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EDITORIAL
La OEA, Bolivia y la irresponsabilidad colectiva
Alejandro Deustua
8 de junio de 2005
Mientras en Florida, la Asamblea General de la OEA escuchaba propuestas
sobre cómo potenciar la democracia y prevenir su vulneración
en el Hemisferio, en Bolivia el Presidente Mesa optaba por su segunda
renuncia al cargo en tres meses forzado por incontenibles fuerzas
de desintegración.
Como sucede en muchas crisis, los hechos que la generaron estaban
a la vista hace un buen tiempo pero fueron desatendidos por la irracionalidad
de la dinámica política. Es más, si desde octubre
del 2003 ese hombre justo que es el Presidente Mesa adelantó
el fracaso de su gobierno al promover la democracia directa (el
privilegio permanente de la consulta popular) y deponer públicamente
la legítima capacidad coercitiva del Estado (la consigna
“no matar” se identificó con la indisposición
a establecer el orden), la voluntad hemisférica para aplicar
la Carta Democrática, suscrita como condición de pertenencia
al sistema interamericano, se había evaporado.
En el contexto boliviano tal incapacidad se ratificó cuando,
en marzo pasado, el Presidente Mesa renunció revocablemente
asumiendo quizás que su alta popularidad se traduciría
en apoyo apurado por el temor ciudadano al vacío de poder.
El resultado fue, más bien, el fortalecimiento de quienes
cuestionaban el poder del Estado en ese país hermano.
Y mientras ello ocurría, los miembros del sistema interamericano
se distraían, con gran derroche de capital político,
en una insólita “campaña electoral” para
ocupar el cargo de la Secretaría General de la OEA. El hecho
coadyuvó a pasar por agua tibia un golpe de Estado en Ecuador,
antecedido por una muy cuestionable “reforma” del Poder
Judicial que permitió el retorno impune de un gobernante
corrupto, sin que la erosión del sistema democrático
en el vecino mereciera suficiente atención por los Estados
que han suscrito los fundamentales compromisos de la “claúsula
democrática”.
Como es evidente, entonces, la incapacidad o la ausencia de voluntad
para establecer el orden interno en Bolivia ha sido complementada
con la indisposición de los Estados americanos a sostener
principios internacionales esenciales para la buena marcha del régimen
hemisférico. Como resultado de estas tendencias pasivas,
la OEA ha producido, a última hora, no un documento que exija
el cumplimiento del compromiso colectivo con la democracia representativa
sino apenas una invocación para que la crisis boliviana se
solucione de acuerdo a la ley a cuyos efectos se ofrece una indefinida
cooperación.
Esta declaración no sólo no contribuye a restablecer
el orden democrático en Bolivia ni a resguradar al sistema
hemisférico en la materia, sino que atenúa la inserción
de la región en Occidente. Es verdad que la urgencia de la
crisis boliviana requería una respuesta rápida en
el marco de la morosidad mostrada hasta ahora. Pero la naturaleza
declarativa de la resolución ampara la posición de
que la solución de la crisis en cuestión corresponde
sólo al ámbito interno de un Estado en riesgo de inviabilidad
e impulsa la involución de la Carta Democrárica hacia
la interpretación estricta del principio de no intervención
en una materia en la que ese principio se había flexibilizado
ad hoc por convencida decisión unánime.
En consecuencia, no sólo el régimen de defensa colectiva
de la democracia representativa en el Hemisferio –que es el
quid pro quo de la militancia occidental latinoamericana- ha sido
erosionado seriamente sino que se ha incrementado la capacidad desestabilizadora
de las fuerzas que hoy corroen un Estado localizado en el corazón
suramericano.
A caballo de estas fuerzas centrífugas, la renuncia del Presidente
Mesa tiende a ser vista como una posibilidad de solución
en tanto que éste no encontró sustento en ninguno
de los baluartes regionales, ni en los partidos políticos
ni en los poderes fácticos. Curiosa solución ésta
que exalta la disolución de la autoridad como práctica
reiterada con la esperanza de una recomposición interna basada
en una nueva consulta electoral.
Los que así piensa olvidan que la eventual elección
de un nuevo Jefe de Estado en Bolivia no restablecerá el
principio de autoridad en tanto que competirá con los reclamos
contenciosos de una Asamblea Constituyente y de los referenudms
autonómicos. Mientras el orden dependa de la decisión
de una ciudadanía peligriosísamente polarizada, las
tendencias anárquicas antes que la democracia representativa
prevalecerán en Bolivia.
Para que ello no ocurra, el rol de la mediación es hoy fundamental.
La Iglesia lo intenta llevar a cabo en una situación que
confronta a occidente con oriente, a estatistas con liberales, a
reformistas que miran hacia fuera y revolucionarios regresivos y
endogámicos.
Si en este contexto, el rol mediador no es suficientemente vigoroso
–y hoy no lo es en Bolivia-, las posiciones de fuerza tendrá
siempre la sensación de victoria y actuarán en consecuencia.
Si bien éstas son manifiestas en ambos bandos, quienes llevan
la ventaja son aquellos que han mostrado disposición a recurrir
a la violencia de masas liderados por agentes que han radicalizado
su posición conforme escalaban el conflicto social (el señor
Morales, por ejemplo, ha pasado de ser un defensor de cocaleros
e indígenas, a ser un protector de los recursos naturales
y promotor de nacionalizaciones para terminar invocando abiertamente
la lucha de clases). Los escenarios fragmentadores que implican
la beligerancia armada no son hoy en Bolivia sólo una típica
exageración de las primera planas periodísticas.
Por ello es que si antes la comunidad hemisférica debió
fortalecer la mano del Presidente Mesa con mayor vigor, hoy los
regímenes políticos interamericanos no pueden limitarse
sólo a ofrecer un amorfo respaldo a las autoridades legítimas
de Bolivia cuando ni siquiera se sabe cuáles son. Todos los
que que han suscrito la “clausula democrática”
en la región -la OEA, la CAN, el MERCOSUR, el Grupo de Río,
la Comunidad Suramericana de Naciones- están en la obligación
de promover acciones concretas de cooperación con Bolivia
y de exigirle a los representantes de los poderes institucionales
el cumplimiento de su deber.
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