EDITORIAL

Venezuela y Bolivia en la “crisis sistemática” de la CAN

Alejandro Deustua
24 de abril de 2006

La decisión venezolana de denunciar el Acuerdo de Cartagena confirma que la “crisis sistemática” forma parte del proceso de integración andino. Pero la reacción boliviana a los motivos contemporáneos de la misma –la negociación de un acuerdo de libre comercio con Estados Unidos por dos países miembros- agrega un elemento innovador a esa condición crítica: la fricción vecinal entre socios históricos y preferenciales.

En el primer caso, la decisión de retiro venezolano confirma que si el proceso de integración andino ha sido irregular e ineficiente en la formación de una zona de libre comercio (que luego de 37 años, no ha logrado evolucionar hacia una unión aduanera), éste ha progresado a través de ciclos conflictivos de regular periodicidad relacionados con la naturaleza económica del esquema subregional.

En efecto, en la década de los 70 el tardío ingreso venezolano al Grupo Andino (1973) fue contrapesado por el retiro de Chile (1976) cuyo gobierno dictatorial encontró que el inicio de la reforma económica liberal en ese país era incompatible con un modelo de integración cerrado y dirigista. De esta manera el esquema de integración intensamente ligado al planeamiento central (p.e. los programas sectoriales de desarrollo) y al control financiero (p.e. el régimen limitativo de la inversión extranjera) fue cuestionado por un proceso reformista bajo auspicio militar que tuvo después extraordinaria connotaciones regionales.

A esa crisis inducida por el retiro de un Estado siguió otra de carácter sistémico en la década de los 80 -“la década perdida”- cuando la crisis de la deuda en América Latina erosionó el poder de los Estados y la reforma liberal proliferó entre los andinos. Entonces el proceso de integración sólo puedo reemplazar la pérdida de sus parámetros originales con una relanzamiento desorientado: el modelo de “integración hacia fuera” que parecía privilegiar el entorno cuando su estamento básico, la zona de libre comercio, estaba lejos de haberse conformado.

Hacia la década de los 90 cuando, en un marco de incumplimiento generalizado de compromisos, el proceso de integración no distribuía beneficios, el retiro temporal del Perú debilitó el acuerdo subregional al tiempo que, de manera desordenada y sobreideologizada, resaltó la prioridad de la “integración con el mundo”. La búsqueda unilateral de ese nuevo patrón de inserción al margen del escenario andino se contextualizó en la apertura comercial promovida por la reforma liberal interna y en el nuevo régimen de comercio internacional (la OMC).

Ahora la denuncia del Acuerdo de Cartagena que Venezuela confirma (pero que resta formalizar) se produce en el intento de una contrarreforma que pretende, en apariencia, un modelo de integración más endógeno que desprecia la proyección externa de la Comunidad Andina y opta por el Mercosur para avanzar luego en el marco de la Comunidad Suramericana de Naciones.

Aunque la intención inmediata del gobierno venezolano sea la de obstaculizar la relación estratégica entre los países andinos y Estados Unidos (que aquel gobierno sigue definiendo como hostil), la de fortalecer el vínculo geopolítico con Brasil y Argentina (pero especialmente con esta última incrementando su influencia en el proceso de integración energética) y la de redefinir la organización del Mercosur bajo patrones de economías menos abiertas, es evidente que su interés va más allá de la búsqueda de un modelo de integración “bolivariano”. En efecto, el gobierno del señor Chávez intenta consolidar en la región un polo de poder alterno al norteamericano promotor, en su perspectiva antisistémica, de una nueva distribución del poder internacional.

En este nuevo modelo el poder de generar mercado estaría a cargo de Brasil y Argentina (Chile mantendría su condición excepcional), buena parte del financiamiento de la infraestructrua provendría de Venezuela y la articulación ideológica la proveería la alianza estratégica entre Venezuela y Cuba. En la perspectiva venezolana, Suramérica tendría al Caribe como fuente de poder.

De esta manera la crisis del modelo andino de integración tendría una fuerte correlación con el interés venezolano de impedir un entorno con mayor presencia económica norteamericana y occidental y con su aspiración de generar un cambio en la distribución de poder regional de proyección global. Esta perspectiva es evidentemente antagónica a la evolución del proceso andino de ampliación de mercados extendiendo la zona de libre comercio a Estados Unidos y a la Unión Europea en el futuro luego de haberlo hecho con el Mercosur.

A pesar de que, en una de las particularidades de ese proceso (la negociación con Estados Unidos), la CAN haya deseado salvaguardar la cohesión andina protegiendo la normativa subregional, su ineficacia o escasa insistencia en una negociación colectiva y en una mejor aplicación del trato diferencial ha contribuido también a alterar el esquema de integración andino (esta vez hacia su dimensión minimalista). Ésta variación, a su vez, está siendo manipulada por Venezuela. Ello muestra en el siglo XXI, como en las tres primeras décadas, que la crisis es inmanente a la naturaleza del proceso andino de integración.

Si éste pudiera sobrevivir ahora, como en las décadas pasadas, ello dependerá sobre todo de la buena relación entre sus miembros. Descartada Venezuela de esa posibilidad, la reacción boliviana a la crisis abre un fuerte interrogante al respecto.

Y lo hace porque el gobierno de Bolivia acaba de complicar una buena relación de carácter histórico con el Perú para privilegiar otra de peligroso carácter estratégico con el gobierno de Venezuela. Si alguien tenía alguna duda de que la vinculación entre esos dos gobiernos fuera de estrecho alineamiento al punto de permitir una influencia determinante de Venezuela (y Cuba) en la política exterior boliviana, la inadmisible reacción del presidente Morales a la suscripción por el Perú del TLC con Estados Unidos la ha mostrado en su versión irracional recurriendo, como Chávez, al insulto.

Si la agresión verbal del Presidente Morales al Presidente Toledo debe ser rectificada incondicionalmente por el presidente boliviano, el gobierno peruano debe estar tanto o más atento a la fricción ulterior que puede resultar de las motivaciones no tradicionales que impulsan al Presidente Morales y a la dimensión de la influencia venezolana en su entorno y en sus decisiones.

Ciertamente la dimensión de esa reacción ulterior evidenciará cuánto valora el gobierno boliviano la relación histórica y de integración con el Perú, cuál es su percepción del rol de nuestro país en la satisfacción de intereses nacionales de ese Estado y cómo entiende la vinculación alternativa que Bolivia mantiene con Chile y el Perú en relación con esos intereses. Pero además, esa reacción mostrará la dimensión del interés boliviano en la integración andina o, alternativamente, la forma cómo ese gobierno desea explotar la crisis andina a propósito del TLC con Estados Unidos.

Ello dirá mucho también sobre la seriedad con la que ese gobierno se propone afrontar la superación de serios problemas de fragmentación interna y extraordinarios arraigos en el Cono Sur a través del ancla estabilizadora que el escenario andino le proporciona. Finalmente, esa reacción reflejará la importancia que el gobierno del presidente Morales otorga a la complementariedad de intereses andinos en relación con Estados Unidos cuando tres países andinos indican, a través de la negociación del TLC con la superpotencia, que esa relación es económicamente vital para ellos.

En relación a este punto debe recordarse que el gobierno de Bolivia ha asistido a todo el proceso negociador como observador oficial, que esa presencia se ha justificado en la expectativa de suscribir luego un acuerdo equivalente y que el interés del sector exportador y de las pymes (especialmente las de El Alto) de ese país ha sido oportunamente expresado. Por lo tanto, nada sustantivo de lo negociado por Perú y Colombia es ajeno al gobierno boliviano. Y si, adjetivamente, tuviera alguna queja por su inasistencia a una reunión de la Comisión sobre compatibilidad de la normativa andina (6 de abril), ésta debe cotejarse con el hecho de que su voto era imposible en tanto no cumplía con las condiciones para emitirlo (no estaba al día en sus contribuciones).

En cuanto a la preocupación boliviana por las exportaciones de soya que podrían ser afectadas por el TLC, debe tenerse presente que Estados Unidos ha ofrecido evaluar esos reclamos en el curso de este semestre y que el foro andino es pertinente también a estos efectos. Al respecto, debe recordarse que Bolivia es el país que menos aprovecha el mercado andino y que Venezuela no ha sido especialmente constructivo para mejorar esa situación (ese país ha adquirido soya norteamericana reduciendo el mercado boliviano).

Si luego de estas conversaciones el gobierno boliviano mantiene su agresiva posición se hará evidente que “el problema del TLC” ha sido exagerado y que éste no es sólo comercial. Se confirmará entonces que en su generación prevalecen motivos ideológicos (marcados por el antinorteamericanismo), geopolíticos (que sacrifican el buen trasto de intereses vecinales) y sociales (que se traducen en política exterior a través de una ambigua y riesgosa “diplomacia de los pueblos”.

De esta manera, a la “crisis sistemática” de la integración andina Bolivia, de la mano de Venezuela, estará contribuyendo al sacrificio final de ese proceso mediante la generación de fricción vecinal, bloqueando la cohesión suramericana y cuestionando la relación hemisférica (de cuyas instituciones, sin embargo, desea hacer uso para satisfacer intereses como el de la solución de la mediterraneidad).

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