EDITORIAL

Perú-Chile: un gran avance (pero el cielo no es límite aún)

Alejandro Deustua
27 de Octubre de 2006

La posibilidad de que un eje articulador de estabilidad e integración en el Pacífico sur suramericano con efectos en el corazón del subcontinente y proyección hacia la cuenca del Pacífico se ha abierto en Santiago.

Además de la reactivación de los mecanismos de fomento de la confianza bilateral, aquél ha sido el mayor resultado de la secuencia de reuniones entre ministros de comercio exterior, del área social y finalmente de los ministros de relaciones exteriores y defensa peruanos y chilenos.

Si desde el punto de vista institucional, nunca en la historia de las complejas relaciones entre ambos países había confluido una masa crítica tan intensa de jefes de sectores gubernamentales, la complejidad de la interdependencia que ella puede generar a futuro es muy grande.

La responsabilidad de que esa masa crítica no devenga en un riesgo y derive sólo en otro sofisticado –y frustrado- artificio diplomático a lo que nuestros países han sido tan proclives, depende de que el Consejo de Integración Social Peruano-Chileno efectivamente genere bienes públicos comunes en educación, salud y trabajo. Y también depende de que el ACE 38 ampliado distribuya mejor los beneficios en ciertos sectores (como el financiero) y avance en otros (como propiedad intelectual) mientras incrementa la interdependencia económica. Y por cierto también será una resultante del éxito inmediato de los estudios comprometidos para la organización de misiones conjuntas de operaciones de mantenimiento de la paz bajo un Estado Mayor conjunto (sobre la postergación indefinida de logros en este sector, los estudios sobre estandarización de metodologías de medición del gasto militar son un buen ejemplo).

De momentos concentrémonos en el resultado del “2+2” que ha sido producto de la renovada convocatoria del Comité Permanente de Coordinación Política. En este acápite el mayor punto de encuentro corresponde a la seguridad colectiva bajo responsabilidad de la ONU.

Aunque éste es un gran logro por el que algunos venimos reclamando desde hace algún tiempo debe reconocerse lo evidente: éste éxito se ha obtenido en el escenario que menos asperezas y obstáculos presenta, el externo (lo cual es perfectamente lógico dentro de la progresividad que tendrá esta relación). Y aunque, las fuerzas que se convoquen para cumplir en el exterior con las misiones de mantenimiento de la paz supongan el establecimiento de un Estado Mayor conjunto, debe entenderse que esto es algo que ocurre de facto en el terreno cuando cualquier fuerza es desplegada por mandato de la ONU bajo el comando de alguno de los ejércitos comprometidos.

Ciertamente, ello supone un fuerte avance en las medidas de fomento de la confianza entre los participantes, pero dista bastante de otro tipo de compatibilidades militares en el ámbito interno (incluyendo las menos compromisorias, como los ejercicios conjuntos o el empleo compartido de infraestructura de mantenimiento –el caso chileno-argentino-, entre otros).

De allí que las declaraciones exultantes en esta materia (por ejemplo, “el cielo es el límite” o “hay que hacer historia en el siglo XXI” en el caso de ciertas autoridades concurrentes) parezcan hoy sobredimensionadas a pesar del gran avance producido. Y lo son, por ejemplo, porque la historia frustrada de los estudios sobre materias novedosas en este sector son cercanas a los dos países. Refirámonos nuevamente al encargo de estudio a la CEPAL sobre estandarización de metodologías de medición del gasto que fue realizado por los gobiernos de los presidentes Toledo y Lagos hacia la primera parte del gobierno del ex-presidente peruano. Como dijimos, de su resultado nada se conoce salvo que se postergó a la luz de los desencuentros surgidos por el planteamiento de la controversia peruano-chilena sobre delimitación marítima.

De esos antecedentes el 2+2 no ha dicho públicamente nada. Y el compromiso al respecto no ha sido la obtención de un resultado que ya debiera estar disponible (especialmente teniendo como referencia que la “metodología” que estudia la CEPAL ya existe en el caso chileno-argentino). Por lo demás, para incrementar la burocratización del proceso, ahora hay que realizar otro probablemente sofisticado estudio sobre homologación de la información del gasto militar cuando se entendía que éste formaba parte del ya encargado.

Por lo demás, no parece apropiado que autoridades peruanas sostengan que en el horizonte de estas reuniones aparezca el reemplazo de elementos fundamentales de la defensa nacional (como el concepto de disuasión básica o de seguridad defensiva) por el de seguridad cooperativa. En esa expectativa hay un estratégico error de apreciación que debe ser rápidamente corregido. La seguridad cooperativa es un tipo de régimen que aún pertenece al campo de la seguridad colectiva, no al de la seguridad nacional. En consecuencia, aquélla sólo puede aplicarse como complementaria de ésta, no como su reemplazo.

Y menos cuando la asimetría de fuerzas y de gasto entre Perú y Chile ya no es cuestión contable sino de realidad palpable. Si nuestra fuerza armada sólo tiene capacidad para cubrir efectivamente una mínima proporción de su territorio y apunta hoy apenas a restituir un núcleo operativo básico, es evidente que el desbalance es grande en el área y que éste puede estar cargado hacia el lado del predominio por nuestro vecino.

Por lo tanto, la aproximación militar y estratégica con Chile, que debe ser estimulada, debe serlo bajo las normas de la prudencia básica: disminuir la brecha de capacidades. Éste es un interés nacional que el Perú no puede deponer y que Chile debe aceptar en tanto le interesará cooperar más con un Estado con el que pueda lograr mayor dimensión de complejidad cooperativa (interoperatividad, planeamiento conjunto, asociación eventual, etc.) que con uno que puede percibe como disminuido.

De nuestra parte, ello implica más gasto y no menos como parecen esperar ciertas autoridades. Especialmente si se trata de construir un eje de seguridad estable en el Pacífico sur suramericano que absorba la inestabilidad continental (particularmente en el caso de Bolivia), que proyecte seguridad en el Pacífico y cuyas capacidades puedan interactuar efectivamente con otros socios y aliados en el área.

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El Editor (ADC)