SEGURIDAD

Alejandro Deustua
30 de setimebre de 2005

La sentencia del Tribunal Constitucional que declara la inconstitucionalidad de las ordenanzas regionales que intentaron legalizar el cultivo de coca ha restablecido el principio de autoridad en la lucha contra el narotráfico, restaurado el Estado de Derecho comprometido en la materia y recuperado legitimidad para el proceso de descentralización.

Luego de la peligrosísima vacilación mostrada por el Ejecutivo en una materia que compromete la seguridad nacional, el Tribunal ha recuperado jurídicamente para el Estado la soberanía interna. Aunque la debilidad política en el manejo del sector no puede ser ocultada, la potestad de esa autoridad para establecer la ley y el orden ha sido ratificada como formalmente incontestable.

Y al hacerlo, el Tribunal no se ha limitado a reivindicar una jeraquía normativa indispensable para el funcionamiento razonable del Estado de Derecho sino que ha saneado la inserción externa del Estado. De estas manera el Perú afirma su voluntad de cumplimiento de esenciales tratados internacionales (las Convenciones de 1961 y 1988), su responsabilidad comunitaria y su disposición a mantener asociaciones de seguridad en el combate de amenzas transnacionales.

Este hecho tiene una trascendencia todavía superior en el marco de la increíble inconsciencia de funcionarios y políticos que se mostraron dispuestos a hacerse cargo de nuestra política exterior sin el mayor sentido de alarma en la materia y de las desbordada ambición de autoridades regionales que intentaron asumir competencias que la ley jamás les transfirió. De haber tenido éxito estas útlimas, habrían puesto en cuestión la legitimidad del proceso de descentralización que, siendo indispensable, no puede progresar a costa de la unidad y la seguridad nacionales.

Pero si el Tribunal merece el reconocimiento de la ciudadanía por su sabio discenimiento, quizás lo merezca menos por su intento de modificar políticas orientadas a luchar contra una amenza trasnacional como el narcotráfico. Hasta donde se sabe el Tribunal tiene iniciativa legislativa pero carece de facultades para la gestión pública directa. De allí que su exhortación a la revisión de estrategias sobre el combate del narcotráfico, que en efecto son insuficientes, sea tan improcedente como su recomendación de que la que la coca y su uso tradicional sean reconocidas como patrimonio nacional y cultural.

Más aún cuando la coca legal y su uso legítimo ya tienen adecuado resguardo jurídico interno e internacional. Y también cuando de procederse a un reconocimiento tan singular como discriminatorio en relación a otros productos y costumbres peruanos, se estaría abriendo la puerta a un debilitamiento de la voluntad nacional sobre el requerimiento de erradicar la totalidad de la coca ilegal.

El Tribunal no puede patrocinar este despropósito cuando el país debe orientarse a extraerse por completo del circuito del narcotráfico sin generar un conflicto civil (la referencia colombiana) ni promover movimientos políticos que arriesgan la fragmentación nacional (la referencia de ciertas organizaciones bolivianas). En lugar de sugerir políticas que ponen el acento en la aproximación desarrollista al problema (la sustitución de cultivos y el desarrollo alternativo), el Tribunal debería coadyuvar al fortalecimiento de las instituciones que realizan esas labores que compelementan indispensables políticas coactivas (la erradicación de cultivos y la interdicción). En ese marco los encargados de nuestra política exterior podrían reclamar un más eficaz compromiso con la indispensable reducción de la demanda.