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EDITORIAL
Perú y Estados Unidos: un acuerdo estratégico
Alejandro Deustua
9 de diciembre de 2005
Si los congresos del Perú y Estados Unidos lo permiten,
el acuerdo de libre comercio suscrito con la primera potencia innovará
cualtitativamente la inserción externa del país. Aunque
los beneficios se perciben hoy como fundamentalmente económicos,
éstos deberán medirse también por el progreso
que generará una mayor interdependencia hemisférica
y por el significado estratégico de la misma.
Por lo demás, si la dispersión de las proyecciones
positivas oscila entre lo probable (600 mil empleos anuales) y lo
imposible (un PBI de US $ 207 mil millones en 12 años) y
el horizonte de los impactos negativos se esboza entre lo real (el
impacto en el sector agrícola) y lo catastrófico,
la evaluación del costo-beneficio deberá armonizar
primero los modelos relevantes de medición.
El primero entre ellos es el del sentido común. Este dice
que si las exportaciones a Estados Unidos representan para el Perú
33% del total (29% del cual son manufacturas) con un crecimiento
de 412% en 12 años acelerado en el actual ciclo expansivo,
es claro que bajo un régimen contractual de acceso libre
puede esperarase un considerable incremento de los ingresos en momentos
de expansión y una menor caida en momentos de contracción.
El saldo de largo plazo tenderá a ser positivo cuya traducción
en bienestar dependerá de las políticas de distribución
nacionales.
De otro lado, los beneficios derivados del incremento de la interdependencia
(multiplicidad de flujos y de interacciones) podrán atenuar
los condicionamientos estructurales existentes (la especialización
primario-exportadora). Si Estados Unidos es la locomotora del comercio
intrahemisiférico (representa el 40% de las exportaciones
de la CAN) y si sus beneficios asocian interdependencia diversificada
con progreso (incremento de oportunidades), el acuerdo debe ser
bienvenido. Especialmente cuando se considera que el comercio interandino,
luego de 35 años de articulación de un “mercado
de valor agregado” apenas representa el 10% del total de la
CAN, mientras que el comercio con Mercosur es menor y sigue siendo
tipo “norte-sur”.
Por lo demás, si se considera que el comercio intraregional
(70% en la Unión Europea, 40% en el Asia) es fundamental
para el progreso en escenarios de creciente integración vertical
derivada del comercio intrafirmas, se entenderá que los costos
de no incementar la dinámica intrahemsiférica es suicida
para países pequeños como los nuestros.
Más aún cuando la competencia interegional se incrementará
en el futuro (especialmente con el Asia) desviando recursos que
debieran orientarse a nuestros países. Para afrontarla es
fundamental, además, establecer mecanismos de cooperación
interegional (como la que se negocia con la Unión Europea)
sobre la base de asociaciones seguras (como la norteamericana) cuyo
compromiso supone la expansión de mercados cuya cohesión
depende también de la identidad de valores políticos
arraigados en más amplios espacios democráticos.
En este marco, se entenderá que la vinculación comercial
con Estados Unidos es también un activo de seguridad que
amplía el horizonte andino (tal como sucedió con la
expansión europea). Ese horizonte abarcará mañana
al Brasil y a la Argentina tal como fue contratado hemisféricamente
en 1994. Por ello no cremos en la divisón de América
Latina entre una del Pacífico y otra del Atlántico
(y menos cuando Suramérica es esencialmente “continental”)
como resultado del incremento de la relación intrahemisférica.
El proceso excluirá sólo a los que, como el régimen
venezolano, así lo decidan por razones ideológicas
y disfuncionales pretensiones geopolíticas.
Pero para que este proceso tenga éxito, deberá fortalecer
a sus Estados miembros. Por ello será necesario compensar
en el camino las asimetrías remanentes y no ceder la capacidad
de regulación política. Para ello, la implementación
del TLC será tan importante como su negociación.
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