EDITORIAL

La muerte de Pinochet y la reforma liberal

Alejandro Deustua
11 de Diciembre de 2006

A diferencia de hace 33 años, Chile es hoy un país es institucionalmente sólido, económicamente avanzado dentro de los países en desarrollo y quizás el de mejor inserción externa en la región. Pero, a juzgar por los sentimientos que la muerte de Pinochet ha removido, ese vecino sigue siendo, en apariencia, un país irredento por el costo que la dictadura impuso a su progreso.

En efecto, si el gobierno militar que irrumpió en medio del caos de 1973 recuperó un Estado al borde la anarquía, la brutalidad con que impuso el monopolio del ejercicio de la fuerza postergó sangrientamente la implantación del Estado de Derecho. De la misma manera, la eficacia con que se recuperó una economía en ruinas fue insensible a la crudeza con que se reinstalaron en Chile las reglas del mercado.

Pero si para Pinochet, el costo neto en vidas y libertades fue ampliamente satisfactorio en relación al orden interno recuperado (hecho avalado por buena parte de la población escrutada en referéndum), fue la sociedad organizada la que produjo la democracia. Y luego de que ello ocurriera a fines de los 80, fue el gobierno de la Concertación la que recuperó de la tecnocracia monetarista un manejo económico sensato que produjo crecimiento ordenado con mayor equidad.

Sin embargo, lo que no pudo hacer el gobierno civil instalado sobre las bases del orden impuesto por los militares fue, a pesar de sus esfuerzos, procesar adecuadamente la razón de Estado que llevó al poder a los uniformados. Ello puede verse en la incapacidad de la Concertación de transformar la cohesión mostrada en cuatro elecciones presidenciales post -Pinochet en unidad nacional. De allí que la muerte del dictador haya abierto las viejas heridas encarnadas desde la muerte de Allende.

Aunque cerrarlas deberá ser una tarea compartida por todos los chilenos, quizás corresponda esta vez al partido de gobierno liderar esa causa que, de persistir, seguirá haciendo de Chile un Estado satisfecho hacia fuera pero irredentista hacia adentro. Esa tarea será aún más ardua si ésta reclama ya no sólo mirar al futuro, como hasta hoy, sino el reconocimiento oficial de que el gobierno de Allende fue realmente causa y no antítesis del gobierno de Pinochet.

En efecto, si los errores de ese gobierno inepto (intentar una revolución socialista sobre una base electoral minoritaria, tolerar el desborde consecuente, llevar la economía a la hiperinflación o patrocinar la injerencia castrista cuando Cuba buscaba soporte geopolítico en el continente) no son reconocidos, éstos seguirán alimentando la causa pinochetista. Y lo harán en proporción directa al desprestigio del partido Socialista y a la erosión del entendimiento democrático entre gobierno y oposición.

Ese reconocimiento es aún más necesario si se recuerda que la reforma liberal que hoy enriquece a los chilenos fue sembrada por una dictadura no sólo mucho antes de que la crisis de pagos mexicana de 1982 obligara a los demás latinoamericanos a instalarla sino en contraste con buena parte de los suramericanos que lo hizo bajo democracia. Sería muy lamentable que el cuestionamiento de ese origen por los propios chilenos contribuyera a ilegitimar en el resto de una región crecientemente revisionista una reforma liberal que, no obstante sus costos, rinde frutos de progreso económico y político.

En efecto, sería extraordinariamente paradójico que la contienda interna en un Estado republicano, liberal y de vocación occidental contribuyera a la erosión de esas calidades en un vecindario con creciente tendencia a cuestionarlas.

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El Editor (ADC)