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EDITORIAL
CINCO MACRORREGIONES
Alejandro Deustua
29 de abril de 2005
El Perú avanzará hacia una nueva configuración
territorial cuando este 30 de abril venza el plazo para la presentación
de los expedientes técnicos que sustentan la conformación
de “macrorregiones” conformadas de acuerdo a la complementariedad
económica e infraestructral de los departamentos –o
“regiones”- actuales. Si éstas nuevas unidades
territoriales son validadas por sendos referedums a celebrarse a
fines de octubre, el Perú contará también con
nuevas entidades políticas de proyección internacional.
Cuando en el 2002 se dio curso cuestionable a la conformación
de gobiernos regionales en los departamentos existentes, el proceso
de descentralización nacional fue percibido como lento, feble
y, eventualmente, pugnaz. Los problemas entre Arequipa y Moquegua
por control del agua, los levantamientos anárquicos de Ilave
(Puno) instigados por indigenistas altiplánicos o las disputas
entre puneños y cuzqueños por trazos carreteros anunciaba
la falta de cohesión mínima requerida –aunque
radicada en el sur- para avanzar en el proceso desconcentrador.
Además, la mala experiencia descentralizadora del gobierno
aprista –llevada a cabo en momentos en que la seguridad nacional
era letalmente vulnerada por el embate terrorista- restaba, parcialmente,
credibilidad al nuevo intento. Y la indisposición de un gobierno
débil a considerar públicamente ciertos criterios
básicos de prudencia para llevar a cabo un proceso descentralizador
pausado en un país históricamente cohesionado desde
la capital suscitaba dudas razonables sobre las condiciones de gobernabilidad
y de seguridad resultantes.
Aunque estos cuestionamientos se mantienen, el hecho es que la dinámica
de la descentralización ha adquirido ya velocidad inercial
acorde con las normas y plazos establecidos por la oficina del Primer
Ministro. Cinco macrorregiones han presentado, por la vía
administrativa, sus aspiraciones a transformarse en unidades geoeconómicas
sustenables y en mercados de escala que pretenden eficiencia elemental
y apertura de posibilidades de desarrollo. Tumbes, Piura y Lambayeque
en el norte; Lima-Provincias, Junín, Pasco, Huánuco
y Ancash en el centro; Ica, Ayacucho y Huancavelica en el centro-sur;
Tacna y Moquegua (a la que se agregarían a último
minuto Arequipa y Puno y eventualmente Madre de Dios) en el sur;
y quizás Cuzco y Apurímas también en el sur,
son las entidades que, de mediar la conformidad gubernamental con
su viabilidad, podrían ser convalidadas a través de
procesos electorales el 30 de octubre próximo.
Si bien no todas los departamentos -o“regiones”- se
han sumado al proceso promovido por las Juntas de Coordinación
Interregionales (Cajamarca, Amazonas, San Martín, Loreto,
Ucayali -y probablemente Madre de Dios-, no han tomado una decisión
al respecto), la realidad es que una buena mayoría de las
reparticiones sí lo han hecho. Ésta ha congregado
una masa crítica suficiente que permite esperar que en el
último trimestre del año el Perú adquirirá
una nueva fisonomía territorial, una nueva distribución
de poder interno y nuevas fuentes de proyección externa.
La base de autonomía económica de estas entidades
será aún precaria en tanto no contará con fondos
externos especialmente dirigidos a consolidarlas (salvo por un poco
conocido Fondo Intergubernamental para la Descentralización).
Sin embargo, las fuentes fiscales de cohesión serán
considerablemente mayores a lo que los departamentos –o “regiones”-
perciben hoy día. En efecto, a aquéllas se les transferirá
50% de la recaudación de los impuestos indirectos (IGV, ISC)
y directos (impuesto a la renta) que se originen en la localidad.
Para complemementar ese esfuerzo, las macrorregiones podrán
canjear deuda interna por inversión y, especialmente, podrán
endeudarse en el exterior sin contar necesariamente con el aval
del gobierno central.
Esta posibilidad brindará una fuerte autonomía regional
para desarrollar proyectops propios y lograr el concurso de inversión
nacional y extranjera. Sin embargo, a la luz de la reciente experiencia
argentina y brasileña (que, a diferencia del Perú,
son Esados federales), el gobierno central debiera poner ciertos
límites y condiciones razonables para que ese endeudamiento
no ponga en riesgo la balanza de capitales ni la capacidad de pago
nacionales.
Y si el incremento del poder financiero de las macroregiones será
un poderoso instrumento de inserción externa, su proyección
infraestructural será una herramienta de integración
con los vecinos además de un vehículo de proyección
continental y marítima. En el primer caso los programas binacionales
de integración como los existentes con Bolivia y Ecuador
se verán extraordinariamente potenciados.
En el segundo caso, la vinculación a los corredores bioceánicos
establecidos como prioridades en el ámbito IIRSA (el programa
de integración física suramericana) contribuirá
a amplir el ámbito fronterizo de integración generando
mercados internos. El eslabonamiento de escenarios productivos a
lo largo del ámbito de influencia de las vías promocionará
además de desarrollo a lo largo de ellas, el interés
de importantes centros urbanos de los vecinos (p.e Guayaquil en
el Ecuador, La Paz en Bolivia, o las capitales de Rondonia y el
Acre brasileños) para vincularse con las macrorregiones peruanas.
En el sur esa relación tendrá nuevas posibilidades
–si las “regiones” que conformarán la macrorregión
deponen sus diferencias- especialmente en el ámbito energético
ahora que a la posibilidad de complementación con Chile –a
través de la exportación del gas de Camisea- se puede
sumar el aún desaprovechado potencial de integración
eléctrica de las redes con Bolivia (ese potencias se está
realizando con el Ecuador).
Y en relación a la proyección marítima, los
puertos del norte (Bayóvar y Chimbote y del sur, Pisco, Matarani
e Ilo), podrán potenciarse dando salida a la producción
de largo plazo de zonas del país hasta hoy continentalmente
bloqueadas y a las exportaciones agropecuarias del Braisl (parte
de las exportaciones del minerales de Bolivia ya salen por Matarani)
generando incrementales complementariedades vecinales.
Ciertamente el desarrollo no se generará allí rápidamente
pero las oportunidades de los mercados de escala tenderán
a incrementar la magra o inexistente competividad de las zonas beneficiadas.
En esta perspectiva, las Oficinas Descentralizadas de la Cancillería
-organizadas bajo este gobierno, pero promovidas académicamente
desde 1985- tendrán una responsabilidad adicional tanto en
la promoción de la proyección externa de las macrorregiones
como en labores de coordinación con Torre Tagle. Y probablemente
su localización actual (Piura, Iquitos, Tacna, Puno y Arequipa)
tendrá que modificarse de acuerdo a los requerimientos de
los nuevos centros de gravedad macrorregionales. Esa tarea será
de especial importancia además para inhibir el exceso de
fuerzas centrífugas que pueden desarrollarse en torno a un
proceso que se realiza en un ámbito andino especialmente
inestable y que, de desbordarse, reclamará la garantía
de la prioridad de la unidad nacional sobre la del proceso descentarlizador.
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