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EDITORIAL
Perú-Chile: Recomposición y avance
Alejandro Deustua
11 de julio de 2005
La solución de una crisis es siempre bienvenida por los
involucrados en tanto éstos perciban un beneficio actual
o potencial en el resultado. Si éste se mide en relación
a lo retrocedido durante la etapa de contienda, la normalización
de la relación debe evaluarse en función de lo recuperado
primero y lo avanzado después.
En la relación peruano-chilena se acaba de recuperar la
funcionalidad de las instituciones de coordinación política
y de seguridad cuya operatividad fue cuestionada tanto por las dudas
sobre la buena fe recíproca como por el mal manejo de una
emergencia política. En cuanto a los contenidos, el nivel
de confianza aparentemente restablecido deberá evaluarse
tanto en relación a la magnitud del emprendimiento diplomático
que acabamos de presenciar como en función del futuro cumplimiento
de los acuerdos establecidos.
En términos diplomáticos, el esfuerzo desplegado
por ambas partes ha sido inmenso. La concurrencia, en Lima de ocho
ministros de Estado –los de Relaciones Exteriores, Defensa,
Educación y Economía- y la entusiasta calificación
del resultado por los respectivos Jefes de Estado, da muestra suficiente
de la voluntad de los gobiernos de Perú y Chile de restaurar,
por lo menos, el nivel de relación anterior a la crisis.
Sin embargo, el despliegue de autoridades de la más alta
jerarquía debe complementarse con una adecuada evaluación
sobre la forma cómo discurrió la reunión de
la instancia principal (el 2+2), la ausencia en ella de temática
contenciosa y la continuidad del proceso que se reinicia. El acápite
económico, vinculado a la interación energética,
merece trato aparte a la luz de su dimensión plurilateral.
En términos inmediatos, el éxito de la reunión
de los mecanismos de consulta y coordinación política
y de defensa parece asegurado por la sólida disposición
de los respectivos ministros a sujetarse a los términos de
una agenda concreta relativa al tema que originó la crisis
–la desconfianza en torno a las adquisiciones y transferencias
de armamento- y de tratar, “por cuerda separada” los
temas controvertidos –como el de la delimitación marítima-
. En el corto plazo, el proceso diplomático continuará
con una visita oficial del Canciller del Perú a Chile en
agosto próximo. Allí veremos cuánto y cómo
se espera progresar.
Para remarcar el muy buen resultado de la reaproximación,
el predominante ámbito de seguridad ha querido ser complementado
por acuerdos de cooperación en materia educativa no alejados
del acápite principal de la convocatoria (p.e. la presentación
de trabajos académicos sobre un siglo de historia, que comprende
la Guerra del Pacífico, desde la perspectiva de autores peruanos
y chilenos) así como en materia de libre tránsito
de personas (los acuerdos para que turistas de ambos países
puedan visitar Perú y Chile supliendo el requisito del pasaporte
por el documento de identidad). Este acuerdo también sigue
el leit motiv de la reunión principal: siendo esencialmente
un convenio de integración –que aún debe ser
ratificado por los respectivos Congresos- éste ha sido calificado
como una medida de fomento de la confianza que incrementa la interdependencia
(en consecuencia, asumimos, que las medidas para prevenir el tránsito
de agentes irregulares han sido debidamente consideradas).
El avance fundamental en el campo no militar, sin embargo, no
provendrá de estos sectores sino de la eventual integración
energética entre Perú y Chile en el marco de la integración
suramericana. A este punto nos referimos en otros artículos
(1)
En lo que toca a los acuerdos sobre control y limitación
de armamentos se puede decir que su carácter reiterativo
(p.e. cumplir con las obligaciones de informar a las instancias
de la ONU y la OEA sobre compras y transferencias de armamentos
en función de acuerdos multilaterales sobre transparencia
existentes) parece asumir que estos acuerdos no estaban siendo respetados.
En tanto ahora debieran serlo, éstos debieran generar mejor
disposición de trato entre las partes sobre la base de la
recuperación del terreno perdido en este acápite fundamental.
El avance, si se se desea, tiene acá la virtud de reparar
una omisión.
De otro lado, la cuestionable política de acordar el inicio
de la ejecución de una materia cuyos trabajos previos aún
no han culminado –práctica que sembró serias
dudas sobre instancias tan importantes como la Comunidad Suramericana
de Naciones, p.e.- se ha vuelto a repetir en esta oportunidad. Ésta
se refiere acá a la decisión de pasar a la fase de
ejecución de las medidas estandarizadas de medición
de los gastos de defensa cuando tales medidas aún no superan
la fase de estudios. Sin embargo, en tanto que esos estudios –que
lleva a cabo la CEPAL- existen y el efectivo tránsito es
posible en un futuro cercano, el acuerdo debe tomarse como una muestra
de buena fe y de reiteración de una obligación que
las partes tienen la certeza que cumplirán.
Similar apreciación merece el entendimiento para coordinar
esfuerzos en operaciones de mantenimiento de la paz. En materia
de entrenamiento estos desarrrollos ya se realizan en el Cono Sur
mientras que Perú aún carece de logística suficiente.
Sin embargo, aunque Chile tiene mayor capacidad de despliegue externo,
la cooperación potenciará la proyección conjunta
de intereses compartidos en el ámbito de la seguridad colectiva.
Lamentablemente, no se han dado a conocer detalles operativos de
este esfuerzo que tiene un extraordinario potencial conjunto.
Desde de nuestro punto de vista, tanto o mayor relevancia tiene
la disposición mutua de aceptar las adquisiciones de defensa
de cada parte bajo los principios de que éstas “no
serán excesivas” y de que “no desatarán
una carrera armamentista”. Este es un acuerdo realista y flexible
que deja de lado un imposible acuerdo inmediato sobre limitación
de armamentos (cuyos esfuerzo se concentrarán en la OEA)
al tiempo que legitima la potenciación de cada Estado de
acuerdo a sus necesidades en el entendimiento de que éstas
adquisiciones no serán consideradas hostiles. Este es un
acuerdo novísimo que, de cumplirse, debiera atenuar la desconfianza
propio del debate estratégico en la zona.
Sin embargo, en tanto este entendimiento acepta implícitamente
la superioridad militar chilena y la racionalidad de la búsqueda
de equilibrio razonable por el Perú, es nuestro país
el más obligado en el intento de lograr ese objetivo en el
Pacífico sur suramericano. En esta materia, que implica la
disminución de la asimetría militar, el esfuerzo nacional
ad hoc debe ser incorporado a toda política exterior y de
defensa futura y reposar menos en una supuesta protección
de terceros.
Y ya que el tema de las asimetrías se incorpora a la agenda
implícita de la relación peruano-chilena, ésta
deberá tenerse en cuenta también en las futuras negociaciones
de un acuerdo de libre comercio con nuestro vecino. Aunque ésta
acápite no fue mencionado en la reunión, es necesario
reconocer desde ahora que dicho acuerdo no será de comercio
de mercancías (la transacción del 85% de las mismas
ya coforman una TLC “técnico” en el ámbito
del vigente acuerdo de complementación económica)
sino de servicios y asuntos vinculados al comercio. En tanto en
ambas materias –que incluye inversiones-, Chile es la parte
fuerte en el mercado nacional, deberán adoptarse las salvaguardias
del caso para asegurar una mejor y real participación de
agentes económicos peruanos en los beneficios de ese eventual
acuerdo y dejar establecida la importancia de los sectores sensibles
(puertos, aereopuertos, transporte, etc) que deben ser vistos con
especial atención.
Ahora que la relación con Chile acaba de “relanzarse”
luego de un manejo inadecuado de una crisis insensata, la prudencia
en el manejo de los equilibrios en la distribución de beneficios
de los acuerdos presentes y futuros resulta indispensable para no
volver a desandar el camino avanzado.
Y también será necesario evaluar conjuntamente,
y a la brevedad, mecanismos de prevención y control de crisis
que, como la que acabamos de superar, traten sobre temas del pasado
o del presente que puedan ser actualizados por agentes exógenos
–como, p.e., “el caso del general Bayas”-, por
los medios de comunicación o por otras instancias. A la luz
de la tortuosa historia bilateral, éstos se seguirán
presentando y seguirán influyendo intensamente en la política
exterior de ambos países. La auscultación de estos
mecanismos son tanto más urgentes en tanto que hasta las
instancias institucionales existentes (el 2+2) pueden ponerse en
riesgo por su ausencia y crear, en consecuencia, una crisis mayor
como la que Perú y Chile acaban de experimentar.
(1) Ver en Economía:
Ver en Desarrollo:
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