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EDITORIAL
La responsabilidad internacional en Irak
Alejandro Deustua
27 de febrero de 2006
Mientras la comunidad internacional no logra aún una definición
multilateral de terrorismo, el uso de la violencia para producir
logros políticos a través de la generalización
del miedo sigue catastróficamente activo con propósitos
definidos.
Entre ellos está el de generar un ambiente de anarquía
en el que la retroalimentación constante de la violencia
logre la consolidación política del agresor y la destrucción
o el debilitamiento estructural del agredido. Para evitarlo, el
agredido no puede dejar de responder a través del uso legítimo
de la fuerza y de otros medios (entre los que sobresale la inteligencia)
aunque, en el proceso, deba desatar una guerra (si el agresor es
un Estado) o un conflicto mayor (si el agresor es un una organización
no estatal).
Así, si luego del 11 de setiembre del 2001, el agredido (Estados
Unidos) debió responder bélicamente al agresor, ahora
el nuevo agredido (la autoridad y la población iraquíes
y los aliados que la asisten) debe responder al agresor (quizás
una mezcla letal de suicidas de Al Qaeda y de la insurgencia suní)
luego del atentado a la mezquita de Samarra.
Es evidente que, en este caso, el agredido debe evitar la guerra
civil. Pero lo que no puede hacer es sucumbir en el caos y la intensificación
de la fragmentación política que busca el agresor.
Y si bien la respuesta debe ser local, ésta tiene también
un componente multilateral que no puede ser eludido por la comunidad
internacional.
Y menos cuando el patrón ofensivo del agresor –el
ataque a centros notorios de poder- seguirá repitiéndose
con el propósito de desestabilizar un centro geográfico
que está en el centro de los conflictos regionales. En efecto,
sí en el 2001 el agresor –es decir, el enemigo- atacó
salvajemente lo que consideró como símbolos del poder
capitalista (las Torres Gemelas de Nueva York y el Pentágono)
llevando nuevamente la guerra al Medio Oriente y al Asia Central,
ahora ese enemigo ha atacado un símbolo del poder religioso
chiita en Irak (la mezquita de Samarra) para provocar una guerra
civil con los mismos propósitos disolventes.
Y si lo ha hecho intentando luego otro ataque a un centro de refinación
de petróleo en Arabia Saudita con el propósito de
generar caos en la economía mundial desde el Medio Oriente,
es evidente que el enemigo sigue teniendo a ese escenario como centro
de desestabilización de proyección global. Si, por
tanto, la respuesta local es imprescindible, la reacción
global es fundamental aunque hasta ahora sea menor a lo que las
circunstancias reclaman.
En efecto, si en el ámbito iraquí esta respuesta sigue
siendo deficiente debido a errores y desorganización atribuibles
a las autoridades locales y extranjeras en el lugar, lo es también
debido al decreciente concurso de la comunidad internacional. Ésta
–es decir, los miembros de la ONU-, no sólo no ha logrado
concretar todos los aportes económicos prometidos sino que
muchos de los aliados han iniciado una retirada militar del escenario
dejando la responsabilidad a un sobrextendido núcleo militar:
las fuerzas norteamericanas acompañadas minoritariamente
por las británicas.
Dicha tendencia, aunada a un decreciente apoyo interno norteamericano
y al incremento de la hostilidad internacional contra el esfuerzo
aliado en Irak, es una invitación a que el agente terrorista
siga agrediendo catastróficamete a los ciudadanos de ese
país y a quienes intentan ayudarlos.
Y ello ocurre mientras la comunidad internacional no cumple con
la obligación de apoyar suficientemente al proceso de transición
política y de restablecimiento de la seguridad iraquí
ni con el compromiso de incrementar la cooperación para capturar
y juzgar a los terroristas que actúan en Irak. Estas obligaciones
no devienen de un requerimiento o compromiso con Estados Unidos
–con el que se puede estar en desacuerdo en la conducción
del proceso- sino que fueron establecidas por las resoluciones 1546
y 1618 del Consejo de Seguridad de la ONU.
Es en este contexto que debe situarse la insuficiencia del gobierno
iraquí –que tiene el mérito de haber sido legal
y democráticamente elegido- para lograr un adecuado consenso
interno para inhibir la agresión terrorista y para, en este
caso, disminuir radicalmente el riesgo de una guerra civil.
Peor aún, luego del atentado en Samarra, puede intuirse que
la autoridad del gobierno iraquí ha decaído más
al tiempo que la presencia militar norteamericana posiblemente sea
percibida ahora con mayor desconfianza por la población.
En consecuencia, la amenaza terrorista es ahora superior al ataque
de la mezquita. Esta situación debe revertirse de inmediato.
A ello podrán contribuir circunstancialmente los líderes
religiosos iraquíes que, en apariencia, están dispuestos
a aliviar el clima de tensión inducido por el atentado. Pero
ese esfuerzo no será suficiente si el gobierno –de
mayoría chiita- no cohesiona a sus fraccionados partidarios,
si los suníes no se suman con decisión a la tarea
gubernamental y si las fuerzas iraquíes no cumplen con mayor
rigor con la responsabilidad de establecer el orden interno.
Luego de que, durante el 2005, los iraquíes elaboraran
y aprobaran su propia constitución y eligieran un parlamento
y un gabinete recuperando su soberanía en proceso amparado
por la ONU, ahora están en la obligación vital de
culminar la tarea redoblando el esfuerzo de imposición del
orden interno. Pero, como se ha dicho, ese esfuerzo no será
posible sin el apoyo de la fuerza norteamericana y los aliados presentes
en el terreno y sin el incremento del apoyo material y político
de la comunidad internacional.
Dada la gravedad de la situación, ese apoyo debe ser nuevamente
comprometido por el Consejo de Seguridad. Al respecto no basta otra
condena inmaterial de la acción terrorista en Irak. La comunidad
internacional está en la obligación de renovar su
presencia militar y económica en Irak bajo los términos
del Capítulo VII de la Carta. Y el Perú, como miembro
no permanente del Consejo, debe ayudar tomando la iniciativa política
en esta materia.
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