EDITORIAL

Injerencia venezolana y degradación de la comunidad hemisférica y regional

Alejandro Deustua
31 de mayo de 2006

Aún en épocas de globalización –o, si se prefiere, de creciente interdependencia-, las elecciones presidenciales en un país siguen siendo una decisión colectiva de carácter esencialmente nacional. En ellas se renueva la orientación del orden interno y se reperfila o mantiene la proyección externa del Estado. Si esta unidad política comparte valores con otras dentro de una comunidad democrática, del respeto de esa entidad y de sus principios depende entonces la fluidez de interacción interestatal en ese escenario.

Por cierto, siempre es posible la violentación de esta norma elemental. Pero cuando ello ocurre de manera persistente y con la indiferencia de los miembros de la comunidad internacional, ésta tiende a revertir hacia su primaria calidad de simple sistema internacional como ocurrió durante la Guerra Fría.

En efecto, si en esa época la violación del principio de no intervención se explicaba en función de la necesidad de mantener los rígidos alineamientos que demandaban los dos centros de poder mundial que configuraban el sistema internacional de entonces, hoy esa vulneración no ocurre sin graves costos para la comunidad de Estados democráticos y liberales prevaleciente.

Ello sucede porque, a pesar de la erosión del concepto de soberanía, aquellos Estados –como los americanos y europeos- han suscrito formalmente códigos como la “cláusula democrática” como normas de comportamiento básico. Y cuando ésta asume la protección colectiva de la democracia en cada país suscriptor lo hace en función de su respeto por los órdenes internos de estos países (ver art. 17 de la Carta Democrática Interamericana).

Ello no quiere decir que entre esos Estado reine la armonía ni que un Estado en el que se realiza un proceso electoral debe aislarse de todo contacto o influencia externos. Si la influencia externa es inatajable –y, eventualmente, hasta deseable- ésta debe realizarse a través de los canales propios de una interdependencia ideológicamente respetuosa, financieramente legal y transparente e inercialmente legítima (como la que realizan ciertos actores económicos o políticos con intereses en el país del caso).

Lo que no debe ocurrir, como ocurre hoy en el Perú, es la activa, material y sistemática intervención externa en una campaña, la imposición coactiva de un tipo de liderazgo en otro Estado o la agresión reiterada a sus autoridades, candidatos y ciudadanos para prevalecer en ese escenario electoral. El Estado que se comporta de esta manera tiende a ser excluido de la comunidad (o debiera serlo) sea porque instrumenta deliberada y transnacionalmente ese proceso electoral, porque pretende una posicionamiento hegemónico a partir de él o porque intenta el establecimiento de alineamientos anticomunitarios manipulando el orden interno de un país determinado.

Sin embargo, a pesar de que ésta es la conducta del Estado venezolano en el proceso peruano, ese Estado no es apercibido por la comunidad hemisférica ni por ninguna otra. Y, por tanto, tampoco se manifiesta la tendencia esperada: la exclusión, suspensión o punición del transgresor.

En lugar de ello, éste parece ser premiado por la colectividad (en este caso, la hemisférica) en tanto ésta permite el incremento de la “libertad de acción” del agresor, tolera su acceso a ciertos grupos subregionales luego de denunciar despectiva y hostilmente a otros y facilita el aprovechamiento de la irresponsabilidad de un vecino para agredir desde su territorio al país donde se celebra el proceso electoral.

Esta última transgresión acaba de se protagonizada por el señor Chávez en su visita a Bolivia. En el marco de la consolidación del alineamiento entre Venezuela y el país altiplánico, Chávez no sólo apabulló las normas de seguridad bolivianas, sino que utilizó ese territorio para hacer política interna y externa (la transmisión desde Tiahuanaco de su manipulador y hostil programa radial). Desde allí, insultó nuevamente al Presidente del Perú, volvió a agredir a un candidato peruano en momentos decisivos de la campaña electoral (Alan García) y favoreció al contendor de la segunda vuelta (Ollanta Humala).

Al respecto, la Cancillería peruana procederá tardíamente a la denuncia correspondiente ante la Asamblea General de la OEA (el día posterior a las elecciones) sin haber anunciado mayores medidas bilaterales (que ahora no sólo son legítimas sino necesarias en el campo diplomático y en otros).

Pero en el largo plazo quizás estas acciones tengan menor importancia que las consecuencias de la acción venezolana y de la laxitud boliviana (y la de otros Estados concernidos). Estas consecuencias podrían ser las de la involución de las comunidades hemisférica y andina en las que se comparten valores y principios a meros sistemas internacionales en los que sólo rige el interés primario de los Estados o el de sus gobernantes. El resultado de ello podría ser el deterioro de los regímenes internos culpables de esa situación.

Para ilustrar este último punto, recordemos –salvando las distancias- la visita de Fidel Castro a Chile de Salvador Allende a principios de la década de los 70. Castro, con irresponsabilidad sólo comparable a la impunidad que se le otorga en América Latina, recorrió a placer ese país durante dos o tres semanas avivando la confrontación política, organizando grupos subversivos y soliviantando a las Fuerzas Armadas (Jorge Edwards en Persona Non Grata relata episodios de esa visita y de la confrontación de Castro con oficiales de la Marina chilena). No pocos vieron en ese acto uno de los detonantes de la caída de Allende.

Ciertamente Bolivia está lejos de ser el símil de Chile de una época distinta, pero la increíble extravagancia estratégica del dictador Castro de los 70 se parece como dos gotas de agua a la de su aliado, el señor Chávez, en su visita a Bolivia. E igual que Castro –que no dudó en exportar la revolución armada y llevar al Hemisferio al borde la guerra nuclear-, el presidente Chávez está exportando su “revolución bolivariana” -y a sus “revolucionarios”- a Bolivia. En el proceso busca una posición de predominio en las áreas de seguridad y en otras áreas estratégicas (como las de hidrocarburos, telecomunicaciones y documentación de la identidad ciudadana) y violenta normas internas para agredir, desde Bolivia, al Perú, a sus autoridades y a una mayoría electoral.

Esta acción hostil no es la primera ni será la última en la que se empeñe el señor Chávez. Pero cada una de ellas irá minando su posición en la comunidad hemisférica y activando su futuro aislamiento. En el proceso, sin embargo, el presidente venezolano está apurando la degradación de las comunidades hemisférica y subregionales americanas y estableciendo un sistema primario –que por serlo, es de poder- en su reemplazo.

Independientemente de la respuesta peruana, si los países grandes de la región (Brasil, Argentina, Chile, Estados Unidos, Canadá o México) no reaccionan a tiempo muy pronto estarán frente a una realidad de conflicto que ellos no desearon y en la que su eventual rol restaurador probablemente será menor, ineficiente y extremadamente costoso.

La agresión de Chávez al Perú en este momento electoral y la laxitud de los países grandes de la región frente a la alianza venezolana-cubana-boliviana tiene esa dimensión sistémica. Si esto continúa el hemisferio americano y las comunidades andina y del Mercosur volverá a ser escenarios de conflicto orientados por los intereses más primarios de Estados que habrán renunciado a su evolución democrática y liberal.

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El Editor (ADC)