EDITORIAL

El interés nacional: entre la pasividad y la radicalización

Alejandro Deustua
23 de Febrero de 2007

La defensa del territorio es, por definición, un interés nacional primario. Toda política exterior, incluyendo la peruana, reconoce esta obligación estatal. Especialmente cuando la redefinición del concepto de soberanía por las realidades crecientes de la interdependencia, del avance de la fenomenología transnacional y de la aversión al vacío de poder generado por la ausencia de autoridad central siguen haciendo de la adecuada defensa y ocupación del territorio propio uno de los últimos baluartes de la razón de ser del Estado.

Esta obligación estatal debiera tener hoy una intensidad relativa mayor en tanto que, paradójicamente, la integración fronteriza en escenarios regionales como el suramericano es superior a la existente en otras regiones organizadas por países en desarrollo más beligerantes. Esto es así porque que entre países como los nuestros, el respeto territorial es una condición de la redefinición de frontera como un escenario de cooperación. Bajo condiciones de integración tales condiciones son una garantía de confianza sobre la que se pueden generar, de manera estable, beneficios comunes.

Por tanto, cuando esas condiciones no se cumplen y las fronteras son violentadas, el Estado debe procurar el retorno a la condición de estabilidad de la manera más urgente. Al hacerlo, sin embargo, no puede alegar privilegio de intereses convergentes de naturaleza secundaria para dejar de actuar en la defensa de intereses de naturaleza primaria. Y menos cuando es el vecino el que arriesga la realización de la masa crítica intereses secundarios a través de acciones y aspiraciones expansionistas arropadas en cuestionable argumentación jurídica.

Cuando la violentación territorial ocurre, el Estado está en la obligación de hacer ver al vecino los riesgos de su acción unilateral. Al hacerlo, debe tener presente que la defensa del territorio vulnerado es consustancial a la expresión de preocupación por la relación bilateral y a la puesta en riesgo de los beneficios que ésta genera. Especialmente si el costo de la generación de intereses convergentes con un vecino, que no es un socio natural, tiene una alta correlación con una historia de conflicto y competencia entre las partes.

Por lo demás, si el Estado reacciona con la firmeza, mesura y responsabilidad que corresponde bajo estas circunstancias, probablemente no requerirá demasiado esfuerzo para sustentar su política y acciones en una responsable y sana cohesión nacional. En cambio, si el Estado se muestra vacilante o excesivamente proclive a proteger intereses secundarios a costa de uno primario al punto de subestimarlo, no sólo perderá sitio (es decir, status y credibilidad) frente al vecino sino que promoverá la fragmentación nacional. Ésta se reflejará, probablemente, en una merma de la interdependencia con el vecino en cuestión o de las condiciones en la que ésta debe desarrollarse.

Por tanto, lo apropiado en la actual situación con Chile no es la evasión del problema sino la incorporación del mismo en la agenda bilateral de manera clara y directa. Los medios tácticos de esa incorporación, sin embargo, pueden varias según la circunstancias.

Así, si el problema que debe ser resuelto involucra sólo una controversia marítima reconocida, mecanismos como el de "cuerda separada" pueden ser efectivos en tanto que estén efectivamente orientados a su solución. El posterior desarrollo de intereses convergentes se beneficiará de ello.

Pero cuando el problema agrega a la controversia marítima el conflicto territorial derivado de una aspiración expansionista, el mecanismo de la "cuerda separada" no será funcional en tanto el peso político del problema no sólo es mayor sino de naturaleza más grave.

Si, a pesar de ello, el Estado persiste en una política de pasividad, se incrementará el riesgo de que el problema desborde tarde o temprano hacia la "agenda positiva" de interdependencia mientras que su potencial erosivo será creciente. Al respecto, la acción basada en la esperanza de que el transcurso del tiempo contribuirá a minimizar el riesgo es fundamentalmente errada no sólo porque ignora la dinámica de fricción que el problema puede desatar (que no es "la del peñón de Gibraltar" como sugieren algunos) sino por la acción específica de terceros al margen del deseo de las respectivas fuerza armadas en un contexto internacional crecientemente inestable.

En efecto, la ausencia de acción consistente del Estado en esta materia brinda una gran oportunidad a agentes externos deseosos de obtener provecho de la brecha de inestabilidad. Este factor puede ser influido también por la recurrente sensación de aislamiento chileno.

Pero la pasividad estatal ofrece también un amplio campo de maniobra a representantes ciudadanos que reclamarán posiciones cada vez más enérgicas en la materia. Esa propensión aumentará si esos representantes son radicalmente "nacionalistas" y si, como ha ocurrido, pertenecen a un sector que no sólo estuvo al borde de ganar las elecciones recientes sino que pueden volver sobre sus pasos en la próxima contienda. Pero esta vez tendrán otra carta ganadora: la de presentarse como los verdaderos defensores de la heredad nacional frente a un gobierno débil y un vecino prepotente.

La dinámica de esos hechos lleva a la interacción creciente entre fragmentación nacional e inestabilidad internacional creciente. Ella puede agravar el problema y, en el mejor de los casos, impedirá una cooperación más dúctil con el vecino.

A la luz de estas circunstancias, es necesario que el gobierno encare la solución al desafío territorial chileno con mayor decisión y se oriente a resolver la controversia marítima con mayor dedicación (al respecto podría empezar por adherirse a la Convención del Mar).

Si lo hace, los necesarios lazos de interdependencia con Chile se sanearán fortaleciendo el sustento de su dinámica. Si no lo hace, las posibilidades de reversión en la relación bilateral se incrementarán conforme crece la conciencia nacional (la responsable y la que no lo es) sobre el desafío territorial y su arraigo histórico.

n conclusión, el gobierno no sólo está en la obligación imperativa de afrontar el problema con vistas a su solución sino de evitar su radicalización. Al hacerlo debe asegurar a los peruanos términos saneados de relación con un vecino complejo que debe contribuir a construir una plataforma de estabilidad sensata en el Pacífico sur suramericano abandonando viejas tendencias expansionistas.

DERECHOS RESERVADOS

El Editor (ADC)