EDITORIAL

Una asociación atlántica para Colombia

Alejandro Deustua
15 de mayo de 2006

En el marco de una evaluación de la relación bilateral entre Colombia y Estados Unidos, autoridades de la primera potencia han ofrecido al país andino algún tipo de vinculación con la OTAN. Según el diario El Tiempo de Bogotá, no sólo la Canciller Carolina Barco lo ha confirmado sino que Estados Unidos también estaría explorando la conformación de un grupo de países latinoamericanos “amigos de la OTAN”.

Aunque la propuesta no ha sido estudiada aún por los miembros de la Alianza Atlántica y apenas habría sido considerada por las autoridades colombianas, ésta muestra la vigencia del ánimo innovador de los mecanismos de seguridad colectiva en la región. Ciertamente con más intensidad que el estancado proceso de reformas del TIAR, esta propuesta de seguridad se inserta en la dinámica de ampliación de Occidente que se inició en 1991 y que ya ha tenido realizaciones regionales (la expansión de la OTAN en Europa) y tentativas globales de redefinición estratégica (p.e. la aproximación al cambio de la doctrina de ataque preventivo en la ONU). Por lo demás, la propuesta tiene antecedentes en Suramérica: la asociación de Argentina como “socio extra-OTAN” de la Alianza Atlántica.

Si ello indica que el proceso de expansión occidental no ha encontrado aún sus límites, el contexto actual de la propuesta a Colombia es bien diferente al predominante en la década pasada (cuando Argentina replanteó su inserción de seguridad). En efecto hoy la mayor visibilidad e influencia de las potencias emergentes, la mayor intensidad de los conflictos regionales y el nivel crítico de amenazas como el terrorismo presentan un escenario menos conducente, por fragmentado, a la aplicación política de la propuesta. Sin embargo, de manera inversa, los riesgos incrementales que emanan de ese escenario aumentan la demanda de seguridad que la propuesta quisiera satisfacer.

Y si se ésta incluye a un grupo de países latinoamericanos amigos de la OTAN es bueno y conveniente evaluarla.

Primero veamos las condiciones en las que Argentina accedió al status de “socio extra-OTAN”. Éstas fueron bastantes diferentes a las que hoy definen a Colombia. Cuando en 1988-1990 Argentina cambió radicalmente su política exterior lo hizo bajo el apremio de una crisis económica, una disminuida situación de seguridad y en los albores del cambio del sistema e internacional.

Por lo demás, aunque hasta hoy no se han hecho públicos los beneficios concretos del “status” argentino una vez superada la etapa de alineamiento estrecho con la primera potencia, algunos se pueden reportar. En principio, estos beneficios pueden referirse a la generación de de un contexto estable y cooperativo para proceder a la reforma de Fuerza Armada argentina, un mejor posicionamiento de ese Estado como participante en operaciones de mantenimiento de la paz (en las que participan fuerzas de la OTAN) y probablemente, un mejor acceso a información y al conocimiento originado en esa alianza.

Hoy, en cambio, Colombia no ha cambiado su política exterior ni tiene intenciones de hacerlo, su economía está en expansión, la grave situación de seguridad interna ha mejorado relativamente y el sistema internacional y regional es bastante más complejo. Además su Fuerza Armada es sólida y las relaciones de seguridad con Estados Unidos son óptimas. Asociada –y quizás aliada- a la primera potencia en el marco del Plan Colombia y siendo un principalísimo receptor de cooperación económica, puede mostrar resultados concretos en el campo aunque éstos no sean todavía los esperados.

En consecuencia la necesidad colombiana de una vinculación institucional con la OTAN no tiene los requerimientos que eventualmente tuvo Argentina. Por lo demás, esta afiliación occidental complicaría la relación con un gobierno antioccidental como el venezolano, incrementaría la exposición del escenario amazónico a un número de potencias extraregionales (en probable contraposición con el interés brasileño) y escalaría eventualmente la beligerancia de las fuerzas subversivas activas en Colombia.

Sin embargo, cada uno de estos argumentos puede ser respondido: Venezuela podría atenuar su hostilidad frente a un vecino eslabonado con la primera alianza del mundo, Brasil podría estar interesado en la cooperación de seguridad con ese régimen de seguridad siempre que se respete su soberanía amazónica y las fuerzas subversivas podrían inclinarse más rápidamente por la negociación si comprenden que no estarían enfrentando sólo al gobierno del Presidente Uribe sino a la mayor institución de seguridad de Occidente.

Y en lo que hace a la seguridad colectiva, Colombia necesitaría más de ella hoy que antes en tanto la redefinición del TIAR está entrampada y, por tanto, el sistema interamericano depende más de la capacidad defensiva norteamericana y de la de cada uno de sus miembros por separado. Ello en un contexto subregional de precaria estabilidad como el andino y de disfuncional innovación estratégica (generada por Venezuela y Bolivia) que incrementa la necesidad del esfuerzo de ordenamiento y defensa.

Veamos ahora línea argumental que deriva del significado del status de “socio extra-OTAN”. Como su nombre lo indica, esta calidad no implica membresía en esa alianza. Y, en apariencia, tampoco abarca los mecanismos institucionales de las “asociaciones para la paz” (por lo menos en el extremo de las asociaciones instituidas para generar contextos de estabilidad en Estados con problemas de desestructuración en Europa) ni los diálogos regionales priorizados por la OTAN (como el diálogo euro-mediterráneo).

En lugar de ello, la vinculación propuesta a Colombia sería la correspondiente a los socios que se definen por negación (los que caben en la metáfora de los “tres no”: no a la membresía, a la asociación institucional y a la región privilegiada). Estos vínculos de carácter práctico importan más bien cooperación en planeamiento, relaciones cívico-militares, entrenamiento, comunicaciones, información, manejo de crisis y quizás, acceso a tecnologías (OTAN).

Considerando que la seguridad de Colombia, como la de otros Estados latinoamericanos, ha diversificado sus fuentes de aprovisionamiento de material y conocimientos, este vínculo ciertamente le sería extremadamente útil.

Y si éste se inscribe en un proceso de evidente de expansión occidental en el que América Latina está inmersa, el vínculo brindaría soporte y racionalidad de seguridad a un proceso complejo que abarca otras áreas. Ello no inhibiría la capacidad emergente de ciertas potencias regionales en tanto éstas no se definan como antioccidentales.

Por ello la iniciativa que hoy evalúa Colombia también debiera ser considerada por otros países de la región. La premisa para hacerlo sería la vieja propuesta gaullista: a una alianza se ingresa para hacerse más fuerte, no más débil.

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El Editor (ADC)