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EDITORIAL
Perú-Chile: retomando el buen camino
Alejandro Deustua
23 de Agosto de 2006
El reciente encuentro de los cancilleres de Perú y Chile
para suscribir la ampliación del acuerdo complementación
económica (ACE 38) fue organizado con el propósito
de lograr un resultado mayor: reposicionar el conjunto de la relación
peruano-chilena en el más alto nivel.
Luego de las oscilaciones que esta compleja y sensible vinculación
encontró durante el gobierno anterior y del bajo nivel en
que se ubicaba hasta el 28 de julio, el gobierno del presidente
García ha decidido otorgar nuevamente a la relación
con Chile la prioridad que el presidente Toledo le concedió
a principios de su gobierno.
Esta vez, sin embargo, esa prioridad se ha encuadrado en un proyecto
estratégico del que antes careció: el afianzamiento
de la debilitada Comunidad Andina (si Chile decide incorporarse
a esa entidad como miembro asociado) y la organización de
una suerte de asociación de los países latinoamericanos
del Pacífico con miras a la articulación de éstos
con el Asia.
Este esquema que corresponde en alguna medida también al
interés chileno (que lo ha propuesto adicionalmente a Bolivia)
y que, esperamos, pueda llevarse a cabo sin los problemas que presentan
los grandes diseños, quizás pueda ser complementado
con otro objetivo que asegure mejor cohesión regional. Éste
debiera estar referido a lograr que la complementariedad de ambos
países resulte en la articulación de en un polo de
poder y desarrollo en el Pacífico sur suramericano que brinde
estabilidad al conjunto continental y a su dimensión marítima.
La referencia al respecto debiera ser la interdependencia lograda
entre Argentina y Brasil y, en menor grado, la existente entre Venezuela
y Colombia, en sus respectivos ámbitos.
A estos efectos el reposicionamiento de la relación económica
(el ACE 38 ampliado) y la dinamización, en el corto plazo,
del conjunto del instrumental político (las reuniones de
ministros y altas autoridades de los sectores de Relaciones Exteriores
y Defensa y de las comisiones de fronteras, límites, cooperación
técnica, contra estupefacientes, entre otras) debieran activarse
en torno a un propósito adicional: el fortalecimiento de
la relación peruano-chilena debiera ser el ancla de estabilidad
de la relación de cada uno con Bolivia con el objetivo de
evitar desequilibrios ulteriores derivados del justo reclamo marítimo
de ese país.
Aunque este propósito no ha sido explícito, esperamos
que éste se desarrolle y pueda activarse prontamente. Especialmente
cuando la debilidad intrínseca del planteamiento relativo
a que la controversia peruano-chilena sobre delimitación
marítima “corra por cuerda separada” y una eventual
consulta al Perú para la solución del reclamo boliviano
a Chile sobre una salida al mar, pondrán a prueba la consistencia
de la nueva relación. Ello dará la mejor medida de
la capacidad de entendimiento peruano-chileno que hoy se replantea
en términos sólo de una indispensable “agenda
positiva”.
Al margen de ello, el ámbito de mayor fluidez sigue siendo
el desarrollo de la relación económica bilateral que
ha encontrado un piso comercial (US$ 1700 millones de intercambio
el 2005) y financiero (US$ 4 mil millones de inversión chilena
en el Perú aunque sólo US$ 50 millones de inversión
peruana en Chile) pero no un techo que, felizmente, está
aún por avistarse. A la consolidación de esa dimensión
de interdependencia contribuye la ampliación del ACE 38 vigente
desde 1998 y renegociado desde el 2005.
Sobre el particular debe decirse que este instrumento ya ha logrado
una zona de libre comercio en la medida en que más del 80%
de los intercambios están liberados cumpliendo con los requerimientos
específicos del viejo GATT. Sin embargo, en tanto la OMC
ha normado otros temas vinculados al comercio, aún se duda
aún sobre la naturaleza del acuerdo (¿es o no un TLC?).
De allí que la ampliación y profundización
del ACE haya contenido una variedad de capítulos (inversiones,
servicios, políticas de competencia, cooperación laboral
y migratoria, etc.) aunque sin haber tratado otros (compras estatales,
p.e) que intentan ampliar el ámbito del acuerdo y despejar
la duda sobre su naturaleza. Al respecto debe reiterarse que ese
empeño se realiza teniendo como referencia innecesaria el
suscrito con Estados Unidos y las disciplinas OMC cuando el existente
es ya es un acuerdo de libre comercio clásico cuyo marco
específico es regional (los acuerdos de complementación
económica se contratan en el ámbito de los acuerdos
parciales de la ALADI).
Por lo demás, para que este acuerdo realice sus objetivos
implícitos (generar intereses económico complementarios)
y confirme su buena disposición social (la aplicación
de normas internacionales y de seguridad previsisional a los trabajadores
migrantes), debe procurar reducir las asimetrías más
visibles (los flujos financieros).
Lo mismo debe ocurrir en el trato de seguridad. El redespliegue
del instrumental diplomático debe contribuir a generar intereses
compartidos pero corrigiendo un desequilibrio estratégico
que hoy entorpece el desarrollo más expeditivo de las medidas
de fomento de la confianza y de realización de operaciones
compartidas de mantenimiento de la paz (caso Haití).
Con Chile queda mucho trecho por recorrer y grandes objetivos
de interdependencia que cumplir. Por ahora se ha retomado el buen
camino.
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