EDITORIAL

Integración energética y condicionalidad boliviana

Alejandro Deustua
29 de junio de 2005

La integración energética es una vieja aspiración andina y conosureña de seguridad económica. Aunque el tema ocupa un sitio desde hace tiempo en las agendas regionales éste ha tendido a replantearse políticamente prefiriendo realizaciones de carácter bilateral y parcial (los casos iniciales de Perú-Ecuador y Perú-Bolivia, o los más intensos como los de Bolivia-Brasil, Argentina-Chile o Paraguay-Brasil-Argentina).

A pesar de que la materia tiene un connotación estratégica que no escapa a nadie –especialmente en el caso de los hidrocarburos-, la aproximación oficial en la región ha sido la de buscar ventajas mutuas en el entendido de que éstas no pueden ser simétricas. Sin desconocer la importante calidad geopolítica del escenario enriquecido por la energía, nuestros países, al revés de lo que ocurre en otras partes (el Medio Oriente o el Cáucaso, p.e.), no han optado por el empleo de la materia prima como un negocio intrínseca y excluyentemente influido por una dimensión estratégica mayor.

En la región la opción integracionista ha sido redefinida en el esquema IIRSA emergido de las reuniones cumbre suramericanas iniciadas el 2000. Este esquema –que, además de la integración energética, incluye la integración vial y de telecomunicaciones- ha sido aprobado por todos los miembros de lo que ha devenido en denominarse Comunidad Suramericana de Naciones.

Es en ese marco, que, a propósito de la crisis energética en el sur del continente, se ha replanteado la idea del llamado “anillo energético” referido a la interconexión de gasoductos regionales. El esquema incluye a todos los países del Cono Sur y al Perú habiéndose invitado a Bolivia sin cuyas reservas de gas el esquema no tendría mayor éxito.

Los que hemos criticado la conformación prematura de la Comunidad Suramericana de Naciones por haber adelantado un proyecto político sin contar con la infraestructura económica suficiente, hemos apoyado la iniciativa en tanto que ésta brindaría un soporte físico, de interdependencia y de confianza mutua a un mercado regional aún precario. La referencia ineludible es aquí la Comunidad Europea del Carbón y del Acero que dio pie a la Comunidad Europea y luego a la Unión Europea.

Sin embargo, las autoridades bolivianas parecen entender que el proyecto las margina en tanto su país no tomó parte de las conversaciones iniciales. A esa percepción errada, dichas autoridades agregan la amenaza de que de llevarse a cabo el esfuerzo integracionista, el compromiso de exportar gas por el Perú sería revisado en tanto aquél restaría sustento al uso del recurso como medio para intentar una solución del problema de su mediterraneidad.

Tal argumento es rebatible por varias razones. La primera es que Bolivia no ha resuelto aún cuál es el status de su recurso energético. En efecto, a pesar de que las autoridades bolivianas ya están poniendo en práctica la ley de hidrocaburos emanada de una crisis y que no cuenta con el consenso adecuado, el ánimo ciudadano sigue siendo el de someter la condición jurídica de esa materia prima a los términos que dictará una próxima Asamblea Constituyente. Como es bien sabido, una buena parte de los gremios del occidente boliviano que llevaron al país a una crisis cuasi terminal han planteado la nacionalización del recurso.

En consecuencia, mientras los bolivianos no se pongan de acuerdo, sus vecinos no podrán tomar decisiones sustantivas de integración energética. En esta materia, los mejores deseos de integración regional se topan con la incertidumbre que genera Bolivia en este acápite antes que con el supuesto ánimo manipulador de sus socios.

Una segunda razón oponible a la argumentación sobre el aislamiento boliviano radica en la política exterior de ese vecino. En efecto, Bolivia ha establecido que el gas es un instrumento que debe ser utilizado para solucionar el problema de su mediterraneidad. Este interés nacional ha sido fortalecido por un referendum. En consecuencia, antes que como instrumento de integración el vecino desea emplear el recurso energético como herramienta de poder priorizando ese uso sobre su aspiración de convertirse en un centro energético suramericano. En ese marco estimuló oficialmente la competencia entre Perú y Chile por el acceso a los derechos de salida del recurso. De allí que considere cualquier esquema de integración como un factor que erosiona la calidad del hidrocarburo como instrumento coercitivo de política exterior. Más aún si uno de los interesados principales en el esquema es Chile.

Una tercera razón que desmerece la argumentación de que los vecinos están aislando a Bolivia radica en una reciente oferta de la candidata socialista a la presidencia de Chile. La señora Bachelet, posible triunfadora en los próximos comicios de ese país, acaba de abrir la puerta a la posibilidad de nuevas conversaciones con Bolivia sobre todos los temas y ha replantedo un viejo esquema de integración entre las zonas fronterizas de Perú, Bolivia y Chile. Si esa oferta se materializa implicaría que un uso integracionista del recurso boliviano podría ser autorizado por los propios bolivianos en tanto facilite las negociaciones boliviano-chilenas. En ese caso, la alternativa peruana pasaría a un segundo plano.

Si las autoridades bolivianas están al tanto de estos planteamientos –como lo están- sería interesante que en lugar de proponer escenarios de aislacionismo y marginación , éstas abrieran una ventana integracionista en torno al uso del gas para crear un ambiente en el que el tema de su prioridad - la mediterraneidad-, pueda ser mejor tratado. Ésta no es sólo una mejor alternativa a la la del uso del recurso como instrumento de coerción sino que facilitaría a Bolivia un rol principalísimo como agente de integración energética en la que todos ganan. Especialmente ese país hermano.

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El Editor (ADC)