EDITORIAL

La idealización de la coca y la promoción del narcotráfico

Alejandro Deustua
02 de Octubre de 2006

Como ocurre con todo interés que busca legitimidad, su satisfacción requiere de cierta racionalidad y ésta, de una causa moral o ideológica. Sin ese fundamento ideal, el interés difícilmente se socializa. Ello es más evidente en la política, sea ésta liberal o totalitaria, idealista o materialista, racional o populista.

Siguiendo esa pauta, el sindicalista Morales buscó en la mitificación de la coca la causa que socializara el neoindigenismo boliviano como sustento para arribar al poder. Bajo la presión de ese poder, la nobleza de las causas de la justicia social, del ambientalismo y del nacionalismo fue expropiada por el líder boliviano para llegar al gobierno. Como consecuencia, las fuerzas centrífugas desatadas por él y por el intento de aplicar su peculiar ideología a la redefinición del Estado han enrumbado a Bolivia por los caminos de la ingobernabilidad, de la inestabilidad, de la fuerte pérdida de cohesión interna y de una eventual inviabilidad.

Esas mismas fuerzas están fermentando ahora en el Perú. Amparadas por el Congreso, éstas desafían al Estado con la “guerra cocalera” (la congresista Obregón ha sido explícita al respecto), se encubren en universidades tan antiguas como prestigiosas (la casona de San Marcos donde se han realizado actos de mistificadora exaltación de las bondades de la coca), se debilita la institución del Estado de fiscalización de la hoja (el caso de Enaco) y se transita internacionalmente hacia la flexibilidad de su siembra y consumo (la acción boliviana patrocinada por organismos andinos para revisar los anexos de la Convención Única de Estupefacientes de 1961).

Como consecuencia, la acción legal que el Estado emprende para la erradicación de la coca ilegal es contestada organizadamente por sus cultivadores mientras sus líderes imputan a quienes aplican la ley cargos de violación de derechos humanos y genocidio al tiempo que reclaman la declaración de la coca como patrimonio natural además del concurso de la Cancillería para contribuir a su despenalización internacional (demandas del quinto congreso cocalero).

Mientras ello ocurre, la congresista que advierte sobre acciones contra la autoridad democrática (las primeras que no provienen directamente de organizaciones terroristas) es protegida por su inmunidad. De manera paralela, los actos mistificadores de San Marcos, que confrontan a las ciencias médicas y farmacéuticas con las virtudes tradicionales de la hoja y su imposible industrialización (dentro del 10% de la hoja legal para el consumo se incluye también una proporción que basta y sobra para sus usos productivos) reciben el respaldo de agentes diplomáticos extranjeros.

En se marco, la ineficiente y erosionada institucionalidad antinarcóticos del Estado se desmoraliza y erosiona al tiempo que su acción externa, incapacitada para captar mayor cooperación, opta por la propuesta de otra reunión política (una nueva cumbre de países productores y consumidores que incluya a Estados Unidos y la Unión Europea).

En otras palabras, frente al embate de la organizada movilización cocalera, su dimensión política y su probable vínculo con el narcotráfico, el Estado retrocede alarmantemente pasando de la coacción legítima y de la concertación racional a la contención del problema y a la reversión del esfuerzo antidrogas.

Como es evidente, en ese contexto sólo el narcotráfico y los promotores de una nueva ideología indigenista basada en la protección de la coca pueden ganar. Si en el primer caso estamos frente a un serio peligro de seguridad nacional en el segundo, el artificio político del movimiento en marcha no puede ocultar los riesgos que éste implica para el Estado y su progreso.

Por lo tanto es indispensable que éste reaccione incrementando su disposición al diálogo en la medida en que éste busque y logre resultados, ratificando el propósito de mantener en el sector el monopolio legítimo de la fuerza, reorganizando su precaria institucionalidad alrededor de un centro único de toma de decisiones y de una estructura cohesiva, consolidando su autoridad jurisdiccional y procurando mayor cooperación externa que, a falta de recursos, debiera reflejarse en compromisos concretos de reducción de la demanda.

Al respecto debe tenerse en cuenta que el Perú lleva más de un cuarto de siglo (la mitad del tiempo que tomó resolver la Guerra Fría) en un esfuerzo que, a falta de éxito, sólo puede mostrar avances políticamente sobredimensionados y retrocesos estratégicamente infravalorados. Ello se refleja en una acumulativa pérdida de capacidades, de cohesión nacional y de valores e intereses fundamentales.

Si el Perú desea asumir un liderazgo en la región, como es intención de este gobierno, el decisivo avance en la lucha contra las drogas es una de las condiciones para lograrlo. Lo contrario es arriesgar la seguridad nacional, vulnerar más el tejido social y adentrarse en el camino de la inviabilidad si el escenario boliviano llega a cuajar en nuestro país como pretenden los que han iniciado la ideologización del cultivo de la coca y la promoción, como consecuencia, de la dimensión política del narcotráfico.

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El Editor (ADC)