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EDITORIAL
Crisis gubernamental y política exterior
Alejandro Deustua
17 de agosto de 2005
Con la toma de posesión del Primer Ministro Pablo Kuczynski,
el gobierno ya promedia algo más de un gabinete por año.
Teniendo en cuenta que el peso específico de cada uno de
los anteriores titulares (los señores, Dañino, Solari,
Merino y Ferrero) se estará de acuerdo que la causa de esta
rápida sucesión es muchos menos responsabilidad de
aquellos que de las circunstancias políticas generadas por
el gobierno, su entorno y por el Jefe de Estado.
El punto se confirma si se tiene en cuenta que el período
que se inició el 2001 ha estado relativamente liberado de
grandes presiones de seguridad –que no sean las propias de
la denominada “seguridad ciudadana”- y que, en la perspectiva
económica, las condiciones favorables del contexto externo
ha permitido un crecimiento sostenido de la economía (el
propio Presidente asegura que concluirá su período
con un incremento acumulado de 25% del PBI y más que una
duplicación de exportaciones). Es más, para este año,
el crecimiento proyectado por las encuestas mensuales del sector
privado realizadas por el Banco Central convergen en una perfomance
de 5.5% aun considerando factores exógenos negativos como
el extraordinario incremento del precio del petróleo (el
Primer Ministro se entusiasma, sin embargo, con un 7%).
Y aunque la insatisfacción social derivada a una inequitativa
distribución de la riqueza y de la concentración de
los beneficios del aumento del producto es evidente, no se puede
argumentar que el gobierno ha soportado un intratable acecho comunitario
(menos aún, cuando el propio Presidente anunció que
el “chorreo” ya se expresaba en incremento de empleo,
de ingreso disponible y de reducción de la pobreza).
Frente a estos hechos, el constante cambio de gabinetes confirma
ser el reflejo de una cuestionable conducción gubernamental
(los bajos niveles de aprobación mostrado por las encuestas
lo reitera), de unas lamentables relaciones interpartidarias (que
ni el Acuerdo Nacional ha solventado), posiblemente de una sobrereacción
ciudadana contra los defectos del liderazgo presidencial y del descontento
general con las condiciones institucionales de la democracia en
la región (ver Latinbarómetro).
Entonces ¿qué novedad muestra la crisis que se empieza
a superar? Pues la incorporación del sector Relaciones Exteriores
a las causas de desastabilización gubernamental. Esto no
había ocurrido en los últimos 50 años incluido
el turbio ciclo fujimorista.
La nueva causal –que compromete a la jefatura de una institución
tradicionalmente a cargo de la proyección del interés
nacional- no puede ser atribuida a un súbito incremento del
nivel de alerta ciudadana sobre las incidencias de nuestra política
exterior (ello ocurre desde hace tiempo) sino a la explícita
formulación de la política exterior como una variable
de la política interna y a la práctica consecuente
por el responsable de su conducción: el Canciller. Este error
deviene de una deficiente comprensión de esa variable propia
de la denominada globalización y de la incapacidad de trazar
una necesaria frontera referencial bajo estas circunstancias.
El nombramiento del señor Olivera a la Cancillería
por razones de puro cálculo partidario ante que de articulada
evaluación del interés nacional es la muestra más
palpable y reciente de ese error y de sus graves consecuencias.
Sin embargo, antes de que ello ocurriera, la equivocada compensión
de la relación entre política interna y externa establecida
a principios de la gestión del último canciller (“la
política exterior es una función de la política
interna”) ya se habían manifestado en tres dimensiones
adicionales por los menos.
En efecto, acciones de política intrahemisférica,
regional y bilateral tuvieron mal resultado debido a ese error original.
Así, el mal manejo de la candidatura peruana a la Secretaría
General de la OEA (que complicó a un respetado candidato
presidencial), de la irresponsable promoción del señor
Kuczynski a la presidencia del BID (que obtuvo sólo un voto)
y de la apresurada configuración de la Comunidad Suramericana
de Naciones (que ahora se define como un proceso, como lo sostuvimos
algunos, antes que como un hecho fundador) parecieron sustentados
en razones de política interna. Y aunque ello no ocurrió
de manera plena en la última crisis con Chile, ciertamente
a ella concurrieron serios desentendimientos locales a propósito
de un hecho ocurrido hace una década.
Otras tres características de nuestra política exterior
derivadas de malinterpretar la relación entre política
interna y externa están contribuyendo a generar errores adicionales.
La primera es el presidencialismo que, siendo un requerimiento de
los más rápidos tiempos políticos que nos toca
vivir, obliga a adoptar compromisos con mayor celeridad. El riesgo
acá, como lo comprueba la experiencia fujimorista, consiste
en un excesivo protagonismo presidencial que induce a la manipulación
de la decisión para fines propios, lo que incrementa su margen
de error.
La segunda característica es la intensa concentración
del proceso de toma de decisiones en la Alta Dirección de
Cancillería. Al impulso de la celeridad de los acontecimientos
y de la predisposición mediática del Canciller (propensión
confundida con las denominadas “políticas públicas”)
el titular de la cartera tiende a delegar menos y a descartar un
más racional empleo de las diferentes instancias del proceso
de toma de decisiones en Relaciones Exteriores. En este caso, la
excesiva concertación decisoria conduce eventualmente al
autoencapsulamiento y, por ende, a la equivocación.
La tercera característica es el populismo incorporado a
la política exterior (“llevar la política exterior
a la gente”). En este punto, el Canciller no sólo confunde
la promoción de la cooperación internacional y la
redefinición administrativa de los consulados con una denominada
“política social” sino que distorsiona su función
yuxtaponiéndola a la que corresponde a otras reparticiones
públicas. El protagonismo reclamado para estos menesteres
induce eventualmente al Canciller a comportarse como un político
partidario y a favorecer el acceso de los correligionarios de turno.
Si el resultado de este conjunto de interacciones conduce a la
indeseable conclusión de que el Ministerio de Relaciones
Exteriores aparezca en el centro de una crisis de gobierno, la causa
que la produce debe ser corregida o eliminada.
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