EDITORIAL

La inversión extranjera y el nuevo conflicto social

Alejandro Deustua
8 de agosto de 2005

Si la inversión extranjera directa creció en América Latina hasta US$ 43900 millones en el 2004 (CEPAL), uno de sus destinos sectoriales predilectos –los recursos naturales- sufrió, de manera paralela, el desincentivo de los conflictos sociales. Si esa correlación es esepcialmente visible en la subregión andina, ciertamente ésta no es beneficiosa para nadie.

La primera observación al respecto deriva de la importancia relativa de la inversión extranjera en la región. Ésta fue equivalente a alrededor del 25% de los flujos hacia los países en desarrollo en claro contraste con la orientada hacia el Asia emergente (US$ 87600 millones) de un total de US$ 189400 millones en el 2004 (FMI) El de grado de concentración en el Oriente es aún más significativo por sistemático (el año pasado duplicó los flujos hacia Latinoamérica) y por su impacto en la generación de superior productividad y competitividad en la economías de esa región.

A esa evidencia debe agregarse la correspondiente a dos constantes adicionales: la concentración de la inversión en los países grandes de los países en desarrollo (China, India, México y, en lo que cabe, Rusia) y entre los países grandes de la región (tradicionalmente México, Brasil y Argentina y ahora, Chile). En consecuencia, la inversión extranjera orientada hacia la subregión andina puede haber crecido en términos absolutos, pero en términos relativos es una corriente constante perdedora frente a otros destinos.

Aunque la inversión extranjera en la subregión andina se ha diversificado, la participación del sector primario sigue siendo principal. Si ello genera o no dependencia es algo que debe cotejarse con la orientación de los términos del intercambio pero teniendo en cuenta el beneficio de los ingresos de divisas que las exportaciones de minerales y petróleo representan para la balanza comercial de nuestros países. En este caso, aunque no corresponda a lo deseado, las inversiones en el sector primario siguen siendo la principal fuente de divisas por exportaciones de nuestros países (en el Perú éstas representan 65% del total).

Por tanto, en tiempos de creciente interdependencia, éstos flujos debieran merecer mejor atención no sólo legal sino política de parte de los receptores. Ello ocurre en la subregioón andina en lo que toca al Estado, pero no necesariamente con los sectores sociales.

El ejemplo contemporáneo de parcial resistencia social a la inversión extranjera, tiene centro reconocible en Bolivia. Quebrado el consenso nacional sobre la reforma neoliberal y debilitada la barrea social que contenía un problema de seguridad (el narcotráfico y su vínculo con las organziaciones cocaleras) sus representantes, requeridos de legitimidad interna, dirigieron su mayor esfuerzo conra el “modelo” exacebando la revindicación de un interés nacional –la mediterraneidad boliviana- y actualizando viejas banderas –la defensa de los recursos naturales, en este caso el gas-. Si la confrontación se resolvió parcialmente a través de un referendum que justificó el uso político del hidrocarburo, su radicalización se resolvió con la caida de dos gobiernos legítimos. Sin embargo, la confrontación remanente con la inversión extranjera se mantiene.

Luego de la toma de locales y la expulsión de empresas declaradas no gratas (Suez), las empresas obligadas a adecuarse a la nueva ley de hidrocarburos no se han retirado del terreno, pero las mayores –Repsol, Total y British Peroleum- han mostrado disposición a llevar su caso a los tribunales. En un contexto político más calmado bajo el gobierno de transición del presidente Rodríguez, el gobierno ha decidido negociar para evitar que el Estado se vea envuelto en procesos jurídicos que puede o no ganar, pero que supondrán enorme gasto a un costo adicional: la ausencia de inversión suficiente, menores ingresos para un gobierno urgido de recursos fiscales y un probables castigo de las clasificadoras de riesgo. Sin embargo, a la luz del incremento del precio de los hidrocarburos, algunos están dispuestos a dar la pelea por el control estatal de los recursos hasta el final.

De otro lado, bajo el amparo del formidable incremento de los precios del petróleo, el gobierno venezolano ha llevado su política de hostilidad general a otro frente: la disputa tributaria del quinto productor mundial con las empresas petroleras que representan 40% de la explotación interna del recurso. En efecto, el gobierno de Venezuela sostiene que ciertas empresas han defraudado al Estado hasta por US$ 3000 mil millones de impuestos y ya ha roto fuegos con una de ellas: la Shell. Si la defraudación existe (poco más de US$ 100 millones), la empresa debe pagar. Pero si, al amparo de una disposición a elevar impuestos y regalías, el gobierno estuviera utilizando el poder económico que el mercado le ha brindado para imponer condiciones aún mayores, el resto de de países de la subregión deberá prevenirse: el mal clima político en Venezuela incrementará el mal clima social para la inversión necesaria en nuestros países con el añadido de que las empresas no desinvertirán en Venezuela para trasladarse a algún vecino.

En el caso peruano, los movimientos de sectores sociales afectados por las explotaciones y exploraciones mineras en marcha y en estudio están añadiendo a los problemas institucionales y legales altos niveles de riesgo que elevarán el costo de los emprendimientos. En este caso las organizaciones sociales cuya actividad económica se vea afectada –especialmente la agrícola-, están en todo su derecho a reclamar prevenciones y compensaciones por eventuales perjuicios o daños. Pero la dimensión política que ciertos sectores pretenden agregar a estas protestas excacerbando la percepción del daño y la forma cómo aquéllas se expresan (destrucción de obras, campamentos y materiales), tienden a ahuyentar al capital que el país necesita. Ello es aún más grave cuando la Policía Nacional infiere el concurso en estos movimientos de fuerzas financiadas por el narcotráfico o presencia de sectores radicales del espectro político (el caso de Piura).

La relación entre inversión extranjera en recursos primarios y los estados anfitriones ha sido hasta los años 70 del siglo pasado compleja y volátil. El componente de riesgo, por tanto, tendió a ser muy alto. Luego, en los años de la reforma liberal el riesgo tendió a disminuir en la subregión. Y ahora, la curva parece encontrar un nuevo punto de inflexión apuntalada por la resistencia social. Frente a esta realidad nuestros gobiernos deben distinguir los justos reclamos de los realmente afectados de aquéllos que los explotan para otros fines. Y en lo que toca a las obligaciones tributarias de las empresas, los gobiernos deben exigir el cumplimiento de la ley pero distinguiéndolo claramente del exceso derivado de la exacerbación generada por la presión colectiva.

Para ello es urgente un entendimiento directo entre empresas, Estado y sectores sociales afectados teniendo en cuenta que nuestra subregión no es, a pesar de la apertura, un destino financiero privilegiado y que conflictos de esta naturaleza incrementan el riesgo para las empresas, pero también para el país.

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El Editor (ADC)