EDITORIAL

Unión Europea: una apertura estratégica para el Perú y la CAN

Alejandro Deustua
15 de julio de 2005

La Comisario de Relaciones Exteriores de la Unión Europea, Benita Ferrero-Waldner, acaba de expresar el interés de la Comisión Europea en apoyar políticamente al Perú, promover adicionalmente la cooperación comunitaria con el país y fomentar el objetivo de lograr un acuerdo de asociación entre la Comunidad Andina y la UE. La intensa exposición de la visita y el nivel en que ésta ocurre puede ser el más fuerte respaldo que un representante occidental ha otorgado al Estado desde que el presidente Bush visitara el Perú en el 2002.

Esta manifestación -y sus consecuencias- remarcan una evidencia que muchos hoy no desean ver ni convalidar: el Perú, aunque situado en la periferia de Occidente, tiene una esencia occidental regida por principios cuya expresión operativa procura una mejor inserción con las potencias y organizaciones que integran esa civilización. Aunque, como todo Estado contemporáneo, el Perú busque diversificar sus relaciones, éste es el punto de partida político fundamental que complementa su calidad de país en desarrollo.

De otro lado, aunque la señora Ferrero-Waldner ha reconocido públicamente la calidad estratégica del Perú –el país más estable y, por tanto, el de mayor perspectiva en la subregión andina- que muchos hemos estimado hace tiempo, los desafíos a ese status vienen incrementándose en los últimos meses. El mal manejo de crisis externas, la tolerancia creciente de los poderes públicos a la corrupción y la debilidad en el combate de amenazas globales cada vez más desafiantes (como la tendencia a “legalizar” el cultivo de coca por autoridades regionales sin suficiente respuesta del Ejecutivo) están poniendo en cuestión esa calidad estratégica que orienta la percepción europea.

En consecuencia, el Estado debe asumir a la brevedad la ofensiva para revertir de inmediato tales desafíos hasta superar la amenaza si no desea traicionarse a sí mismo, precipitarse en el caos que oscurece el destino de algunos vecinos y perder la condición de interloctor andino que la Unión Europea hoy le reconoce.

En cuanto al status de principal receptor de cooperación de la Europa comunitaria en la subregión (US$ 500 millones entre 1991 y el 2004), éste se mantendrá aunque esperamos que lo haga de manera proporcional a menores requerimientos de asistencia. En efecto, si en la medida en que el país requiera progresivamente de menor cooperación asistencialista los indicadores de viabilidad se incrementarán, el objetivo nacional debe ser el de lograr un nivel de progreso que suponga , en el largo plazo, la cancelación de tales programas y que éstos sean reemplazados por mayores flujos de interdependencia que brinden mayor significado a lo que ahora es sólo un dato estadístico: la Unión Europea es el segundo segundo socio comercial del Perú (US$ 3000 millones de exportaciones empleando 90% del SGP drogas que será reemplazado por el SGP Plus hasta cubrir 7200 partidas) y el primer inversionista (US$ 8 mil milllones en los últimos 4 años). Que la UE sea hoy el primer donante de asistencia revela su generosidad –especialmente en programas de lucha contra la pobreza y las drogas- , pero ello no fortalece necesariamente el status nacional.

En lo que hace al interés compartido del Perú, la Comunidad Europea y la CAN de profundizar la integración subregional y ampliarla a través de una asociación estratégica CAN-UE, hay mucho trabajo por hacer. La señora Ferrero-Waldner ha expresado, sin aparente condescendencia con el protocolo, que la Unión Europea considera que la relación con la América Latina es estratégica y reclama, por tanto, un vínculo de “partenariado” (término que debe traducirse mejor como asociación o alianza) en el que la relación institucional con la CAN y el Mercosur es fundamental para su proyección externa. Pero su discreción impulsó a omitir una realidad política: la región no es precisamente la primera prioridad para la política exterior comunitaria y tampoco una de las más privilegiadas.

Por tanto si vamos a ir a acuerdos de asociación en estas condiciones, el objetivo nacional y regional debería ser no sólo el de incrementar la interdependencia con el corazón de Occidente sino el de mejorar el posicionamiento latinoamericano en relación a la UE. A la luz de los principios y valores nominalmente compartidos –y parcialmente frustrados- hace 184 años, América Latina debe esforzarse para constituirse en el tercer vértice político del triángulo occidental. Nuestra política exterior debe establecer esa condición y hacerlo de manera que sea universalmente reconocida.

Este objetivo requerirá un gran esfuerzo económico y político que el Perú debe precisar mejor como interés nacional. La Comunidad Andina, alumbrada bajo el modelo de integración europeo, los requerimientos económicos identificados por la CEPAL y no escasos objetivos geoplíticos, intenta perfilar ese interés ahora a través de la vía procesal promoviendo un acuerdo de asociación que debe empezar a negociarse en la cumbre andino-eruopea del 2006 a realizarse en Viena. El origen cercano de ese largo proceso ha sido oficialmente establecido en el Convenio de Diálogo Político y Cooperación (Roma, 2003) y en la Cumbre de Guadalajara (2004) y su desarrollo pasa por la actual evaluación conjunta andino-europea sobre la calidad del proceso de integración subregional.

Entre otros obstáculos, éste tendrá todavía que superar –a través de criterios flexibles- el hecho de que, por ejemplo, a pesar del tiempo transcurrido (tres décadas) la CAN no constituye aún una unión aduanera seria. De manera complementaria, ese obstáculo podrá ser superado estableciendo acuerdos de cooperación sectorial eficaces en materia de cohesión social, medio ambiente, energía, drogas y promoción del empleo, por ejemplo.

Estos objetivos se acaban de definir en la reunión del Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores con la señora Ferrero-Waldner al enfatizarse el apoyo al Plan Integral de Desarrollo Social de la CAN que busca articular los objetivos de la integración con metas sociales que debieran ser incorporados a las políticas económicas de los países miembros. En tanto en este acápite la idea es de naturaleza primaria - promover la gobernabilidad democrática a partir de políticas de inclusión que añadan participación a la democracia representativa-, se verá que el objetivo de una asociación más o menos equilibrada tiene un punto de partida bastante bajo. Si bien éste distancia la realización plena del objetivo también ofrece un rango de interrelación de techo bastante alto.

En esta perspectiva deberá tenerse presente que las posibilidaes andinas de llevar a cabo políticas de cohesión que sustenten la integración no podrán, de momento, aproximarse al modelo europeo. Éste patrocina protección social suficiente, promueve efectivamente el empleo y los derechos laborales, protege a los grupos más vulnerables, procura eficazmente la igualdad de oportunidades y la inclusión y promueve un trato migratorio convergente. Los fondos con que cuenta la UE para llevar a la práctica estos objetivos –al margen de los disponibles para la cohesión regional- sencillamente no están al alcance de los países andinos. Por lo demás, la orientación de nuestras políticas económicas inhiben hoy la incorporación plena de esos objetivos. Por lo tanto, el esfuerzo andino en la dirección anunciada deberá redoblarse definiendo metas cuantitativas realizables de acuerdo a nuestras posibilidades.

De otro lado, la señora Ferrero-Waldner ha propuesto en Lima un escenario común en donde los intereses compartidos tengan mejor capacidad de realización: el multilateralismo como columna vertebral de las respectivas políticas exteriores. Eso está muy bien, siempre que se recuerde que el bilateralismo es hoy, quizás más que ayer, una realidad de nuestra proyección externa y que, en el ámbito actual de reformas de la ONU que implica la ampliación contenciosa del Consejo de Seguridad como tema medular, el multilateralismo encontrará dificultades. Por ello, la señora Ferrero-Waldner ha dejado claramente establecido que, en tanto el proceso de ampliación del Consejo no está asegurado, es necesario que andinos y europeos se concentren en trabajar conjuntamente en otras instancias de la ONU, especialmente en las instituciones que regimentan los acápites de derechos humanos y sociales.

Teniendo en cuenta las dificultades contextuales y la realidad de las asimetrías, la visita de la Comisario de Relaciones Exteriores de la Unión Europea confirma para el Perú y la Comunidad Andina una oportunidad estratégica que no podemos perder. El logro de un mejor posicionamiento en Occidente sobre la base de una sociedad democrática, económicamente más justa y socialmente mejor cohesionada depende de nosotros. Pero está claro que a la UE le interesa y desea echar una mano.

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El Editor (ADC)