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EDITORIAL
La segunda cumbre suramericana: ¿fuente de inseguridad
o de integración?
Alejandro Deustua
24 de Noviembre de 2006
En un contexto internacional de extraordinaria expansión
económica (aunque ya desacelerada), de crecimiento ortodoxamente
equilibrado de las economías regionales y de fuerte incremento
de sus exportaciones, los esquemas suramericanos de integración
han perdido cohesión institucional y política.
Bajo estas condiciones, que ciertamente definen una nueva etapa
de crisis de la integración andina y del MERCOSUR signada
por marginaciones (p.e Venezuela) y conflictos intrasubregionales
(p.e. el diferendo argentino-uruguayo), próximamente se llevará
a cabo en Cochabamba la segunda cumbre de la Comunidad Suramericana
de Naciones. Aunque Bolivia será siempre un Estado cuya capacidad
de congregación todos los suramericanos estimamos, las condiciones
confrontacionales de su liderazgo político no lo califican
como el más proclive a llevar a cabo la tarea de convergencia
que la región necesita hoy.
Y menos cuando el presidente Morales insiste en proclamar su disposición
a llevar a cabo un modelo de integración que, bajo la denominación
“integración de los pueblos”, no se basa en las
reglas del libre mercado que definen a las zonas de libre comercio
y uniones aduaneras en el ámbito de la OMC, muestra agresividad
en su proyección externa (especialmente hacia Occidente)
y en sus alineamientos (Venezuela, Cuba) y promueve una “dimensión
social” de la integración que prioriza una influencia
política que no es bienvenida por la mayoría y que
augura, además, extraordinaria ineficiencia.
El problema se agrava cuando el presidente Morales, no contento
con haber agregado intensidad fragmentadora a los conflictos existentes
en su país, desea plantear a Suramérica la peor forma
de disociación: la que se deriva de la discusión políticamente
controversial de una identidad regional vinculada a la desmesurada
idea de establecer una “nación suramericana”.
Este planteamiento, que desconoce la realidad abrumadora de la diversidad
que define a la región y a la variedad de su mestizaje es
una receta para el conflicto. Con un valor agregado: éste
puede ser el germen de fundamentalismos antropológicos cuyas
dimensiones de violencia el Medio Oriente muestra mejor que cualquier
otro escenario.
De allí que el resto de los Estados suramericanos tengan,
a través de sus representantes, la responsabilidad impostergable
de evitar que esa iniciativa prospere. Y también la de cuidar
que ésta no sea reemplazada por un sucedáneo como
el planteamiento de una “ciudadanía suramericana”.
Si la realidad de nuestros países, especialmente de los andinos,
es la del debilitamiento del Estado, de la frustración de
la organización nacional y la emergencia de identidades regionales
políticamente organizadas que cuestionan la autoridad central
democrática, el planteamiento de una “ciudadanía
regional” no sólo es impropio sino una fuente adicional
de inseguridad.
Es impropio porque la ciudadanía es un derecho que emerge
tanto de un origen nacional como de uno estatal o de un orden supraestatal
adecuadamente legitimado. El primero está en cuestión
en Suramérica y el segundo es inexistente. Y es inseguro
porque el planteamiento de la “ciudadanía suramericana”
no concuerda hoy con los fundamentos políticos de la región,
porque genera exageradas expectativas extraestales y porque estimula,
simultáneamente, pérdida de lealtades nacionales que
no serán satisfechas por inexistentes entidades supranacionales.
En consecuencia, la aproximación a esta propuesta sencillamente
debería postergarse mientras se restablece la cohesión
regional, se construyen instituciones que generen efectivos servicios
colectivos regionales, se articulan mejor los mercados, se progresa
en la creación de interdependencia real y se sanean los debilitados
Estados nacionales.
En cualquier caso, la aproximación a este capítulo
debiera ser muy pragmático, prudente y puntual. Así,
si se desea facilitar el tránsito de personas que contribuya
a construir el mercado y el espacio común suramericano mediante
la eliminación de visas y pasaportes, los salvaguardias de
seguridad que el visado permite deben ser normadas y preservadas
para evitar el abuso de ese nuevo derecho por quienes harán
abuso de él: los agentes del crimen organizado, del terrorismo
y del narcotráfico que asolan la región, por ejemplo.
Por lo demás, la próxima cumbre suramericana no debiera
incurrir en una comprobable patología política regional:
cuando emerge una crisis la tendencia, generalmente diplomática,
no es consolidar el camino andado y estabilizar las circunstancias
del presente sino “huir hacia delante” intentando “profundizar”
la integración y, al hacerlo, complicando su progreso aún
más. Así ocurrió en la década de los
80 y de los 90.
Que ello no vuelva ocurrir ahora depende de la lucidez, del pragmatismo
y de la capacidad de nuestros representantes de inhibir la desmesura
de ciertos líderes nacionales y de abocarse al trato de problemas
efectivos como, por ejemplo, la integración energética.
He allí un elemento infraestructural que ayudará a
construir la integración regional con beneficio efectivo
para todos y sin perjuicio para ninguno.
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