EDITORIAL

El enésimo caso Fujimori

Alejandro Deustua
10 de febrero de 2006

Como nunca en el pasado cercano el país asiste a una contienda pública entre el Canciller y un embajador que acaba de cesar funciones a propósito de un asunto mayor de seguridad nacional como es el caso Fujimori.

Ello muestra que el efecto corrosivo que tuvo la cooptación política del Servicio Diplomático a principios de la década pasada sigue presente. Aquél, reflejado en menores niveles de lealtad y cohesión institucional, en deterioro de la capacidad representativa, en alteración sustancial de la cultura burocrática y en procesos de toma decisiones que parecen cuestionables, se manifiesta ahora en otra lamentable realidad: la relación de confianza entre la Cancillería y los representantes de la opinión pública no ha recuperado los niveles preexistentes a 1990 al tiempo que su grado de exposición es mayor.

Pero estas son consideraciones que merecen una evaluación especial. En lo que toca a la confrontación entre la Cancillería y el ex-embajador en Tokio, debe recordarse que cuando, en noviembre pasado, Torre Tagle comunicó el retiro de nuestro embajador en Japón en el contexto de un fuerte malestar del gobierno peruano con el trato dilatorio que el gobierno japonés otorgaba a las gestiones de extradición de Alberto Fujimori, todos asumimos que estábamos frente a una medida de enérgica protesta.

La medida diplomática pareció atenuarse, sin embargo, en tanto coincidió con el término de funciones del embajador ante ese país anunciándose que éste sencillamente no sería reemplazado. Luego, cuando el embajador no retornó al Perú de inmediato como correspondía, la medida devino en contradictoria. Y la contradicción devino en asombro cuando los peruanos nos enteramos de que el embajador anunciaba fricciones con sus antiguos subordinados, informaba a medios peruanos sobre las inconveniencias de su situación y criticaba, más tarde, la gestión del Estado en el trato del caso Fujimori, nada menos.

De otro lado, en relación al asunto del levantamiento del secreto bancario de una cuenta de Fujimori por el gobierno japonés conocido en el Perú en parte por entrevistas concedidas por el embajador, el Canciller ha debido reiterar ante la Comisión de Relaciones del Congreso que su Despacho nunca ocultó información sobre el caso y que más bien lo comunicó oportunamente al Congreso, a la Procuraduría y al Poder Judicial.

El ex-embajador, por su parte, declaró ante la misma Comisión que, a pesar de que el hecho había sido informado por él, no hubo reacción de Torre Tagle como tampoco existieron instrucciones en relación al trámite de documentos nacionales (DNI y pasaporte) por Fujimori en Tokio. Es más, el ex-embajador expresó que las gestiones de extradición del gobierno peruano (especialmente la remisión de cuadernillos) habían sido deficientes y que él no recibió el apoyo adecuado para conseguir mejores resultados.

Dada la dimensión de estas contradicciones, es evidente que la situación debe ser adecuadamente esclarecida y sus responsables (de haberlos) identificados. Pero al respecto debe recordarse que el caso Fujimori, por tratarse de un ex -Jefe de Estado, compromete un interés primario de seguridad nacional y que su ventilación pública insinuando una conflicto de poderes (entre el Ejecutivo y el Congreso) y una contienda entre un Canciller en funciones y un embajador retirado abre un frente de vulnerabilidad del Estado que ni el prófugo ex -presidente había logrado.

La situación es aún más grave porque el prófugo está sometido ahora a la jurisdicción de un país vecino (lo que añade desprestigio del Estado y afecta el honor nacional) y porque, en nuestra perspectiva, ese caso incurre en el ámbito de la traición a la patria en tanto Fujimori, mientras ejercía la jefatura del Estado y la representación nacional, se sometió a soberanía extranjera. Éste es el marco en que se plantea el entredicho entre la Cancillería, un embajador en retiro y algunos medios de comunicación.

Si bien es cierto que el gobierno no ha realizado todos los esfuerzos necesarios para extraditar a Fujimori (tramitó un par de cuadernillos, no tomó acción cuando el prófugo acudió provocadoramente al consulado peruano en Tokio –que es territorio nacional- y no ha investigado o pedido explicaciones, como correspondía, la particular relación entre Japón y Fujimori), el ex –embajador ha preferido expresar su malestar, violentando los requerimientos de la reserva, cuando desmejoró su relación con la Cancillería (que se sepa, no se presentó en Lima a plantear sus reparos, ni los fundamentó adecuadamente en documentación oficial, ni muchos menos renunció).

Si no se desea debilitar más al Estado, ésta confrontación debe terminar, el Congreso debe guardar reserva absoluta de sus investigaciones y los medios de comunicación deben aproximarse al tema prestando mayor atención a la gravedad de los hechos. El caso Fujimori no es sólo un asunto penal: es un asunto de Estado. Como tal debe ser tratado en la búsqueda de un objetivo común: que el responsable resarza al país por el daño causado purgando la máxima pena posible. Sin alterar el logro de ese propósito se deberá tomará cuentas a los que inhiban esa meta elemental

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