EDITORIAL

El complejo tránsito hacia un nuevo gobierno democrático

Alejandro Deustua
10 de abril de 2006

Aunque la incertidumbre sea aún el resultado más evidente de la contienda electoral del domingo pasado, la certeza de que éste ha consolidado la contención del avance del candidato del fascismo y de que se ha iniciado el proceso de su derrota debiera fortalecer el optimismo de la mayoría de peruanos. Especialmente la de aquéllos que votarán en segunda vuelta por el perfeccionamiento de un Estado y una sociedad liberales independientemente de su proclividad socialcristiana o socialdemócrata.

El optimismo que despierta este cuadro de situación no puede, sin embargo, escabullir por lo menos tres escenarios emergentes: la polarización momentánea del contexto interno, la incertidumbre política y económica hasta la realización de la segunda vuelta y la alerta por la remanencia posterior de tendencias violentistas en los que no podrán iniciar un nuevo ciclo autoritario en el Perú.

En relación al primer escenario debe decirse que, en tanto la realidad de la momentánea polarización nacional proviene de la imposición de una candidatura autoritaria, ésta no terminará hasta que esa candidatura haya sido efectivamente derrotada. Entendemos que la implicancia antagónica de este escenario no es deseable por muchos ciudadanos, organizaciones y socios externos y que la tendencia negociadora a cualquier costo es una alternativa que ellos preferirían.

Éste podría ser la actitud de ciertos partidos políticos especialmente, los que no han superado la valla del 4%, y la de ciertos poderes fácticos.

Entre los primeros podrían estar los que se proclaman de izquierda que, privilegiando su antagonismo al modelo económico sobre la condición política de la candidatura militarista, intensificarían su percepción de que ésta es preferible a una candidatura “de los ricos”.

Y entre los segundos pueden encontrarse grupos empresariales que atraídos por la proclividad corporativista de quien los congrega, por el temor a las nuevas condiciones del mercado (p.e. el TLC) o por el deseo de maximizar beneficios singulares y expectaticios, intenten llegar a ciertos arreglos con esa candidatura.

Al respecto estos sectores debieran recordar que, si algo enseña la historia sobre este tipo de contienda, es que con las agrupaciones de ideología fascista el entendimiento no es una solución de largo plazo. En éstas la convicción sobre los beneficios del ejercicio de la coacción y de la manipulación es siempre superior a la alternativa del arreglo político.

Por ello es que esa candidatura debe ser derrotada antes que procurar alianzas con ella. La única alternativa sería su renuncia explícita y garantizada por terceros solventes y fiables a su pasado etnocacerista, a su condición militarista y a su disposición antisistémica (incluida la alianza con potencias de similar valencia como el gobierno del señor Chávez). Pero ello es una utopía.

De otro lado, la ciudadanía debe tener presente que si bien todo cambio de gobierno lleva consigo una alteración del factor de riesgo, la extraordinaria incertidumbre que hoy vive el Perú ha sido impuesta por el predominio de la candidatura autoritaria antes que por la indefinición de la candidatura que disputará la segunda vuelta.

Si el costo de la volatilidad del mercado, de la indecisión sobre las futuras inversiones y la ansiedad colectiva sobre el porvenir del país es adjudicable a uno solo de los tres candidatos en lisa, lo esperable es dejar que las leyes de la política se impongan: si uno de tres factores de poder intenta subordinar a otro cambiando el orden, el tercero debe alinearse con el que resguarda el régimen en función.

Esta actitud de balance no es en el Perú de hoy reaccionaria en tanto lo que se pretende resguardar es un orden social perfectible y abierto a la modernidad y al progreso. Lo reaccionario sería, en cambio, que ese tercero se alíe con el actor emergente que desea llevar al Perú, en el mejor de los casos, a los años 70 del siglo XX. Por lo tanto un entendimiento entre los candidatos democráticos no sólo sería “natural” e ideológicamente consistente para quienes lo pacten sino que tendría la legitimidad progresista que brinda la exigencia de la mayoría ciudadana.

Este acuerdo debe realizarse adicionalmente por una razón táctica: la candidatura autoritaria intentará disminuir la incertidumbre derivada de la desconfianza que genera favoreciendo la discusión de un programa de gobierno elaborado a último momento (con la probable participación de miembros acomodaticios de las más prominentes instituciones del Estado).

Si la intención aquí es la de atenuar el cuestionamiento colectivo de su naturaleza ideológica y lograr, más bien, una discusión “temática”, ciertos interlocutores verán en ello una alternativa razonable y algunos socios externos percibirán hasta una señal de moderación. Si estos últimos asumen que con ello podrán mejorar su posición de riesgo al tiempo que evalúan la conducta de un eventual gobierno autoritario en el Perú al margen de sus motivaciones, esa esperanza se desvanecerá cuando ese gobierno establezca relaciones especiales con uno de sus mentores –el gobierno venezolano-, incremente la condición fragmentadora de otro –el gobierno boliviano- y devenga totalmente antisistémico –si, por ejemplo, incrementa relaciones con Cuba y ciertos países del Medio Oriente.

El potencial de generación de inestabilidad regional de un gobierno fascista en el Perú ciertamente es una razón para procurar la derrota de esa candidatura sin negociación con ella antes que el hiperpragmatismo de sus eventuales interlocutores internos e internacionales obligue a todos a pagar un precio mayor después.

Parte de ese costo bien podría ser el del incremento de la violencia política derivada de la inercia del ciclo autoritario emergente que encumbrados sociólogos ya atribuyen al Perú y a la región. Ella se verá favorecida por un contexto en el que a la injusticia social se agregará la frustración del fascismo derrotado en las urnas.

Para prevenirlo, cualquier gobierno de tradición democrática deberá estar dispuesto a consolidar efectivamente el monopolio exclusivo de la fuerza que corresponde a todo Estado liberal, a generar efectivas políticas sociales que reduzcan radicalmente la inequidad que genera tensión y a exigir al movimiento fascista en la oposición un cambio de comportamiento y su riguroso sometimiento a la ley.

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