivados de una mala interpretación sobre la Declaración de Santiago de 1952.

En efecto el Perú sostiene que esa Declaración, que señala que el paralelo geográfico tiene una dimensión limítrofe sólo donde existan accidentes territoriales (el caso de las islas ecuatorianas), es un tratado cuyo criterio genérico es aplicable al Ecuador pero no a Chile (donde no existen estos accidentes geográficos). Siendo así, lo que queda es lograr armoniosamente un acuerdo específico de límite marítimo que incorpore una demarcación adecuada del límite reconocido por ambas partes.

De esta manera se atenúa la tendencia ecuatoriana a asociarse, in genere, a la posición chilena sobre límites marítimos. En tanto las partes declaran que no tienen reclamos mutuos, la reiterada declaración ecuatoriana-chilena sobre la aplicación de los criterios limítrofes de la Declaración de Santiago para la delimitación marítima peruano-chilena pierde aún más razón de ser. Adicionalmente, los presidentes de Perú y Ecuador colocan en contexto apropiado la cuestionable participación ecuatoriana en la afirmación chilena de que el acuerdo sectorial pesquero de zona especial de 1954 (del que Ecuador no es partícipe) señala el límite marítimo peruano-chileno. Aunque ello no cancela el entendimiento ecuatoriano-chileno (al que es necesario hacer el seguimiento correspondiente en el ámbito del desarrollo de las medidas de confianza peruano-chilenas), las declaraciones presidenciales en la cumbre de Tumbes le restan piso.

Si éste este es un resultado de paz peruano-ecuatoriano en el ámbito geopolítico, en el ámbito de la integración fronteriza el resultado es mayor. En efecto, la ampliación por cinco años del Plan Binacional de Desarrollo Fronterizo es un logro significativo que consolida los acuerdos de 1998 de los que el Plan Binacional forma parte. Al margen queda la connotación cancelatoria de las declaraciones iniciales del Presidente Correa sobre el mal funcionamiento de la integración fronteriza por ausencia de cooperación externa.

En lugar de ello las partes han ampliado las posibilidades de ejecución de los acuerdos de integración física (especialmente los acuerdos viales, como la interconexión Piura-Guayaquil que ya tiene financiamiento europeo y el proyecto Puyango-Tumbes entre otros). Ello debe ser complementado por el desarrollo de proyectos de salud, educación y servicios básicos para la población comprendida dentro de la zona de integración fronteriza.

De esta manera, en el marco de la buena relación entre los habitantes de la frontera, la relación entre los gobiernos y Estados mejorará y permitirá la mejor aplicación de todas las obligaciones de los acuerdos de 1998. Entre ellas se encuentran la implementación de los centros de comercio y navegación que corresponden a Ecuador en territorio peruano. Ello exigirá el mejor esfuerzo de ambas partes para que esa obligación se cumpla con la mayor fluidez y menor fricción posible.

A ello debe contribuir el desarrollo de las actividades de desminado de la frontera que, en apariencia, han avanzado sustancialmente en la costa pero que aún debe ser emprendida en la sierra (la cordillera del Cóndor). Aunque esa tarea no se ha especificado en la cumbre de Tumbes, sí constituye un empeño conjunto que busca amparo interamericano en el marco del tratado de Ottawa.

Este emprendimiento de seguridad mutua se fortalecerá en un ámbito de generación de confianza y de mayor transparencia en el área como es el que deben procurar el mecanismo de reuniones conjuntas de cancilleres y ministros de Defensa (2+2) institucionalizado en la cumbre de Tumbes. Si este mecanismo tenía justificación suficiente entre dos Estados que han combatido entre sí hace apenas una década, su importancia se incrementa ahora que la distribución de poder está cambiando en la región. Para optimizar su eficiencia, el 2+2 debe ser establecido con cada uno de nuestros vecinos de manera que los beneficios con cada parte se retroalimenten entre sí.

De otro lado, los acuerdos energéticos y mineros que fomentan la complementariedad económica bilateral concretados en Tumbes, consolidan el piso de una integración económica creciente pero aún escasa.

Si aquellos acuerdos tienen la virtud de lo concreto (compras de petróleo, refinación en el Perú y coordinación para emprendimientos en zonas mineras comunes), la plena participación del Ecuador en el proceso de negociación de un acuerdo de asociación con la Unión Europea que incluya un tratado de libre comercio garantizaría un anclaje común en la mayor organización de Estados occidentales. Los beneficios de estabilidad política y económica que ello generaría para ambas partes, y para una subregión andina fraccionada e inestable, serían inmensos. El Perú debe hacer todos los esfuerzos para que Ecuador complete con Colombia su inserción occidental lamentablemente al margen de Bolivia (que ha decidido no participar). Si Ecuador no confirma su actual disposición, Perú y Colombia deberán proponer una negociación separada con la UE. El costo de inestabilidad por ausencia ecuatoriana, sin embargo, se dejaría sentir en ese caso.

Este efecto negativo podría incrementarse si el gobierno del señor Correa persiste, como hasta hoy, en aproximarse a la esfera de influencia que patrocina el gobierno de Venezuela. Si ello ocurriera, la ventaja de los acuerdos logrados con Ecuador en Tumbes, que consiste en atraer al vecino al desarrollo concreto de intereses con quien comparte frontera, podría perder capacidad de consolidación y eventualmente condicionaría el ámbito de ejecución de esos intereses a la dimensión ideológica del gobierno ecuatoriano. Esperamos que ello no suceda. Ello implicaría para Perú y Ecuador la pérdida de una oportunidad de convergencia con impacto social manifiesto y erosionaría un escenario de integración concreta.

DERECHOS RESERVADOS

El Editor (ADC)