SEGURIDAD

Campesinos, cocaleros y narcotráfico

Desde que el narcotráfico se arraigó en Colombia, el cultivo de la coca dejó de ser una actividad tradicional en los países andinos. La división entre coca legal (cuantificada, en el Perú, en los alrededores de las 10,000 hectáreas desde hace más de una década) y coca ilegal reemplazó la anterior tipología. Más aún, el problema devino en uno de seguridad por su vinculación con la actividad subversiva (y luego terrorista) y por el enfoque que adoptó, desde el inicio, Estados Unidos (la "guerra contra las drogas"). Luego, la ONU produjo un conjunto de resoluciones que colocó el problema en el ámbito multilateral.

El debate sobre el tema se centró en torno a la interacción de las cuatro variables que integran la política consecuente: la erradicación, la interdicción, la sustitución de cultivos, la prevención. Este debate fue antagonizado por ciertos activistas sociales y ONGs interesadas en seguir enfocando el problema de la coca sólo como uno "tradicional" que involucra los usos y costumbres de los peruanos. En tanto que para ellos, la coca ilegal no existía, la vinculación de esa actividad con el narcotráfico tampoco. Así se confundió, con facilidad, al campesino migrantes con el cocalero profesional.

Desde que se produjo el extraordinario incremento de cocales en Colombia por el éxito de la erradicación y sustitución de cultivos en Perú y Bolivia, el tema en nuestro país perdió perfil político. Pero éste se ha recuperado rápidamente desde que el poder de los cocaleros en Bolivia, liderados por Evo Morales, contribuyó a "forzar" la salida del presidente Sánchez de Lozada. El carácter global del narcotráfico -o del problema mundial de las drogas como se le denomina ahora-, su movilidad y rápido arraigo, permitió asumir que el Perú podría ser susceptible de albergar un movimiento de características y consecuencias similares.

Dada la menor capacidad y organización de los cocaleros peruanos muchos han considerado, sin embargo, que un escenario como el boliviano no era uno que mereciera preocupación inmediata. Las cosas han cambiado desde que las organizaciones cocaleras locales han decidido organizar una serie de eventos "académicos" y de otra naturaleza a mediados de febrero salpicados con la amenaza de que, en el caso de que sus reclamos no sean satisfechos, promoverían un paro nacional. Para ello tienen financiamiento, líderes, un eventual "símbolo" al estilo Evo Morales (el señor Palomino), agitadores, contactos gremiales internos y externos.

Frente a este escenario el ministro del Interior, el señor Rospigliosi, ha denunciado los factores potencialmente ilegales y hasta violentistas del cónclave de febrero. Es más, por primera vez, una personalidad del gobierno ha descrito con claridad el problema: de cada 10 kilos de coca que se producen en el Perú, nueve van al narcotráfico. Con ello el ministro del Interior está diciendo que los cocaleros no pueden ignorar esta situación y que es necesario erradicar el 90% de la coca que se produce en el Perú. El asunto a discutir es cómo hacerlo -mediante la erradicación forzosa o voluntaria, la sustitución en base a qué productos, etc.-, no si debemos hacerlo.

Los cocaleros -que no son todos campesinos- debieran entenderlo, el Ministerio del Interior y DEVIDA esgrimir mejor sus alternativas, las agencias extranjeras como USAID y Naciones Unidas entre otras, mejorar sus proyectos y mostrar los resultados esperables y los gobiernos cooperantes, asegurar el financiamiento para respaldar programas y ayudar a que la extracción de dinero sucio del mercado no cause los problemas monetarios que forman parte de la crisis boliviana.

Éstas, y no las denominadas "alternativas de lucha", debieran formar el núcleo de la agenda de los cocaleros a mediados de febrero con la finalidad de extraer al Perú de la cadena del narcotráfico. De ninguna manera se puede permitir que, a partir de los reclamos de atención que debe brindársele a las organizaciones campesinas vinculadas a los cocaleros, éstos últimos promuevan movilizaciones cuyo objetivo es ganar espacios que puedan dar pie, luego, a objetivos que atentan contra la ley y el orden básicos del Estado.