EDITORIAL

El riesgo político andino

Alejandro Deustua
16 de marzo de 2005

Como si quisieran ratificar la percepción de que la subregión andina es el área más inestable del Hemisferio, dos de sus países miembros –Bolivia y Venezuela- han ingresado en un espiral autodestructivo que puede estar ya fuera de control. Su impacto puede ser aún más grave si el Perú genera su propio vacío político en las inmediaciones de la guerra interna colombiana y de creciente inestabilidad en el Ecuador.

De todos estos conflictos el más dañino por su inminencia, magnitud y capacidad de desborde es ahora el boliviano. En efecto, la aceleración de las fuerzas de la anarquía en Bolivia puede está llevando a ese país de la inviablidad a la implosión. La constante erosión de la autoridad presidencial, la persistencia de la disposición confrontacional de los movimientos altiplánicos, la incapacidad parlamentaria de cumplir con acuerdos recientemente adquiridos y la impotencia de las instituciones responsables para hacer cumplir la ley han montado un mecanismo explosivo en las pocas vigas que aún sostienen al Estado boliviano. La inminencia de su detonación depende del escasísimo sentido común de los agentes irracionales que hoy dominan la política boliviana.

La magnitud de la potencial implosión se mide por la eventual agudización del conflicto entre las fuerzas altiplánicas y del oriente boliviano, la desestabilización del centro de Suramérica, la cancelación del ciclo económico expansivo en esa subregión (la economía cruceña ya está estancada) y la reactivación de la preocupación militar en la zona. Y el peligro de desborde de las fuerzas en conflicto es tan real como las peticiones autonómicas puneñas inspiradas en las bolivianas o el atizamiento de los conflictos cocaleros en el Perú por representantes del MAS de Morales responsables de bloquear, por dos semanas ya, las principales vías de comunicación bolivianas.

Si el fin de un tipo de orden interno está a la vista en el vecino país no se vislumbra con claridad la emergencia de uno nuevo que lo reemplace. El presidente Mesa acaba de apurar ese tránsito estimulando un adelanto de elecciones para agosto de este año (su período culmina el 2007) no previsto constitucionalmente. Del pasado reciente puede surgir algún candidato razonable (el expresidente Jorge Quiroga puede ser uno de ellos). Pero no es improbable que la crisis boliviana no se resuelva con un simple llamado a elecciones sin que las fuerzas en conflicto lleguen a un previo entendimiento operativo. Lamentablemente éste se muestra renuente desde octubre del 2003 cuando se fracturó el orden democrático con la renuncia inducida de Sánchez de Lozada.

En efecto, de las compromisos rearticuladores posteriores a esa fecha –la convocatoria a una referendum sobre el gas, una Asamblea Constituyente y la dación de una nueva ley de hidrocarburos-, sólo el primero ha sido cumplido. Por lo demás, la denominada “agenda de octubre” integrada por estos temas fue luego innovada por la “agenda de enero” inducida por la movilización del departamento de Santa Cruz (el más representativo del Oriente boliviano). Ésta hace el cumplimiento aún más complejo en tanto impuso un referendum que debe consagrar la autonomía regional con antelación a la Constituyente (prelación resistida por los movimientos altiplánicos) y un proceso de elección de prefectos que invierte la filiación central de esas autoridades.

A mayor abundamiento, la contienda entre los patrocinadores de estas dos agendas quiere ser resuelta hoy a través del incremento de la beligerancia de los movimientos cocaleros, indigenistas y sindicales. Éstos, en defensa radicalizada de la “agenda de octubre”, desean primero una ley de hidrocarburos considerada inviable por la mayoría de los actores responsables.

La magnitud del desentendimiento boliviano no puede ser obviada por la comunidad internacional. Menos cuando ésta ya ha comprometido esfuerzos a través de la CAN, el MERCOSUR y un Grupo de Apoyo del Diálogo Democrático en Bolivia coliderado por Estados Unidos y México que incorpora 17 páises y 9 organizaciones.

Y si la implosión del Estado boliviano es un riesgo en el sur de la subregión andina, la contienda que el gobierno del presidente Chávez ha desatado con Estados Unidos ha llevado al primero a considerar, en la práctica, como enemigo a Estados Unidos y al segundo a promover una política de “contención” en relación a Venezuela. Ese tipo de beligerancia no sólo es disfuncional con las políticas exteriores del resto de los países andinos que negocian una TLC con la primera potencia, sino que introduce el conflicto entre esa potencia y un país suramericano en el norte de la subregión sin que sus miembros, tan ufanos de sus capacidades de coordinación, sean capaces de intervenir para neutralizar éste peligroso factor de perturbación.

Peor aún, la parsimonia con que actúan las autoridades andinas en este problema no sólo linda con la indiferencia sino que contrasta con otra autodestructiva innovación estratégica en la subregión: la incorporación de la fenomenología cubana al seno de la misma atraida por la alianza “defensiva” establecida entre el gobierno venezolano con el régimen castrista. Para lograr tal avance el señor Chávez no sólo ha escalado la guerra verbal (ha acusado al gobierno norteamericano de tratar de asesinarlo e insultado públicamente a la Secretario de Estado, la señor Rice) sino que ha invitado oficialmente a Caracas al jefe de Estado iraní, Mohamad Khatami, para reconocer el derecho de ese Estado a la adquisición de energía nuclear justo cuando Estados Unidos y la Unión Europea tratan de convencer a Irán de que no desarrolle esa capacidad o lo haga sin fines militares.

Por lo demás, ello ocurre en un contexto de fuertes compras de armamento convencional por Venezuela capaz de alterar la correlación de fuerzas en el conflicto colombiano y de amenaza del corte de suministro petrolero a Estados Unidos por el gobierno venezolano que, a su vez, se considera víctima potencial de la intervención estadounidense. Aunque la intensidad de la contienda no haya pasado a mayores –en buiena medida, por su dimensión retórica-, la naturaleza de la misma no se veía en la región desde la Guerra Fría cuando Cuba atrajo la amenaza soviética al Hemsiferio cuyo clímax fue la crisis de los misiles de octubre de 1962 .

Mientras tanto el descontento popular y la violencia política en Ecuador crece y en Colombia se debilita la ofensiva del gobierno contra las FARC. Y en ese contexto en el Perú se discute sobre la vacancia presidencial. El escenario andino, favorecido por el desempeño económico, no parece a su miembros suficientemente estimulante como para coordinar políticas de estabilzación. No es improbable, en consecuencuia, que el bajo riesgo país en muchos de ellos puede toparse en el futuro cercano con las realidades del creciente riesgo político.

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El Editor (ADC)