EDITORIAL

Innovación En El Norte de Suramérica

Alejandro Deustua
1 de abril de 2005

Una innovadora reunión de Jefes de Estado se acaba de lleva acabo en Venezuela. Los presidente de Uribe y Chávez han concurrido a Ciudad Guayana en apariencia para consolidar la distensión entre sus Estados luego de la confrontación diplomática suscitada por la captura del “canciller” de las FARC en Caracas y su “transporte”, por agentes a sueldo, a Colombia. La novedad de la reunión proviene tanto de los términos emergentes de la relación colombo-venezolano como de una reconfiguración estratégica en el norte de Suramérica en la que participan los más influyentes actores regionales y extraregionales en la zona luego de Estados Unidos.

En ese marco, lo aparentemente secundario - la presencia en la Cumbre cuatripartita de los representantes de dos medianas potencias con intereses regionales fuertemente condicionantes de su política exterior- señala la parcial apertura del área a nuevos factores de poder en la zona. En efecto, para esas potencias América Latina, en el caso de España, y Suramérica, en el caso de Brasil, el escenario regional no es sólo un hábitat sino una base geopolítica que determina su inserción en el mundo.

El caso es particularmente importante para España en tanto América Latina constituye para ella un ámbito cuya prioridad puede ser nominalmente secundaria pero cuya importancia real contribuye a definir la naturaleza de su política exterior. En todo caso así lo entiende el gobierno del PSOE al punto de hacer de esa prioridad una de las referencias con las que desea distinguirse del Partido Popular.

En efecto, en la visión del Presidente de Gobierno Rodríguez Zapatero, España debe retomar en América Latina un liderzago consecuente con los tradicionales proyecciones de la vocación europea y transatlántica española. En la perspectiva del Presidente del Gobierno el pilar latinoamericano de su política exterior fue controversialmente reestructurado por el gobierno del PP privilegiando la relación con Estados Unidos. El hecho adquirió superior y controversial dimensión estratégica a raíz del alineamiento de España con Estados Unidos formalizado por el señor Aznar en la guerra de Irak.

Aunque esa aproximación pueda ser extremadamente general, el señor Rodríguez Zapatero pretende replantear el vínculo trasatlántico devolviendo prioridad política y estratégica a la América Latina en claro contraste con su predecesor que enfatizó, con éxito, el vínculo económico y empresarial. Ciertamente esa aproximación puede ser sensata y conveniente para las partes siempre que no oponga el renovado privilegio latinoamericano a la fricción española con Estados Unidos.

Lamentablemente, de momento éste parece ser parcialmente el caso. Y lo es no sólo en el ámbito diplomático sino en el estratégico en tanto la opción española se definió en el campo de batalla con el inmediato y pleno retiro de las tropas de ese país desplegadas en Irak. Aunque histórica, la relación coyuntural de España con América Latina está marcada ahora también por esa opción.

De allí que el gobierno español haya concurrido a Venezuela con bastante más que buenos deseos. La seriedad de sus intenciones se ha reflejado en compromisos de venta de armas por US$ 1300 millones al gobierno del Presidente Chávez. Aunque el material comprometido (aviones y barcos desartillados de carga, transporte y vigilancia) no apunte a cambiar la correlación de fuerzas (en efecto, el armamento no puede ser considerado como ofensivo), éste señala un compromiso político-militar destinado a incrementar la influencia española en la región en un escenario donde la seguridad ha adquirido, como es evidente, un altísimo perfil.

Así, España se reincorpora al escenario de seguridad suramericano empezando por su zona más inestable: la andina. Y lo hace con la anuencia del más firme aliado norteamericano en la subregión –Colombia- cuyo Presidente ha expresado que la transacción favorece a su país en tanto fortalece la capacidad venezolana de luchar contra el narcotráfico y el terrorismo.

Esa disposición ha sido reiterada luego durante la visita oficial del señor Rodríguez Zapatero a Colombia en donde éste ha garantizado el pleno respaldo de su Estado a la lucha contra el terrorismo que libra el gobierno del Presidente Uribe. La autoridad española ha respaldado sus palabras también con la oferta de equipo militar aunque ésta haya sido más bien simbólica (la cesión de tres aviones de transporte de tropas).

Si España se ha incorporado fuertemente al escenario de seguridad colombo-venezolano a través del aprovisionamiento de material militar, ahora falta ver si los demás países andinos pueden beneficiarse también con facilidades españolas para el repotenciamiento sus debilitadas fuerzas armadas. Si bien ello no implica una carrera armamentista (que preocupan a gentes tan desprejuiciadas como el ex -Canciller mexicano Jorge Castañeda quien ha escrito sobr el particular), las expectativas que la contribución española abren en la región sí despiertan interrogantes sobre si las colocaciones no servirán de cobertura al gobierno del Presidente Chávez para la compra de armamento convencional que sí tiene potencial ofensivo (100 mil Kalashnikovs y cazas MIG-29 a Rrusia) y si su comportamiento no es discriminatorio con países que, como el Perú, tienen urgentes requierimientos logísiticos. Siendo la relación con España fundamental para todos los países de la región, estos interrogantes deben ser resueltos si la nueva predisposición hispana desea desempeñar un rol más consistente en el área.

De otro lado, la presencia del Presidente Luis Ignacio Lula da Silva en la cumbre colombo-venezolana, tiene también un carácter que trasciende a la importancia de su rol mediador en la controversia colombo-venezolana. Su participación al lado del Presidente Rodríguez Zapatero ciertamente tiene una dimensión ideológica (la concertación de medianas potencias de gobiernos social demócratas que desean incrementar su influencia en pequeña potencias andinas). Aunque ni el Presidente Chávez ni el Presidente Uribe habrán ignorado esta situación colateral, ninguno habrá considerado, sin embargo, que en ella reside la principal motivación brasileña.

Su participación con el propósito de contribuir a “sellar” la solución del diferendo colombo-venezolano ayuda a destacar el rol de la mediación brasileña en prácticamente toda controversia significativa en la región (rol que es complementado ahora con el liderazo en operaciones de mantenimiento de la paz como hoy sucede en Haití). Ello, como es evidente, ratifica el status de Brasil como la potencia predominante en el área y el reconocimiento por las partes del liderazgo que ésta desempeña a pesar de muy justificadas oposiciones a su predominio.
Tal status, que hasta hace década y media era disputado por Argentina y tendía a ser conferido por Estados Unidos, hoy es reconocido y reiterado también por la superpotencia. Ésta lo ha hecho recientemente a través de sus más altas autoridades incluyendo a la Secretario de Estado Rice y el Secretario de Defensa Rumsfeld.

Ello ocurre en dos contextos diferentes. El primero concierne al interés brasileño de incorporarse como miembro permanente del Consejo de Seguridad de la ONU en momentos en que se retoma la discusión del proceso de reforma de ese organismo. De lograr esa incorporación, Brasil formalizaría ante el mundo la representación de los intereses suramericanos –que hoy se le disputa- y su reconocimiento como potencia media (status superior al de potencia emergente). Ello, a su vez, redefinirá la jerarquía de poder en la región de manera que deberá ser oportunamente atendida.

El segundo elemento contextual es el de la renovada preocupación brasileña por agregar seguridad a una cada vez más inestable cuenca amazónica. Este prioridad estratégica, que además, fortalece un rol militar que no puede ejercerse en otro escenario con la misma influencia e intensidad, tiene especial incidencia en dos fronteras (de las 10 brasileñas) donde el desborde de la narco-guerrilla es una realidad y en la que el riesgo de conflicto convencional debe ser controlado. Esta labor reclama un constante cooperación con Venezuela y Colombia que eventualmente deberá replicarse con Perú y Ecuador si se desea que a la estabilidad pretendida se agregue un equilibrio razonable en el área.

En este marco de seguridad, la nueva posición colombiana de apaciguamiento con Venezuela parece, de momento, medianamente garantizada. Si dos potencias mayores contribuyen, en principio, a atenuar los predisposición del Presidente Chávez a interferir en los asuntos internos de sus vecinos, es comprensible que el presidente Uribe haya mostrado hoy una comprensión –en otro momento inviable- por la adquisición de armamento español por Venezuela. Sin embargo, aún resta comprobar cuánto de deseo y cuánto de realidad hay en la aquiesencia colombiana a esa compra en el entendido de que ésta servirá para mejorar la lucha contra el narcotráfico y el terrorismo.

En todo caso, Colombia parece haber transitado en este terreno de la confrontación con el gobierno chavista al compromiso con él. Sin embargo, teniendo en cuenta que la relación con Estados Unidos constituye una vinculación especial que bordea la naturaleza de una alianza, esta evolución debe haber sido consultada con la primera potencia.

Si ello ha ocurrido se estaría confirmando una de las vías de “contención” de la agresividad chavista cuyo planteamiento político ha sido hecho público por el Departamento de Defensa. En lugar de proceder a un costoso montaje de contención militar se estaría procediendo aquí a una contención política a través de la interacción constructiva con Venezuela.
Ello confirmaría la nueva disposición del Departamento de Estado a no considerar formalmente al gobierno venezolano ni a su líder como un enemigo y de revalorizar su relación con los gobiernos de izquierda en la región con los que, según la señora Rice, Estados Unidos desarrolla quizás mejores relaciones que con los demás.

Tal línea de trabajo se confirma en el apoyo del gobierno norteamericano a la solución del grave problema de pagos argentino y con los renovados contactos presidenciales y de defensa entre Estados Unidos y Argentina. Estos canales han servido también para transmitir al gobierno del Presidente Kirchner la persistente preocupación norteamericana por las actividades desestabilizadoras del gobierno de Chávez a través de sectores disfuncionales de los países andinos (y también de brasileños y argentinos en tanto el Presidente venezolano ha expresado su apoyo al Movimiento de los Sin Tierra brasileño y a los piquteros platenses). Tales preocupaciones han sido manifestadas también por el Ministro de Defensa argentino, el señor Pampuro, en el contexto de la cumbre cuatripartita en Venezuela.

Como es evidente, el Presidente Chávez encuentra ahora una mejor disposición vecinal y extraregional para acomodar sus intereses, controlar su afán interventor en la subregión andina y cancelar los vínculos con agentes que ponen en riesgo la seguridad de estos países. Para ayudarlo a tomar ese camino quizás los esfuerzos de España, Brasil y Colombia deban ser complementados por una decisión andina en el mismo sentido teniendo en cuenta que el compromiso del señor Chávez con la subregión sigue claramente subordinado a sus pretensiones de transformación sistémica y a su prioritaria vinculación con Cuba.

Si eso se logra, la estratégica innovación cuatripartita en el norte de Suramérica podrá irradiarse constructivamente al conjunto regional.

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El Editor (ADC)