EDITORIAL

Comentario inicial sobre la aprobación del TLC con Estados Unidos

Alejandro Deustua
28 de Junio de 2006

En términos ideales la aprobación de cualquier tratado internacional debiera estar exenta de presión temporal. Pero cuando ello no ocurre (p.e., en acuerdos cuya formalización tiene plazo para que el Estado suscriptor reciba los beneficios plenos del mismo), esa circunstancia debe ser enfrentada en función del interés nacional en juego.

Como éste es mejor discernible en los acuerdos económicos su aprobación debiera poder ser más expeditiva. Especialmente cuando el proceso de negociación del acuerdo es de dominio publico, el resumen de sus versiones preliminares han sido publicadas con anticipación y los costos de no aprobarlo superan a los beneficios de la omisión (especialmente si el programa concesional de acceso -el ATPDEA- no se renueva). Ese es el caso del TLC con Estados Unidos cuya negociación desde mediados del 2004.

Si el acuerdo en cuestión garantiza que 29% de nuestras exportaciones sigan accediendo a nuestro primer mercado de destino, que éstas continúen creciendo por encima del promedio (13% anual bajo el régimen ATPDEA vs 10% a otros mercados) y que el Perú se beneficie políticamente del mismo, la aprobación rápida por el Congreso peruano está justificada. Especialmente si de ésta depende que el Congreso norteamericano proceda en el mismo sentido en la actual legislatura para impedir cualquier solución de continuidad en el acceso a ese mercado a finales de este año.

Esta preocupación circunstancial debe ser superada además por los sustantivos beneficios potenciales del acuerdo. En una economía cuyo crecimiento depende en no poca medida de la dinámica exportadora, el acceso franco al primer mercado nacional del mundo es tanto un requerimiento como un incentivo. Especialmente cuando la calidad y dimensión del primer destino exportador es indisputable (29% de nuestras ventas vs. 24% en el conjunto de la Unión Europea y 17% en el caso de China), en circunstancias en que la gran mayoría de nuestros socios y competidores regionales ya han procedido en ese sentido (México, Centroamérica y Chile) y cuando nuestras colocaciones pueden ser desplazadas por otros proveedores (China) si a los costos de producción se suman indeseables barreras al comercio.

Por lo demás, el acuerdo debiera promover no sólo el crecimiento basado en exportaciones sino agregar un incentivo adicional a la inversión que hoy no concurre a nuestro mercado con la intensidad debida (en el caso de México la inversión extranjera se cuadruplicó después del NAFTA). Ello debiera reflejarse en crecimiento descentralizado (las regiones, especialmente las costeñas tendrán mayor estímulo para incrementar su producción), en incremento del empleo (hacia el 2003, según el Mincetur, el ATPA/ATPDEA fue responsable de 194 mil empleos directos y 550 mil empleos indirectos) y mayor y mejor consumo por efectos del incremento importador.

Es claro que estas proyecciones (que corresponden a la información oficial) no implican seguridad de logros sin el desarrollo local de un buen clima de negocios, del incremento de la productividad y de la generación de una mejor infraestructura física e institucional para mejorar los términos de la competencia. Ello reclama de complementario e indispensable esfuerzo propio que debe ser realizado.

Por lo demás la incertidumbre sobre los buenos resultados del acuerdo no puede desconocerse. Pero ésta declina (no se incrementa, como sostienen algunos) si se concluye que los modelos de equilibrio general y parcial con que estos han sido evaluados no arrojan en general resultados negativos (un estudio arroja un impacto negativo de 2% del PBI, pero otros sitúan las ganancias entre 0.7% y 7% del PBI en el largo plazo nada menos, mientras el partido del nuevo gobierno lo estiman en 1% del PBI).

De otro lado, debe reconocerse que sí hay sectores perjudicados (los exportadores de ciertos productos como el maíz, el trigo y el algodón), que existen ciertas pérdidas por erosión de competencias (concesiones excesivas en certificaciones agrícolas, solución de controversias, compras estatales y liberalidad de la inversión) y también distorsiones por el efecto de las asimetrías (mayores beneficios para las exportaciones norteamericanas).

Pero si estos costos son propios de la naturaleza de las partes, ellos deben poder ser reducidos mediante compensación local o arreglos conjuntos en el futuro.

Por lo demás la dimensión económica del TLC con Estados Unidos, no debe escapar a nadie la estratégica. La primera potencia negocia acuerdos de libre comercio con socios políticos con quienes la apertura de mercados sólo es parte de un proyecto mayor: ayudar a consolidar su pertenencia a la comunidad democrática de naciones. En ese propósito Perú y Estados Unidos tienen claros intereses complementarios.

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