EDITORIAL

Unión Europea-CAN: un acuerdo occidental para el progreso

Alejandro Deustua
6 de Diciembre de 2006

A pesar de la incertidumbre que genera el proceso de aprobación del TLC con Estados Unidos, la formalización de una nueva inserción internacional del Perú continúa a un ritmo indeclinable.

Esta vez, ha sido el órgano ejecutivo de la Unión Europea –la Comisión- la encargada de fijar plazo a ese horizonte al proponer las directrices con las que la UE negociará sendos acuerdos de asociación política con la Comunidad Andina y Centro América (incluyendo acuerdos de libre comercio).

Aunque las directrices deben ser aprobadas aún por la mayor autoridad de la UE –el Consejo Europeo-, lo esperable es que las negociaciones intergrupales se inicien a principios del próximo año y que éstas puedan culminarse, al menos en una primera fase, en el 2008 cuando se realice en Lima una reunión más de Jefes de Estado de América Latina y el Caribe y de la Unión Europea.

Si las negociaciones marchan como debieran el Perú, como miembro de la CAN, tendrá acceso al mayor mercado unificado del mundo (45% de las exportaciones mundiales) al que la CAN destina alrededor de 15% de sus ventas en el exterior (y que hoy ingresan liberadas para la gran mayoría del universo arancelario bajo un régimen concesional). Para el Perú, la UE tiene una importancia mayor: es el segundo socio comercial, el primer inversionista y fuente sustancial de valores compartidos.

De concretarse el TLC con Estados Unidos, el acuerdo con la UE implicará para los andinos una dimensión estratégica adicional: además de parte, sus miembros serán socios activos de Occidente más allá de las discusiones estructuralistas centro-periféricas o derivadas de las asimetrías que impone la globalización. Si estas fragilidades deben promover la reducción de sus costos nacionales e incrementar estándares de vida, la formalización de esa inserción consolidará en el Perú y en sus socios andinos una identidad política sustentada en valores democráticos, humanitarios y jurídicos (el Estado de Derecho), es decir, liberales, cuya dimensión occidental superará cualquier discusión antropológica.

Al respecto debe recordarse que los acuerdos de asociación política y comercial que se negociarán con la UE no nacen de cero. El primero se fundamenta en el mecanismo de diálogo político birregional formalizado en 1996 en Roma y desarrollado en el marco de reuniones europeas con el Grupo de Río y en las cumbres América Latina y Caribe-UE (cuya última versión se desarrolló en Viena en mayo pasado).

De otra parte, el futuro acuerdo de libre comercio se fundamenta en los regímenes concesionales SGP Drogas (que, como el ATPA y el ATPDEA, ayudó, entre 1991-2001 al combate del narcotráfico ejerciendo el principio de responsabilidad compartida) y en el SGP “Plus” (elaborado en el marco OMC) al que se accede mediante el respeto a los derechos humanos, laborales, ambientales y la lucha efectiva contra la corrupción y las drogas mientras la economía beneficiada sea considerada vulnerable. Como es evidente, mientras el acuerdo de libre comercio requerirá el cumplimiento de los requisitos normativos, prescindirá luego de la calificación económica del interlocutor y de la condicionalidad consecuente.

Por lo demás, los fundamentos de cooperación entre la CAN y la UE serán también imprescindibles para el acuerdo de asociación. Esos fundamentos han evolucionado, a lo largo de tres décadas de puramente comerciales y de ayuda al desarrollo a unos científicos y empresariales (o de “tercera generación”) consolidándose en un acuerdo marco de cooperación en 1992. El futuro acuerdo de asociación lo reemplazará.

De allí que la multidimensionalidad de ese acuerdo incluya el diálogo político, un programa de cooperación y el acuerdo comercial.

Pero para que éste pueda desarrollarse, la CAN debe mantener un nivel de cohesión reconocible y eficiente. Así, si el retiro de Venezuela le resta potencial, la crisis institucional andina reduce su capacidad de interlocución mientras que su frágil nivel de integración (una zona de libre comercio que apenas cubre 10% de los intercambios y que trata de incorporar el ámbito social) demerita su importancia estratégica.

Ello explica que la UE y la CAN hayan emprendido un proceso de evaluación conjunta para establecer la condición de la integración andina y que, a falta de arancel externo común, las partes hayan convenido, benevolentemente, que basta establecer un “punto inicial de desgravación”.

Con todas sus debilidades, que son muchas y notorias, y de excusas, como las referidas al TLC con Estados Unidos, la CAN debe recuperar niveles de cohesión mínimas que le permita iniciar seriamente el proceso de negociación con la Unión Europea. Al respecto, los países andinos deberán decidir si sus parroquiales rencillas ideológicas pueden arriesgar el futuro que un miembro fundador de Occidente les ofrece.

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El Editor (ADC)