EDITORIAL

El Ministro de Agricultura y la seguridad nacional

Alejandro Deustua
18 de Mayo de 2007

Los tratados internacionales, como se sabe, son acuerdos entre Estados. Estos, como es evidente, no pueden ser modificados, o intentar serlo, a través de acuerdos internos por representantes del gobierno sin consulta previa con quien representa al Estado y a la Nación. Y mucho menos cuando el tratado en cuestión contribuye a establecer nuestra posición en el mundo sobre materias que, como el narcotráfico, afectan la seguridad nacional. Este hecho elemental, sin embargo, es ignorado por el ministro de Agricultura.

En efecto, no contento con haber arriesgado la política estatal contra el narcotráfico comprometiendo, en Tocache, el instrumento fundamental de la erradicación de la coca ilegal, el señor Ministro acaba de contratar con otro reducto cocalero, en La Convención, el cuestionamiento parcial o total del Perú del tratado en cuestión.

Es más, con ingenuidad extraordinaria el señor Ministro desea entender que el haber comprometido al gobierno a estudiar el retiro de la hoja de coca de la Lista I de la Convención Única sobre Estupefacientes es menos grave que haber aceptado la exigencia cocalera del retiro del Perú de esa Convención suscrita en 1961 en el marco multilateral más importante del mundo: la ONU.

Tan excepcional ignorancia es sólo equivalente a la impunidad política de un ministro que permanece en el gabinete luego de haber procurado, "inadvertidamente", socavar la seguridad nacional frente al narcotráfico, exponer al Estado a la presión externa y colocar al Perú en la posición de un agente que patrocina la inestabilidad global en la materia.

¿Permitirá el Presidente que esa posición, que es la que lidera explícitamente el gobierno boliviano, se consolide progresivamente a través de compromisos sectoriales que luego son paternalmente rectificados por el Primer Ministro? O asumirá su responsabilidad demandando la renuncia del señor Ministro para dejar en claro que el Perú está dispuesto a luchar contra el narcotráfico en serio después de 30 años de permisividad y erosión sistemática del orden interno.

Esperamos que opte por lo segundo y que el Perú ratifique sus obligaciones con la comunidad internacional en torno a un tratado que, como la Convención Única, es el sustento original del consenso multilateral de la lucha global contra el narcotráfico.

Al respecto debe tenerse en cuenta que ese tratado no "penaliza" la coca sino que somete su cultivo a estricto control cautelando un bien común -la salud pública- teniendo en cuenta el fuerte contenido de alcaloides de la hoja. De allí que el tratado demande la erradicación de la coca ilegal y que lo haga realistamente. En efecto, aunque el tratado estableció un plazo, ya vencido, para la erradicación total, reclama también que esa obligación se cumpla "en la medida de lo posible".

Este sentido de prudencia comunitaria, que toma en cuenta la complejidad del escenario nacional, se ha incrementado posteriormente estableciendo el respeto por los usos y costumbres locales, Así ha ocurrido con la Convención de la ONU contra el Tráfico Ilícito de Drogas y Sustancias Psicotrópicas de 1988. Ésta sí penaliza. Pero penaliza el tráfico de drogas, no el cultivo de coca sin disminuir la intensidad del régimen de control del tratado de 1961.

Como en el primer caso, el Perú participó activamente en el establecimiento de ese régimen liderando el compromiso de respeto internacional a la minoritaria tradición local. Como es evidente entonces, la producción de coca admitida internacionalmente es, a estos efectos, legal. Si lo que exceda a esa dimensión de cultivo es, por decisión nacional, ilegal, lo que los cocaleros desean es eliminar esa barrera contra el narcotráfico con las consecuencias de inseguridad colectiva del caso.

Como ello no es sustentable políticamente, la opción cocalera consiste entonces en extraer la hoja de coca de la lista I que fiscaliza estrictamente el cultivo en su conjunto para transferirla a otra de menor control. En esta política se ha embarcado el gobierno boliviano mientras que las organizaciones cocaleras que lo sustentan promocionan esa política en los países vecinos involucrando a representante parlamentarios (especialmente en el Parlamento Andino y el Latinoamericano) y a agentes diplomáticos bolivianos, venezolanos y, en los foros correspondientes, cubanos. Esa posición ha sido circunstancialmente asistida, esperamos que por inadvertencia, por la tecnocracia del organismo de integración andino.

Tal acción, sin embargo, no tiene el apoyo internacional indispensable. Así se lo ha expresado el director de la Oficina contra las Drogas y el Delito de la ONU al gobierno boliviano el año pasado. Por lo demás, la política boliviana que el ministro de Agricultura desearía seguir, no sólo es de complejísima realización (involucra, entre otros, inviables pronunciamientos del ECOSOC, de la OMS, del Comité de Estupefacientes de la ONU) sino que Bolivia debe probar a través de, un estudio serio, que de la coca no se extrae cocaína con relativa facilidad.

¿Desea el gobierno embarcarse en tan debilitante emprendimiento cuando debe combatir al narcotráfico más eficientemente y busca mejorar su inserción externa a través de acuerdos de libre comercio y otros instrumentos con interlocutores que se opondrán a la iniciativa en cuestión?

a coca legal ya tiene suficiente protección para el consumo y la producción legales. Para que el ministro de Agricultura lo entienda y no siga arriesgando la seguridad y la inserción externa del Estado, es mejor que renuncie.

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El Editor (ADC)