EDITORIAL

Perú en APEC: relaciones de integración y de poder

Alejandro Deustua
22 de Noviembre de 2006

La participación del Perú en la XIV cumbre de la APEC ha destacado menos por su rol en la reunión de Hanoi que por dos resultados bilaterales concretos: la suscripción con Rusia de un acuerdo que establece “relaciones de socios” entre los dos países y el desbloqueo de la relación con Japón.

Estos resultados indican que, de manera complementaria a la comunitaria agenda económica de la APEC y su disminuida preocupación de seguridad (concentrada en el terrorismo), la relación con una superpotencia económica que evoluciona complejamente y otra reemergente con influencia decisiva en el sistema internacional y en la cuenca del Pacífico, ha motivado esta vez a la política exterior peruana.

Ello confirma que la “alta política” (aquélla que prioriza las preocupaciones del poder) ha regresado a nuestra agenda externa en el ámbito de la “baja política” (los temas de integración) luego de la morosa negociación con Estados Unidos cuyos resultados son aún inciertos.

Esperamos que en Cancillería halla conciencia de ello y que no se desconozca esa realidad con la retórica minimalista de una simple vocación cooperativa con vistas a la cumbre de la APEC que el Perú organizará en el 2008.

En este marco el acuerdo con Rusia no es sólo uno que abre la posibilidad de generar cooperación bilateral y multilateral en todos los sectores (especialmente porque parte de un nivel muy bajo): el status de “socios” que ambos Estados se han reconocido debe tener una efectiva dimensión estratégica. Si es claro que al respecto debemos tener en cuenta la asimetría de capacidades entre las partes, también es necesario estar al tanto de su diferente calidad de proyección.

Al respecto, la voluntad rusa de reposicionamiento en el sistema internacional luego del acuerdo suscrito con Estados Unidos que facilitará su acceso a la OMC, de la contribución personal del presidente Putin al desarrollo de la agenda de la APEC (que no incluyó el problema de Corea del Norte) y de su renovada aproximación a la Unión Europea (Rusia busca la renovación del acuerdo de asociación que está a punto de expirar promoviendo la definición de valores comunes en el marco de la diversidad y un espacio económico que incluya luego libre circulación de bienes y personas) parece no sólo decidida sino adecuadamente perfilada.

La pregunta es si la orientación de la inserción externa del Perú tiene similar consistencia. En caso de no tenerla, el acuerdo que eleva el status de la relación a la de “socios” debe contribuir a definirla y en ningún caso debe ser retórico. Menos cuando el intercambio comercial no llegó a US$ 100 millones el año pasado, los vínculos de aprovisionamiento militar son prácticamente inútiles y la cooperación cultural y científica se reduce a la presencia de estudiantes peruanos en Rusia cuyo destino laboral es incierto.

Para empezar, el acuerdo peruano-ruso debe enmarcarse en un mejor conocimiento de la aproximación rusa a Suramérica y en una adecuada definición de nuestros intereses en Eurasia. Por lo demás, es evidente que la especificidad de esa cooperación política no podrá contradecir la orientación de los compromisos establecidos con nuestros principales interlocutores, que ésta debe orientarse por valores liberales (la democracia, los derechos humanos y los principios del libre mercado) y que no puede darse en el vacío actual.

Para brindar contenido bilateral a esta relación es necesario potenciar la raquítica relación económica, explorar a cabalidad las posibilidades de una adecuada participación rusa en la repotenciación del equipo militar de ese origen (especialmente el requerido para conformar el núcleo básico operativo de la fuerza armada) y obtener el mejor conocimiento ruso disponible (los sectores energético y aeroespacial son buenas referencias).

De manera paralela a la construcción de esa base material, la cooperación de seguridad debe orientarse al combate efectivo de las amenazas globales (el terrorismo, el crimen organizado) y maximizarla en el ámbito multilateral (especialmente en la solución pacífica de conflictos regionales ahora que el Perú tiene un sitio temporal el Consejo de Seguridad de la ONU).

Como estímulo de esa disposición el Perú debe contribuir a la incorporación rusa a la OMC en términos no menores que los otorgados a China con ese propósito. Ello debe suponer, por tanto, el reconocimiento de Rusia como economía de mercado previa solución de las controversias económicas que pudieran haberse presentado, del compromiso ruso de incrementar su participación en el mercado peruano y del mejoramiento del acceso de nuestras exportaciones al mercado euroasiático.

De otro lado, el acuerdo peruano-japonés sobre “recomposición y profundización” de la relación bilateral debe ser bienvenido siempre que éste no represente una evasión de la responsabilidad japonesa de brindar explicaciones, de manera reservada, por el excepcional vínculo mantenido con Alberto Fujimori.

El interés del Perú por mantener las mejores relaciones con Japón están a la vista: esa potencia es la segunda mayor economía nacional, es un aliado occidental vital en Asia, su proyección en la cuenca del Pacífico es extensa y estabilizadora y es el origen de empresas de extraordinaria capacidad de generación de capital y tecnología. Si estas capacidades se complementan con una vocación multilateral de sólido apego a los principios de la ONU, es evidente que el Perú no puede darse el lujo, sino a gran costo, de prescindir de su cooperación.

Lamentablemente, quien personificó al Estado y a la Nación, el señor Fujimori, ha pervertido el interés nacional correspondiente. De allí que éste deba ser adecuadamente saneado. Para ello no basta la disposición japonesa de respetar el proceso de extradición al que está sometido Fujimori en Chile y mucho menos apreciaciones que cargan al gobierno anterior con la responsabilidad del impasse.

Si el Estado peruano ha sido agredido por su máximo representante con la contribución de una potencia mayor, ésta debe dar satisfacciones y compensar el daño inferido. Nuestras autoridades no pueden obviar este requisito sin caer en un desmedido pragmatismo que desmerecería aún más al Estado que representan. Esperamos que este requerimiento haya sido atendido y, si lo ha sido, que así se declare públicamente.

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El Editor (ADC)