MARCO DE LA POLITICA EXTERIOR PERUANA

Declaración del Gobierno del Perú a ser depositada ante el Secretario General de las Naciones Unidas al adherir a la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar
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1. El Gobierno del Perú hace manifiesta su especial satisfacción en razón de que la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar recoge los principios fundamentales de la tesis peruana de las 200 millas del Mar de Grau, enunciada inicialmente por el Decreto Supremo Nº 781 de 1 agosto de 1947 y desarrollada en décadas posteriores, incluyendo las negociaciones en la III Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar que elaboró la Convención, en las cuales el Perú desempeñó un papel protagónico reconocido internacionalmente.

2. El Gobierno del Perú adhiere a la Convención en el entendido que todas sus disposiciones son compatibles con lo dispuesto en la Constitución de la República, en el sentido que el Estado peruano ejerce soberanía y jurisdicción hasta una distancia mínima de 200 millas marinas.

3. El Gobierno del Perú manifiesta que el artículo 301 de la Convención, que prohíbe el recurso a la amenaza o uso de la fuerza contra la integridad territorial o la independencia política de cualquier Estado, o cualquiera otra acción incompatible con los principios de derecho internacional incorporados en la Carta de las Naciones Unidas, se aplica en particular a las zonas donde los Estados ribereños ejercen soberanía y jurisdicción incluida la zona económica exclusiva y plataforma continental del Estado peruano, es decir hasta una distancia mínima de 200 millas. Asimismo, considera que en concordancia con lo dispuesto en los artículos 58, párrafo 2 y 88, tales zonas sólo pueden ser utilizadas con fines pacíficos, y que la Convención no autoriza a otros Estados para realizar, dentro de las 200 millas marinas, actividades que puedan afectar la paz, la seguridad o los derechos e intereses del Perú.

4. El Gobierno del Perú entiende que las disposiciones de la Convención no autorizan a otros Estados a realizar ejercicios o maniobras militares dentro de las 200 millas, en particular aquellas que comprendan el empleo de armas y explosivos en sus espacios de soberanía y jurisdicción, incluida la zona económica exclusiva y plataforma continental del Estado peruano.

5. El Gobierno del Perú entiende que las disposiciones contenidas en los artículos 56 y 60 de la Convención no facultan a otros Estados para construir, operar o utilizar instalaciones o estructuras de cualquier género, sin su autorización, dentro de las 200 millas que comprende su dominio marítimo.

6. El Gobierno del Perú considera que la inmunidad soberana contemplada en el artículo 236 de la Convención no exonera a los Estados respectivos de la obligación de aceptar las responsabilidades en que incurran sus buques de guerra, naves auxiliares u otros buques o aeronaves allí mencionados, por los daños de contaminación del medio marino que hayan ocasionado al transitar dentro del dominio marítimo del Estado, es decir, los espacios de soberanía y jurisdicción del Perú, incluida su zona económica exclusiva.

7. El Perú ejerce derechos soberanos sobre la plataforma continental más allá de las 200 millas marinas contadas a partir de las líneas de base y hasta el borde exterior del margen continental, de conformidad con el artículo 76.

8. Con referencia a los artículos 15, 74 y 83 de la Convención del Mar, relativos a la delimitación de las zonas marítimas entre Estados adyacentes, el Gobierno del Perú manifiesta que a falta de un acuerdo que haya sido concertado para fijar los límites de tales zonas, y donde no prevalezcan circunstancias especiales ni existan derechos históricos reconocidos por las Partes, debe aplicarse como regla la línea media o de equidistancia por tratarse del método más idóneo para llegar a una solución equitativa, posición expresada persistentemente por el Perú y aludida en la declaración de la Delegación peruana, el 27 de agosto de 1980, ante el Plenario del IX Período de Sesiones de la Tercera Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar.

9. De conformidad con las disposiciones del artículo 287 de la Convención, el Gobierno del Perú declara que acepta los siguientes medios para resolver las controversias relativas a la interpretación o la aplicación de la Convención: a) el Tribunal Internacional del Derecho del Mar; b) la Corte Internacional de Justicia; y c) un tribunal arbitral especial constituido de acuerdo con el Anexo VIII para las cuestiones allí previstas relativas a las pesquerías, la protección y preservación del medio marino, la investigación científica marina y la navegación.

10. De conformidad con las disposiciones del artículo 297, párrafos 2 y 3 de la Convención, el Perú no aceptará que se someta a los procedimientos establecidos en la Sección 2 de la Parte XV, las controversias relativas al ejercicio de los derechos que le corresponden con respecto a las actividades de investigación científica marina y con respecto a la regulación de las pesquerías dentro de las 200 millas, comprendida la zona económica exclusiva, incluidas sus facultades discrecionales para determinar la captura permisible, su capacidad de explotación, la asignación de excedentes a otros Estados y las modalidades y condiciones establecidas en sus leyes y reglamentos de conservación y administración de los recursos vivos marinos.

11. Con referencia a lo previsto en el artículo 297, párrafo 3, literales b) iii y c), el Perú no aceptará la validez de un informe de la comisión de conciliación que sustituya las facultades discrecionales del Estado peruano relativas a la utilización de los excedentes de recursos vivos dentro de la zona de su dominio marítimo, en aplicación de los artículos 62, 69 y 70 de la Convención, o cuyas recomendaciones comporten efectos perjudiciales para las comunidades pesqueras o las industrias pesqueras del Estado peruano.

12. De conformidad con las disposiciones del artículo 298, párrafo 1, literal b) de la Convención, el Perú no aceptará los procedimientos establecidos en la Sección 2 de la Parte XV, tratándose de controversias relativas a actividades militares, incluidas las actividades militares de buques y aeronaves de Estado dedicados a servicios no comerciales, y las controversias relativas a actividades encaminadas a hacer cumplir las normas legales con respecto al ejercicio de los derechos soberanos o de la jurisdicción que le corresponden, excluidas de la competencia de una corte o un tribunal con arreglo a los párrafos 2 ó 3 del artículo 297.

Lima,

Actividades del Sector Relaciones Exteriores(05/07/2005