EDITORIAL

China y el status de economía de mercado

Alejandro Deustua
25 de mayo de 2005

Perú, como casi todos los países en desarrollo, ha pagado un alto precio por la apertura de sus mercados y su inserción en un sistema económico signado por el extraordinario incremento de la interdependencia pero también por inmensas asimetrías. Los costos de la reforma se elevaron en tanto la apertura fue unilateral, no compensada en el momento y luego incrementada por mayor acceso de países desarrollados específicos (p.e. el TLC con Estados Unidos) que dará frutos superiores al acceso preferencial actual sólo en el futuro.

En consecuencia el Estado tiene perfecto derecho a reclamar por el indebido disfrute de los beneficios del sistema de comercio global por aquellos países que no han sufragado adecuadamente el precio de entrada y que mantienen economías que aún no tienen el status de mercado a pesar de haber ingresado a la OMC. Este es el caso chino entre una quincena de Estados. Y sin embargo, es posible que en el viaje del presidente Toledo a la China el Perú se concrete el reconocimiento de ese status que, aunque ya otorgado por Argentina y Brasil entre otros, ha sido denegado por la Unión Europea y Estados Unidos.

Cuando China ingresó a la OMC en el 2001, los países que integran el sistema internacional de comercio condicionaron el perfeccionamiento de su membresía a la efectiva liberación del mercado interno chino. Por ello se consideró a la economía de esa potencia como una en transición estimándose un plazo de 15 años para perfeccionar el cambio. Los miembros de la OMC convinieron en ello en tanto el Estado que organiza una economía inmensa como la de la potencia asiática se comprometía con las reglas del sistema multilateral. En la decisión seguramente influyeron también razones estratégicas: una potencia totalitaria que flexibiliza su mercado podría ser estimulada también a flexibilizar su régimen político.

Estas consideraciones no implicaron, sin embargo, la condonación de la escasa transparencia del mercado chino, la preocupación por la fuerte interferencia del Estado en la economía, el control en la formación de precios, el fuerte dirigismo empresarial, la falta de apertura del mercado de capitales o las condiciones de un mercado laboral tutelado que fija salarios extremadamente bajos para estándares de países en desarrollo.

De allí que los miembros regulares de la OMC establecieran que el no reconocimiento de China como economía de mercado fuera esencialmente una medida defensiva contra formas de producción y exportación que pudieran producir distorsiones del mercado a través de la competencia desleal. Si esa distorsión se produce, la responsabilidad de probar que ello no ocurre corresponde a China. Para ello se toman en cuenta los “precios normales” o en su defecto, los precios en economías de referencia o la estructuración del precio interno evaluando cada uno de sus componentes. Si la distorsión no se corrige, los países afectados pueden adoptar medidas compensatorias del daño (anti-dumping) y preventivas del perjuicio futuro.

Sin embargo, por razones políticas y para favorecer el comercio con una economía que importa extraordinariamente en volumen y valor desde varios países –especialmente de socios asiáticos y de Oceanía- un grupo de Estados han reconocido a China el status de economía de mercado. Y luego del viaje a Suramérica del Presidente chino Hu Jintao hace pocos meses, de la vaga promesa de inversiones en Brasil y Argentina en montos gruesamente establecidos en US$ 20 ó US$ 30 mil millones de dólares y de ofertas de incremento de importaciones de esos países, éstos y Chile comprometieron el otorgamiento a la potencia asiática el status de economía de mercado.

En relación a los dos primeros presumimos la existencia de negociaciones propias de potencias emergentes. Con Chile, la expectativa de negociaciones comerciales que ampliaran el acceso de sus exportaciones al Asia fue parte de la decisión. Perú comprometió el status –aunque todavía no lo concedió- a cambio de lo que los medios reportan: que el Perú fuera considerado como destino turístico oficial del Estado totalitario, quizás algunas facilidades de acceso y la prospección de inversiones mediadas también por razones políticas.

Si el gobierno va a formalizar el reconocimiento del status en cuestión, estas consideraciones no bastan. Las razones están a la vista: China compite con el Perú en lo que el Perú posee con más abundancia –mano de obra barata-, tiene la capacidad de sacar a ciertas industrias nacionales del mercado (especialmente, confecciones y textiles), distrae hacia el Asia inversión extranjera de manera abundante y sistemática estimulando aquí el modelo primario-exportador y es un generador potencial de competencia desleal en terceros mercados como lo afirman los productores nacionales.

Bajo estas condiciones sería un absurdo otorgar a China el status de economía de mercado o establecer un vínculo económico especial que pudiera inhibir nuestra relación con Estado Unidos y la Unión Europea (la Unión Europea ya ha sido desplazada como segundo mercado de destino). Si vamos a hacerlo, el gobierno debe negociar ese compromiso con el objeto de eliminar todas las desventajas señaladas, de fortalecer al productor local y de asegurar una reorientación de los flujos de inversión directa hacia nuestro país (preferentemente mixtas y no exclusivamente chinas).

Si el Perú ha pagado un alto costo por su apertura e inserción externa ahora debe cobrar un precio razonable a quienes no lo han sufragado y, sin embargo, se benefician del sistema.

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El Editor (ADC)