EDITORIAL

Cambio de orden en Venezuela

Alejandro Deustua
10 de Enero de 2007

Hugo Chávez ha tardado más que Fidel Castro en declarar a su país socialista. Castro lo hizo en 1961, año y medio después de la toma da La Habana. Chávez, anuncia su intención ocho años después de su primer triunfo electoral. ¿Demuestra ello que la filiación cubano-venezolana está alumbrando un régimen totalitario en la región“?

La respuesta depende del resultado de la solicitud chavista al Congreso de su país (totalmente dominado por el oficialismo) de una “ley habilitante” con el propósito de promulgar el marco normativo necesario para el establecimiento del “socialismo del siglo XXI” en Venezuela.

Sin embargo, el panorama al respecto parece ya bastante claro. Esa ley formalizará una autoridad central férrea que subordina a los otros poderes públicos, un Estado fuertemente intervencionista en la economía, la eliminación de la autonomía del Banco Central, la violentación de la propiedad privada a través de nacionalizaciones especialmente de “todo lo que haya sido privatizado”, la limitación de la libertad de prensa negando licencias de transmisión en lugar del recurso a los tribunales, la ideologización de la educación, la confrontación con la Iglesia aludiendo a textos de Lenin y Marx, la admisión excluyente de los “leales” a las empresas públicas y a las fuerzas armadas y la insistencia en el control ciudadano a través de grupos vecinales.

Al respecto el gobierno venezolano podrá argüir que estos excesos son de competencia interna cuyo amparo es el principio de autodeterminación y la defensa de la soberanía. El argumento no es exacto en tanto Venezuela se ha comprometido con la defensa colectiva de la democracia representativa como régimen vigente en América, con la “cláusula democrática” en el ámbito del MERCOSUR y con los principios del libre mercado en los acuerdos de integración que ha suscrito con los socios regionales.

Por lo demás, se entenderá que si la determinación chavista arriesga aún más la precaria cohesión regional, inhibe su convergencia, complica la integración, genera hostilidad en marco hemisférico (los agravios, tan comunes en Chávez, contra el Secretario General de la OEA) y atrae sobre la región la influencia de regímenes como el iraní que amparan el terrorismo y procuran la desaparición de Israel, se entenderá que la preocupación de algunos vecinos por el rumbo que adopta Venezuela es realista, legítima y, para los que quisieran verlo, anticipada.

Especialmente si esa orientación es inseparable de la disposición intervencionista de Venezuela en la región (el caso boliviano no deja lugar a dudas al respecto), de la división de América Latina a lo largo de la línea de fragmentación que induce el chavismo (que potencias medias como Brasil y Argentina prefieren obviar), de la confrontación abierta con Estados Unidos (a pesar de que los norteamericanos desean bajar el tono, la opción por la nacionalización de empresas reclamará respuesta de la primera potencia) y de la fuerte erosión de la estabilidad política y del clima de inversiones en el área (su ámbito suramericano y su potencial impacto en las economías emergentes está en aún proceso).

Este conjunto de indicadores de cambio de orden en Venezuela obligan a concluir que los intereses coincidentes del Perú con ese régimen han disminuido considerablemente. En consecuencia, el gobierno está en la obligación de replantear la relación bilateral sobre esa base, incrementar su atención en la prevención de conflictos y en el manejo de crisis, desactivar disposiciones intervencionistas en territorio nacional (que, con el estímulo de ciertos gobiernos regionales, como el de Puno, y el de organizaciones cocaleras quisieran incrementarse) y atender mejor la posible colisión de intereses en el ámbito multilateral en un rango que va desde la Comunidad Suramericana de Naciones y la OEA hasta la ONU.

El Perú no desea una confrontación con Venezuela. Pero su disposición a generar cohesión regional no puede pagar el precio antisistémico que reclama la disposición venezolana a generar un polo de poder antioccidental en América cuyo sustento material es el precio del petróleo.

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