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EDITORIAL
Implicancias de un desastre natural en un centro geopolítico
Alejandro Deustua
31 de agosto de 2005
Si, en el siglo XIX, la adquisición de la Louisiana (y
la de Florida) por Estados Unidos fue fundamental para la organización
política de esa potencia y su dominio del Caribe, en el siglo
XXI, la proyección geopolítica de ese Estado federado
tiene alcance global.
Su predominante posición en el Golfo de México la
hace responsable del 2% de la producción mundial de petróleo,
de 25% de la producción norteamericana del hidrocarburo y
del 20% del gas. Y a través de su sistema portuario, el principal
para Estados Unidos y el quinto en el mundo, se canaliza el 15%
de las exportaciones norteamericanas (mucho más de las agrícolas)
y se importa el 10% del consumo petrolero de la primera potencia.
Si el huracán que acaba de cambiar la vida de 1 millón
de personas en esa localidad ha afectado sustancialmente estas capacidades,
los efectos internacionales de esa catástrofe pueden muy
bien rebasar los US$ 25 mil millones estimados.
Por lo pronto el impacto del incremento en los precios del petróleo
en circunstancias de alta volatilidad (un alza sustancial de la
demanda intermediada por agentes intensamente especualtivos y alimentada
por fuentes en muchos casos inestables y políticamente condicionadas)
permite suponer que la superación de la cota de US$ 70 no
será sólo de corto plazo. Aunque la evaluación
final del daño estructural en las instalaciones del Golfo
de México, aparentemente afectadas en más del 90%,
será determinante para definir la reacción del mercado,
la tendencia alcista ya ha establecido un nuevo piso (el rango de
US$ 65-US$ 70 por barril es, según algunos, el escenario
más beningno).
Y si, como es usual, la incertidumbre se traduce en expectativas
de mayores precios, éstos pueden incrementarse aún
más (la barrera de los US$ 100 por barril no parece ya irreal)
dinamizando una de las fuerzas que condicionan negativamente el
crecimiento global (el precio del crudo) mientras la otra (los déficts
norteamericanos) no mejora. En ese caso el crecimiento puede desacelerarse
aún más.
Para evitarlo Estados Unidos y la OPEP apenas proponen medidas
de corto plazo: el eventual empleo de las reservas estratégicas
por el primero y el incremento de la producción de no más
de 500 mil barriles diarios por el segundo (a pesar de que el Secretario
Genreral de la OPEP considera que el precio correspondiente a los
fundamentos económicos debiera estar entre US$ 50 y US$ 55).
Estas medidas puede servir para atajar expectativas todavía
mayores de incremento de precios pero no la tendencia de largo plazo:
el alza de US$ 10 por barril a US$ 70 en media década. Este
shock permanente ciertamente, ahora atizado por el desastre natural
, añade vulnerabilidad a los importadores netos (especialmente
entre los países en desarrollo). Su control nacional lamentablemente
nos encuentra sin instrumentos efectivos de corto plazo (el fondo
de estabilización establecido es claramente insuficiente).
En consecuencia, países como el nuestro ya no pueden postergar
medidas de largo plazo para hacer frente al incremento de los precios
del petróleo.
Con diferencia de énfasis, éstas son el cambio de
la matriz energética nacional hacia el uso consumo intensivo
del gas, el incremento de inversiones en exploración y la
integración energética andina. A ellas deben agregarse
tres iniciativas: la constitución de reservas estratégicas
andinas disponibles sin el predominio de los mayores productores,
una campaña diplomática de los importadores para constituir
un régimen regulador de los mercados especulativos y otra
para establecer bandas de precios en épocas de crisis en
un mercado donde la fuerte intervención política –y
de la naturaleza- cuestiona el libre juego de la oferta y la demanda.
A falta de otros medios, la mejor expresión de solidaridad
con los ciudadanos de la Louisiana y con los global y económicamente
afectados debe ser la de cooperar políticamente para que
la economía global no se desacelere más o se estanque.
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