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EDITORIAL
La Ronda Doha: algunas consideraciones
Alejandro Deustua
14 de diciembre de 2005
Es verdad que las negociaciones comerciales multilaterales liberalizadoras
de los intercambios globales suelen tardar más de lo que
orginalmente se plantea, que su evolución no se caracteriza
por la fluidez y que la fricción consecuente genera frustración
antes de que los participantes puedan disfrutar de los beneficios
del incremento de las transacciones. Pero la ronda Doha lanzada
el 2001 agudiza estas inconveniencias no sólo porque debió
culminar el 2004 sino porque debía orientarse a beneficiar
especialmente a los países en desarrollo.
En lugar de ello, la actual reunión ministerial que se
realiza en Hong Kong podría culminar apenas con un acuerdo
de ayudas y concesiones de acceso que los países desarrollados
ofrecerían sólo a un grupo de países de menor
desarrollo y con promesas de progreso a ser redefinidas más
adelante. De esta manera el “relanzamiento” esperado
en Hong Kong podría estar destinado al fracaso si se mantiene
el plazo del 2006 para lograr éxito.
Si bien esta reunión debía contribuir a establecer
los lineamientos para rebajar sustancialmente aranceles y subsidios
al comercio de bienes agrícolas, industriales y de servicios,
el sector de referencia ha sido el agrícola. Aunque no todos
los países en desarrollo son grandes exportadores agropecuarios,
el entendido era que la reducción sustancial de obstáculos
al comercio en el área tendría efectos redistributivos
entre los países en desarrollo y que contribuiría
fuertemente a la lucha contra la pobreza en ellos.
Para progresar en ese camino se requería un compromiso básico
entre Estados Unidos, la Unión Europea y el Japón.
Lamentablemente ese compromiso no se ha logrado. Mientras Estados
Unidos propone una reducción de aranceles de entre 55% y
90% dependiendo del grado de protección de los productos
implicados y una gradual pero defintiva eliminación de los
subisidos a la exportación (aunque mantendría ciertas
ayudas internas), la Unión Europea propone un promedio de
reducción arancelaria menor (alrededor de 47%) y no está
dispuesta a reducir más subsidios que los ya realizados en
una reforma reciente de la PAC.
A su vez, la UE condiciona la oferta de una reducción de
subisidios mayor a la apertura del mercado de bienes industriales
y de servicios por parte de los países en desarrollo (especialmente
de los grandes, como Brasil). En tanto éstos se han negado
ha proceder en esa dirección, esa posibilidad continúa
clausurada mientras Japón sigue tan silenciosos como inactivo
en la materia.
Como resultado, los países en desarrollo no sólo no
recibirían beneficios adicionales de una mayor libealización
del comercio global sino que, de tener éxito la reunión
de Hong Kong, éstos serían menores a lo orginalmente
estimado. En efecto, el Banco Mundial calcula ahora que las ganancias
derivables de una mayor apertura comercial añadirían
sólo US$ 86 mil millones hacia el 2015 mientras que un resultado
parcial incrementaría las ganancias en US$ 15 mil millones
para la misma fecha.
En consecuencia, la reducción de expectativas es grande y
proporcional a una reducción de estímulos a un mayor
esfuerzo liberalzador si se considera que el cálculo de benficios
estimados por el Banco en el 2002 fue de US$ 200 mil millones (The
Economist) incluyendo los derivables de la liberación del
comercio entre países en desarrollo.
Si, bajo las actuales condiciones de creciente interdependencia
y de prolonganción del ciclo expansivo de la economía
mundial (aunque a tasas decrecientes) no hay razón para dudar
de que el comercio global seguirá creciendo por encima del
incremento del PBI, una postergación de la ronda Doha puede
incrementar las tendencias proteccionistas que ya se palpan en Estados
Unidos y en otras potencias. Y también a aumentar las dudas
sobre los beneficios adicionales derivables del sistema multiltaral.
Ello contribuirá a potenciar el privilegio de los acuerdos
bilaterales (como el TLC con Estados Unidos) cuya proliferación
no pocos consideran como vulneratorio del orden de la OMC y de su
lógica creadora de comercio. Pero además, el impulso
que recibirán los postulantes del nacionalismo radical emergente
en los países en desarrollo (especialmente en Suramérica)
será ostensible.
Mientras tanto, los que consideramos que el incremento del bienestar
derivado del aumento de los intercambios debe plantearse en el terreno
de lo posible antes que en el ideológico, deberemos revisar
la dimensión del cambio de actitud de las potencias mayores
antes de avalar aperturas adicionales.
Así por ejemplo, si bien consideramos que el TLC con Estados
Unidos es beneficioso en general, ahora deberá considerarse
adcionalmente cuál es el impacto en él de una eventual
cancelación de las posibilidades de reducción de subsidios
que los países desarrollados se comprometieron a lograr en
el ámbito multilateral en lugar de negociarlo bilateralmente
con un país que no es exportador importante de productos
agrícolas.
La respuesta probablemente será que el impacto será
menor. Pero, si las premisas del acuerdo quedaran afectadas, éste
deberá ser un criterio de evaluación adicional para
establecer el costo-beneficio del mismo.
Si este problema se multiplica en la negociación de futuros
acuerdos bilaterales, es claro que deberá exigirse a las
potencias mayores que procedan a reducir los obstáculos al
comercio que ellas se interpusieron entre sí y extender ese
desmantelamiento a todos.
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