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EDITORIAL
Brasil: sorpresa y desafíos de la segunda vuelta
Alejandro Deustua
03 de Octubre de 2006
La decisión del electorado brasileño de trocar una
casi segura reelección presidencial por una segunda vuelta
ha producido más sorpresa que incertidumbre económica
o incremento del riesgo político en ese país. En efecto
los mercados han repuntado y no hay visos allá de confrontación
social adicional.
De esta manera la mayor potencia suramericana estaría mostrando
una estabilidad política que agrega a su dimensión
democrática (la cuarta en el mundo) una consistencia superior
a la media latinoamericana. Esa calidad, que contrasta de momento
con la insensatez de la oposición mexicana (López
Obrador), puede ser, sin embargo, menos intensa de lo que aparenta
si los factores que han promovido la segunda vuelta –la corrupción
y descohesión social- incrementan su dimensión conflictiva
mientras dure el proceso que culmina el 29 de octubre.
Al respecto vale la pena recordar que la reacción popular
contra la corrupción endémica en el Brasil no sólo
decide elecciones sino que ha echado gobiernos (Collor de Mello
que en 1992 fue destituido por delitos quizás menores de
los que hoy se imputan al entorno del presidente Lula).
Por lo demás, la dinamización de la polaridad social
que muestra el mapa electoral brasileño (la oposición
gana en el sur rico y el oficialismo en norte pobre) puede cuestionar
la estabilidad del sistema explicada por la “flexibilidad”
de la sociedad brasileña, recusar la consistencia nacional
que brinda una población de gran adaptación al medio
(Laffer) y exacerbar la condición de una economía
calificada como una de las más inequitativas del mundo.
Aunque esta dimensión conflictiva no aparece hoy en el
ánimo del electorado (aunque sí en la cotidiana violencia
urbana), los elementos desintegradores implícitos en la metáfora
de Jaguaribe (Brasil es “Belindia”, una mezcla de progreso
belga y de pobreza hindú) pueden azuzarse expuestos como
están por el proceso electoral. Como en el Perú, para
amainarlos no bastará el mantenimiento del status quo.
Es verdad que las políticas de integración territorial
iniciadas hace cuatro décadas, la disposición distributiva
del gobierno de Lula (los programas tipo “Hambre 0”)
y los buenos resultados de la conducción macroeconómica
servirán hoy como mecanismo estabilizador. Pero la falta
de consenso político sobre las reformas estructurales y la
enorme disconformidad de la oposición (p.e. Cardoso) con
el liderazgo oficial ciertamente constituyen desafíos mayores
y alimento de la contienda que debe resolverse este 29 de octubre.
Es claro que ello ocurrirá en un escenario económico
que los mercados aprueban (la inflación ha descendido de
12% a 3.4%, las exportaciones ascendieron a 134 mil millones el
año pasado, el superávit comercial bordeó los
40 mil millones, la inversión extranjera directa fue 75%
del recibido por MERCOSUR y 40% del suramericano) a pesar de que
el crecimiento no sea el mejor (3.6% este año). Pero lo que
no es evidente es que la sociedad tolere sin fricción la
reforma del mercado laboral o de la seguridad social, por ejemplo.
Por lo demás, la política exterior brasileña
tiene pasivos mayores que solventar en la región y en el
mundo. En el primer caso, Lula ha permitido que el liderazgo político
se lo dispute Chávez mientras que el rol brasileño
de articulador suramericano ha carecido de la intensidad necesaria.
En el segundo, aunque su status de potencia emergente es reconocido,
el fracaso de la ronda Doha no deja indemne el liderazgo del G20,
entre otros temas pendientes.
Es necesario que el próximo 29 Brasil supere democráticamente
estos obstáculos. Como socio estratégico, el Perú
es el primer interesado en que ello ocurra.
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