EDITORIAL

Bolivia: anarquía autopropulsada

Alejandro Deustua
17 de Enero de 2007

Al tiempo que en la región emergen bloques políticos autoritarios como el liderado por Venezuela, Bolivia no cesa de emitir señales de anarquía. Paradójicamente, ésta tiene en ese país líder, partido y masa.

En efecto desde que las fuerzas que jefatura Evo Morales impusieron la renuncia del presidente Gonzalo Sánchez de Lozada y contribuyeran a que el presidente Carlos Mesa presentara la suya, los partidarios del MAS, el partido oficialista, persisten en hacer del movimiento callejero un instrumento de presión constante ahora mimetizado en defensor de la autoridad central.

La última muestra de esta forma de hacer política en un país en el que el temor a la confrontación civil ya se expresa a voces, ha sido la toma de las calles de Cochabamba (origen político del Presidente Morales) por huestes oficialistas que los diarios describen como “cocaleros, campesinos y regantes”. Éstos desean forzar otra renuncia más: la del Prefecto Manfred Reyes, legítimamente electo. El pretexto: la intención del señor Reyes de convocar a un referéndum a favor de la autonomía regional siguiendo los pasos de Santa Cruz, Beni, Tarija y Pando.

Pero la violencia desatada en Cochabamba, que supuso el incendio de la Prefectura, la confrontación entre jóvenes citadinos y campesinos (con saldo de dos muertos), la presencia (durante dos semanas) de turbas en las calles, el refugio del Prefecto en Santa Cruz, la convocatoria ilegal a un “cabildo” y el írrito nombramiento de un Prefecto sustitutorio no ha sido un acto aislado. En Santa Cruz miles de manifestantes se han expresado en respaldo de las autonomías y del señor Reyes y en El Alto de La Paz turbas oficialistas han planteado también la renuncia de la autoridad electa de la zona.

El resultado está a la vista: el desgobierno, la violencia y la protesta de masas impera en las tres principales ciudades de Bolivia (La Paz, Santa Cruz y Cochabamba) mientras las tácticas de las manifestantes recurren al bloqueo de carreteras vitales para los transportes y la economía bolivianos (práctica que también ganó impulso en el 2003).

Sin embargo esta peligrosa pérdida de cohesión nacional de un país que, ya polarizado, quisiera evolucionar a la confrontación civil no parece estimular suficientemente la disposición reconciliadora del presidente Morales. Según no pocos bolivianos, éste insiste en gobernar a través de la descalificación del adversario, de la imposición de reformas que, al margen de la justicia de algunas, la oposición define como totalitariamente orientadas, de la laxitud en el control de sus violentos partidarios, de la mistificación indigenista y cocalera y de en un cuestionable apoyo “bolivariano”.

Estos instrumentos de confrontación se pueden resumir en tres grandes fuerzas centrífugas que ponen en riesgo la viabilidad del vecino y el entorno geopolítico del corazón suramericano.

La primera de esas fuerzas es la que imprime la sistemática movilización de masas como medio de sustitución del monopolio legítimo de la fuerza que de debiera ostentar el Estado. Basada en la exaltación de la “soberanía de los pueblos” (como si hubiera una forma distinta de soberanía), el recurso a la movilización callejera ha legitimado el derrocamiento de un gobierno (el de Sánchez de Lozada), la renuncia de otro (el de Mesa) y la germinación del actual. En el proceso, ésta ha sustituido la capacidad del Estado de establecer el orden interno.

La segunda de estas fuerzas es la que deriva del abuso del referéndum como medio de legitimación de cambios de hecho del sistema jurídico. Si bien esta forma de consulta popular forma parte del Estado de Derecho de toda entidad política liberal, ésta sólo se ha probado eficiente en tanto que la autoridad estatal la emplee de manera restringida (el caso de De Gaulle fue excepcional). Ello es necesario para evitar que la consulta democrática devenga en una forma de gobierno populista que declina la autoridad estatal para luego incrementarla y para impedir que el recurso a la democracia directa (o participativa) elimine toda forma de balance de poderes y de intermediación entre gobernantes y gobernados.

Lamentablemente éste no es el uso que los bolivianos han dado al referéndum. En ese vecino el recurso a este instrumento no se gestó para que el gobierno auscultara la opinión de los gobernados sino para canalizar los reclamos de éstos (cuando eran liderados por el señor Morales) en relación a la crisis de Estado, a la legislación de hidrocarburos y a la Asamblea Constituyente. Por lo demás, los departamentos hicieron uso inapropiado del referéndum para establecer autonomías regionales al margen de la voluntad nacional.

Aunque los resultados de estas consultas se legalizaron, su aplicación ha violentado sus propias normas (el caso de la Asamblea Constituyente en la que el oficialismo decidió que las decisiones se tomarían por mayoría absoluta en lugar de los dos tercios de reglamento) y su abuso ha persistido (la convocatoria del referéndum autonómico realizada por el Prefecto Reyes ciertamente escapa a sus atribuciones).

De esta manera, el resultado del recurso desmesurado a mecanismos de “democracia directa” ha dado al traste con el Estado de Derecho y está contribuyendo a la generación de mayor anarquía en Bolivia.

La tercera fuerza centrífuga que instrumenta el gobierno boliviano es su respaldo en el “círculo bolivariano”. En el caso de Bolivia –que esperamos no sea mañana el de Ecuador- éste no es otra cosa que su asimilación al núcleo del expansionista venezolano. Ésta opera a través de tres vías perversas.

Primero, el financiamiento venezolano de la industria cocalera boliviana retroalimentando la decisión del presidente Morales de ampliar ilegalmente el área de cocales “legales” y de sustraerse al régimen de fiscalización multilateral correspondiente (el de la ONU).

Segundo, la fuerte influencia venezolana en las instituciones bolivianas (las Fuerzas Armadas y organismos de control ciudadano), en medios de comunicación (especialmente radiales), en servicios públicos y asesoría y financiamiento decisivos en sectores estratégicos (como el energético).

Tercero, la incorporación boliviana, quizás más allá de sus intereses nacionales, a la instrumentación de la política exterior venezolana de cuestionamiento sistémico global, hemisférico y regional.

En el ámbito global, por ejemplo, la interacción del presidente Morales con el presidente de Irán (un Estado sometido por el Consejo de Seguridad de la ONU al régimen coercitivo del capítulo VII de la Carta) sólo es explicable por la insistencia venezolana de imponer la presencia del Ahmadinejad en la subregión andina. En el ámbito hemisférico, la influencia ideológica de una potencia decadente como Cuba en Bolivia contribuye a generar fricción en la región y a incrementar la indisposición cubana a una transición más rápida. Y en el ámbito regional, la influencia venezolana en Bolivia no sólo altera el equilibrio en el centro geopolítico de Suramérica sino que disputa el rol brasileño en la zona y disminuye el del Perú.

Este riesgoso y fragmentador juego de poder en que se ha embarcado el gobierno boliviano tiene un ingrediente adicional al decisivo apoyo venezolano. Su base ciertamente es el recurso hidrocarburífero que cambió la disposición de integración boliviana por el activismo geopolítico (lo que generó conflictos con todos sus vecinos, empezando por Perú y Chile). Pero su base de poder negativo (la capacidad de generar daño) proviene del vínculo entre cocaleros y narcotraficantes (que tiene influencia real en áreas como el sur del Perú) y de la manipulación del trato que se dispensa a un país pobre y pequeño al tiempo que éste reclama desafiantemente por sus derechos.

Más allá de la imprudencia del gobierno boliviano (que puede revertir sobre él), el resultado de esta vertiente es el desorden, la incertidumbre y la inestabilidad que éste induce en la región en sentido opuesto a los requerimientos colectivos de integración.

Los países no sometidos a la influencia venezolana no sólo no desean seguir incrementando el fraccionamiento regional sino que aspiran a que en Bolivia la anarquía deje de ser estimulada por sus gobernantes. La razón es sencilla: nadie en Suramérica desea un vacío de poder en la zona generador de conflictos ni Estados fallidos que oscurezcan el clima de desarrollo económico y social que los latinoamericanos deseamos aprovechar.

Para realizar esa aspiración los vecinos de Bolivia deben, por lo menos, incrementar su relación con ese Estado minimizando la influencia venezolana, evitar hacer concesiones desprovistas de voluntad de cambio interno que fortalezcan el modus operandi del señor Morales (p.e., a través de la discusión de la solución del problema de la mediterraneidad) y llamar la atención de la OEA y de otros organismos sobre los peligros que acechan a nuestro vecino.

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El Editor (ADC)