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EDITORIAL
Pugna diplomática en torno a la seguridad colectiva
Alejandro Deustua
1 de julio de 2005
Desde que en diciembre pasado un grupo de trabajo convocado por
el Secretario General de la ONU recomendara un conjunto de reformas
estructurales y estratégicas del sistema de seguridad colectiva
global, el proceso ha continuado su marcha silenciosa impulsado
tanto por el ánimo reformista que el señor Annan ha
inducido a su gestión desde 1997 como por las potencias más
interesadas en producir cambios especialmente en el Consejo de Seguridad.
En efecto, el documento “Informe sobre Amenazas, Desafíos
y Cambios” hecho público a fines del año pasado
ha sido ya procesado, de manera más bien genérica,
por la Secretaría General y la presidencia de la Asamblea
General. Aunque el documento se refería a una ampliación
del concepto de amenaza a las de carácter socio-económico
(p.e.,las pandemias y la pobreza), político (p.e., la viabilidad
de los Estados) y otras de ámbito transnacional (especialmente,
el terrorismo), a la posibilidad de ejercer la defensa preventiva
y a varios escenarios de ampliación del Consejo de Seguridad,
la focalización periodística se ha concentrado en
estos últimos.
Dada la naturaleza controversial de una reforma de esa instancia
central que no provenga de una guerra sistémica (como ocurrió
con la Liga de las Naciones en 1919 y con las propias Naciones Unidas
en 1945) o de una alteración que no modifique el número
de Miembros Permanentes (la incorporación de China en 1971),
la diplomacia multilateral ad hoc ya ha hecho públicos los
conflictos de intereses entre los agentes comrpometidos.
Para empezar el grupo de potencias emergentes que aspiran a un
sitio paritario entre los Miembros Permanentes del Consejo de Seguridad
se ha reducido a cuatro. Así, si Egipto, Sur Africa o Nigeria
no parecen hoy muy activos o visibles en la promoción de
sus propias candidaturas, Alemania, Japón, Brasil e India
han establecido un grupo de patrocinio colectivo de las mismas.
En efecto el denominado Grupo de los 4 realiza, de manera colegiada
e individual, una activa campaña de articulación de
un consenso general en torno a la legitimidad de su aspiración
con miras a que ésta cuaje en la próxima reunión
de la Asamblea General en setiembre próximo (un objetivo
difícil de lograr).
Sin embargo, la actividad de ese grupo no se ejerce sin la oposición
de quienes plantean una más amplia reforma del Consejo sustentada
más por el sufragio que en atención a la capacidad
de poder de las potencias ya enumeradas o referida a su cuestionada
representación regional. Italia, Pakistán y Argentina
son, entre otros, miembros de este grupo.
De esta fricción predecible no emanará una mayor
legitimidad global respaldada en adecuada representación
regional que incremente eficazmente la seguridad de todos los miembros
de la ONU. Como lo hemos sostenido en enero en esta revista (1),
esa contienda diplomática puede generar mayores fisuras en
el mecanismo de seguridad colectiva que soluciones a los crecientes
problemas que, en esta materia, afronta la comunidad internacional.
Ello se debe fundamentalmente a que la eventual incorporación
de nuevos Miembros Permanentes del Consejo de Seguridad creará
una nueva jerarquía de poder en el sistema internacional
que no se sustentará, de manera incuestionable, en la capacidad
de poder de esas potencias sino en atributos parciales como la capacidad
econonómica o la admisión de vagos títulos
de status como el de “potencias emergentes” signadas
por el tamaño de su mercado, peso demográfico y alguna
capacidad tecnológica o militar que otras potencias, de menor
dimensión, ciertamente pueden haber desarrollado mejor.
Por ello consideramos que la mejor alternativa para lograr una
mejor representación en el núcleo del Consejo de Seguridad
es la opción por una instancia intermedia: la de miembros
semipermanentes que tendrían una vigencia de cuatro años
en el Consejo (dos más que los miembros no permanentes) y
que podría rotar haciendo sitio a sus competidores.
El problema es que esta categoría no está siendo
adecuadamente valorada por los nuevos candidatos que no sólo
obtenienen muy contados respaldos de Miembros Permanentes (el caso
del apoyo del Reino Unido a Alemania y Francia) sino que aquéllos
plantean abiertamente un reconocimiento del derecho de veto (aparentemente,
el caso del Japón) o desean emplear el Consejo de Seguridad
para “impulsar la multipolaridad” (situación
estructural del sistema internacional que no se adquiere con votos
sino a través del incremento de la capacidad de poder) como
condición de un mejor ejercicio del multilateralismo (como
sería es caso de Francia). La primera exigencia ha merecido
el silencio de Estados Unidos y la oposición de China. La
segunda olvida que fue bajo el sistema bipolar que la diplomacia
multilateral se ejerció con intensidad no igualada en la
historia.
Como resultado de estas pugnas, la ampliación de los miembros
No Permanentes del Consejo no está siendo adecuadamente evaluada
a pesar de que esta opción no presenta los problemas de status
que importa la admisión al núcleo central del Consejo
de Seguridad.
Y si esta falla está a la vista, podrá concluirse
que la discusión del resto de la agenda reformista de la
seguirdad colectiva está siendo atendida con aún menor
eficiencia y que, por tanto, los problemas de ampliación
de amenazas que conciernen hoy a la seguridad colectiva y la evaluación
de la necesaria –y controversial- defensa preventiva, tampoco
están siendo adecuadamente discutidos.
A pesar de que las potencia intermedias o pequeñas, como
el Perú, no podrán eludir el debate sobre la ampliación
del Consejo de Seguridad, éstas deberían cuidarse
de no formalizar una nueva jerarquía de poder que incrementaría
su grado de subordinación jerárquica en el sistema
internacional. Y, al hacerlo, deberían exigir una mayor atención
a los problemas derivados del deficit de prestación de seguridad
colectiva por defecto de compromiso multilateral en ese emprendimiento
internacional antes que global.
(1) Ver en la sección POLITICA:
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