EDITORIAL

2005: en defensa del estado democrático

El 2005 empezó para los peruanos con una confrontación entre miembros retirados y activos de las fuerzas orden. No se trató, sin embargo, de una rebelión cualquiera gestada por un inocuo Movimiento Nacionalista Peruano (los “etnocaceristas”) ni de un golpe de Estado tradicional, sino del intento de inicio de un “golpe de Estado de masas” que busca, a través de la sustitución del Presidente por el Vicepresidente, el paulatino desmoronamiento del sistema.

Este gravísimo atentado contra la seguridad nacional, la democracia y el Estado de Derecho, fue mucho mayor de lo que la confrontación de Andahuylas revela. En efecto, Antauro Humala, siguiendo el designio de su padre, Isaac Humala y de su hermano Ollanta (aunque éste pretendiera desligarse a útlima hora) intentó iniciar la imposición en el Perú de un Estado dictatorial, económicamente autáquico y socialmente esclavizante hasta el punto en que el trabajador fuera remunerado principalmente en especie y sus hijos (a partir del tercero) considerados como “hijos de la Patria” (es decir, a disposición del Estado).

Si, bajo un sistema de libertades, ningún malestar político o económico justifica alguna variable del golpe de Estado y mucho menos la expropiación de los diversos reclamos de los inconformes (que en el Perú son mayoría), no puede tolerarse que un grupo de aventureros pretenda imponer un Estado fascista. Especialmente cuando el gobierno que eventualmente emergiría bajo su bota, sería fundamentalmente militarista, propendería a una confrontación bélica con los vecionos (especialmente con Chile) y se esmeraría en apartarnos de Occidente con ferocidad racista, locura tawantisuyana y proclividad coquera.

Si éstas son las motivaciones mediatas o de fondo de los Humala, ciertamente las inmediatas pueden haber jugado un rol en la aventura de Andahuyalas. La automarginación de Ollanta Humala en el proceso de ascensos del Ejército, la pérdida de protagonismo de Antauro Humala, el inicio de un año de campaña electoral o la persistente desaprobación de la gestión del Presidente Toledo (12% lo aprueba según encuesta publicada en La República) son factores que coadyuvan a la explicación.

Pero éstos no son definitivos en un contexto económico de crecimiento, una reforma militar cuestionable pero que no refleja extraordinarios niveles de confrontación y un movimiento popular insuficiente (las protestas en Andahuaylas fueron inducidas, y las de Arequipa, Ayacucho y algún otro departamento fueron menores). Al respecto, más verosímiles parecen el estímulo de los “paros” cocaleros (cuyas organizaciones apoyan a los humalistas en tanto éstos promueven el libre cultivo de la hoja), la organización progresiva del indigenismo peruano, el vacío de poder dejado por los partidos políticos, la explotación del malestar de los habitantes del Trapecio Andino (la zona más pobre del Perú ya afectada por el levantamiento indigenista de Puno) y la clara vinculación con los golpistas bolivianos y sus “contactos” chavistas.

En relación a este último punto, el patrón subversivo que condujo a la renuncia del Presidente Gonzalo Sánchez de Lozada en Bolivia en octubre de 2003 quisiera ser calcado por los Humala. Allá la movilización de cocaleros e indigenistas dirigidos por Evo Morales y Felipe Quispe (considerados como “etnocaceristas inerciales” por los subversivos peruanos) fue precedida por una violenta confrontación en La Paz entre fuerzas del Ejército y de la Policía que debilitó aún más al gobierno y, en un contexto posterior de confrontaciones interpartidarias, canceló sus posibilidades de lidiar con las protestas sociales. Éstas enarbolaron la bandera nacionalista a propósito del gas y del antagonismo con Chile. Y sus líderes fueron apañados por el presidente venezolano, Hugo Chávez cuyo cobijo los “etnocaceristas” convocan.. Quizás los humalistas quieren lo mismo para el Perú.

Y precisamente porque lo quieren, es que los ciudadanos sensatos deben cerrarles el paso. En tanto el sistema democrático está en peligro es necesario brindar el apoyo necesario al gobierno libremente elegido aunque discrepemos con él en cuestiones sustantivas. Los partidos políticos no pueden darse el lujo de aprovechar las circunstancias para sacar ventaja del desorden (como ya lo hacen algunos líderes de izquierda y de derecha en los medios) si no quieren incrementar la amenaza a la seguridad nacional.

Pero para que el apoyo ocurra, el gobierno debe saber convocarlo. Y no podrá hacerlo si muestra laxitud en el trato a los subversivos, si es incapaz de corregir errores (la imprevisión en materia de seguridad - manifiesta en el nombramiento como representante militar en Francia de un líder “etnocacerista”-, la incapacidad para resolver la inconsecuencia de políticas que producen simultánemente crecimiento e insatisfacción de necesidades básicas) y si no percibe adecuadamente la magnitud de la amenaza al sistema como diferente de los problemas de gobernabiliad. Continuar con más de lo mismo, como quieren los agentes económicos sobrestimando el escaso daño producido a la economía nacional, no ayudará.

Si el Perú es una país en desarrollo y su estirpe es occidental –aunque no europea ni norteamericana-, ningún fascista logrará que nos sigamos esforzando por progresar y por consolidar nuestra inserción en el mundo. El 2005 nos confirmará en esa tarea.

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El Editor (ADC)