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EDITORIAL
Cumbres iberoamericanas: mucho esfuerzo, escasos beneficios,
menor consistencia
Alejandro Deustua
24 de octubre de 2005
La correlación entre la importancia de las cumbres presidenciales
de carácter multilateral y sus resultados concretos es cada
vez más intensa. Aunque los beneficios intangibles de las
mismas –los puramente diplomáticos o los políticos
vinculados a la “socialización” de los estadistas-
sean un hecho, su imposible cuantificación y el precario
logro de beneficios tangibles no favorecen una opinión pública
aprobatoria de estos acontecimientos. La reciente cumbre iberoamericana
celebrada en Salamanca no escapa a esa sintomatología.
Y si ésta no podía excluirse del síndorme
aludido por razones contextuales ( la proliferación de cumbres
regionales y globales cuyas yuxtaposiciones son criticadas por los
propios participantes), la cumbre salmantina tampoco pudo escapar
a su aparente infertilidad material por razones atribuibles sólo
a sus miembros. En efecto, a pesar de haber procedido a su institucionalización
(la constitución de una Secretaría General de apoyo
con sede en España), la XV cumbre iberoamericana no sólo
no ha concretado logros reconocibles sino que, a juzgar por la complejidad
y desorden de su Declaración (1) y Comunicados (2) parece
haber perdido rumbo y especificidad.
Si desde 1991, cuando se realizó la primera cumbre iberoamericana
en Guadalajara, ésta se propuso agrupar a 22 países
de lengua española y portuguesa, es claro que su sentido
civilizatorio –el de confirmar una identidad ligada a Occidente
respetando la diversidad de sus miembros- se hizo más necesario
frente a la emergencia de un nuevo sistema sistema internacional.
Esta razón de ser debía poder reflejarse en el contexto
global mediante alguna forma de influencia a través de la
consulta y la concertación de sus miembros.
Sin embargo, a pesar de que a lo largo de 15 años esos fines
y propósitos han sido reiterados documentalmente organizando
una tradición embrionaria, hoy no es fácil determinar
cuál es el sentido de identidad colectiva fortalecido en
este proceso y mucho menos cómo éste se refleja en
el mundo. Si bien es cierto que el “espacio de cooperación”
iberoamericano en lo frentes políticos, económico
y cultural se ha ido formando, el peso de las circunstancias que
parece primar en su agenda resta mérito a su propósitos
orginales.
De otro lado, el modelo de organización iberoamericano tampco
se ha decantado al ritmo que se esperaba en 1991. Si por razones
de autonomía nacional de los socios iberoamericanos un “commowealth
británico” no es imitable como modelo y si la pretendida
centralidad sistémica de la cultura francesa tampoco proporciona
una referencia “francófona” a esta asociación,
los esfuerzos para organizar la identidad iberoamericana requerían
de un esfuerzo más laborioso y dedicado al respecto. Lamentablemente
éste no parecen haberse realizado aún con intensidad
suficiente ni ha sido expresado de manera políticamente eficaz
en las declaraciones finales que constituyen su “acervo”.
Está claro que éste si éste está ligado
a la lengua común –y a la cultura correspondiente-
la riqueza de la misma, definida como diversa, es su centro de gravedad
. Y siendo ésta fundamentalmente Occidental, debiera ser
hoy esencialmente liberal. Aunque de manera desagregada, así
se ha reconocido en Salamanca: los países iberoamericanos
compartimos una heredad que se traduce políticamente en la
promoción del multilateralismo global y de la democracia
local y, jurídicamente en el respeto del derecho internacional.
Sin embargo, las materialización de esa características
parecen ser hasta ahora bastante más complicadas de realizar.
En cuanto a las primeras, p.e., se ha establecido un conjunto de
criterios compartidos para la reforma de la ONU (eficiencia, participación,
transparencia, representatividad, igualdad soberana) pero no principios
unáninemente compartidos ni mucho menos candidaturas coincidentes
(los iberoamericanos no tienen intereses comunes en esta materia).
La falta de convergencia contemporánea en este punto medular
se refleja hoy también en la referencia a la democracia como
simple “factor de cohesión” al margen de su calidad
representativa y de su condición de principio medular de
la colectividad iberoamericana. Ello, por la fuerza de la inercia,
pudiera estar revelando un replanteamiento en la materia. En tanto
los principios de una organización no se alteran sin producir
el cambio radical de la misma, ésta situación, de
ser cierta, sería inadmisible para no pocos miembros entre
los que se encuentran Perú y España.
Si esta evolución ciertamente no puede explicarse sólo
por las evidentes debilidades del modelo de desarrollo económico
de las sociedades latinoamericanas (que no favorecen suficientemente
la inclusión social), mucho menos puede serlo por las excepciones
al régimen establecido: la emergencia de gobiernos que cuestionan
abiertamente la democracia representativa para dar paso a una supuestamente
participativa. Y si esta contradicción da paso a la abierta
solidaridad con una dictadura como la castrista -en cuyo altar se
condena las medidas coercitivas económicas unilaterales-
la inconsistencia va haciendo sitio a la autodisolución grupal.
En el primer caso, la cumbre de Salamanca parece ofrecer campo libre
a regímenes como el venezolano que cuestiona la “cláusula
democrática” tal como ha sido sucrita por la OEA, la
Unión Europrea, la CAN, el Mercosur y el Grupo de Río
en lugar de llamar la atención sobre el particular. Y en
el segundo, su condena el bloqueo económico norteamericano
de Cuba al tiempo que permite la participación ilimitada
y acrítica del régimen castrista es un signo de extraordinaria
debilidad colectiva. Si la democracia estuviera dejando de ser un
principio para devenir en un mecanismo de cohesión, las cumbres
iberoamericanas estarían ampliando extraordinariamente la
latitud de los parámetros de convergencia en tanto sus miembros
no se atreven a abogar por las libertades fundamentales para pueblos
ostensiblemente oprimidos como es el cubano.
Esta posición no sólo resta credibilidad política
a los socios iberoamericanos en tanto éstos vulneran los
principios básicos de su propia colectividad sino que confronta
a ésta, de manera inmatizada, con Estados Unidos debilitando
su condición occidental. Y también erosiona su consistencia
jurídica al no reportar una posición seria sobre medidas
coercitivas de carácter económico (olvidándose,
p.e., de la capacidad de retaliación de ciertas potencias
asiáticas y europeas y de otras medidas unilaterales perniciosas
como los subsidios que bloquean las exportaciones latinoamericanas).
De allí que en lugar de comunidad iberoamericana, la Declaración
de Salamanca pareciera referirse más bien a espacios iberoamericanos
sobre los que la cooperación política, económica
(incluyendo inversiones) y social (migraciones) pueda fluir mejor.
Esperamos que la Secretaría General Iberoamericana agregue
consistencia política a la tradición diplomática
de este proceso y que articule mejor la identidad biregional de
la comunidad emergente. La dimensión occidental de la misma
-que forma parte de un acervo que la Declaración de Salamanca
no se atreve a afirmar-, no puede ser menospereciado para santificar
sólo la diversidad. Si los principios de una organización
política –especialmente las que se organizan periódicamente
en función de “cumbres”- no están claros
ni son firmemente compartidos, los beneficios tangibles que ésta
pueda proporcionar serán insuficientes, morosos y su origen
será escasamente reconocido.
(1) Declaración de
Salamanaca
XV Cumbre Iberoamericana, octubre 2005
(2) Comunicados Especiales
XV Cumbre Iberoamericana, octubre 2005
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