EDITORIAL

Guerra, democracia y elecciones

Si como lo quería Clausewitz, la guerra es una función de la política, y si la política se expresa hoy en el ejercicio democrático, entonces la democracia es una función de la guerra. Si no fuera porque los neoconservadores norteamericanos son en realidad liberales radicales del siglo XXI, aquella afirmación “realista” del siglo XIX sería interesante para evaluar los procesos electorales que se llevarán a cabo en Estados Unidos e Irak y el ya celebrado en Afganistán. Es más, se podría aducir al respecto que, aunque los tiempos son distintos, la interacción de estos planteamientos “realistas” y liberales adquieren algún fundamento en el actual contexto bélico. Kant estaría de acuerdo en tanto esa interacción se orienta eventualmente a la ampliación de la comunidad democrática de naciones.

Ciertamente la democracia norteamericana es anterior a la guerra (aunque se conquistó a través de ella). En consecuencia, Clausewitz le puede ser ajeno. Pero en los escenarios iraquí y afgano donde se llevan a cabo beligerantes procesos de reconstrucción nacional, el mecanismo democrático (por definición liberal) posibilitado por la guerra (“a la” Clausewitz) es el instrumento con que se intenta organizar al actor estatal. Retóricamente o no, a ello conduce hoy la lucha contra el terrorismo, contra un poseedor de armas de destrucción masiva que no las tenía y contra la inestabilidad en esa parte del Asia. En esta perspectiva se puede afirmar que el proceso democrático tiene la doble función de confirmar a una entidad democrática sustantiva y, a la vez, de organizar a otra menores en un contexto bélico que es fundamental al respecto.

Este es el marco que identifica y distingue a norteamericanos de iraquíes y afganos en estos días electorales. Como es evidente, para Estados Undidos, el encuadre bélico de la democracia no es novedoso si a lo largo de la Guerra Fría el concepto estratégico a defender fue el de la democracia bajo amenaza. Por lo demás, descontando la primera Guerra Mundial, la superpotencia ha llevado a cabo definitorios procesos electorales en las inmediaciones de la guerra o durante su transcurso (la Segunda Guerra mundial, Corea, Viet Nam). A pesar de la gravedad de los acontecimientos bélicos, el liderazgo se puso en juego en esas circunstancias sin que la superpotencia democrática alterara nunca sus procesos ni cronograma constitucionales.

Sin embargo, en ningún caso, salvo durante la guerra de Viet Nam, el liderazgo ha sido tan disputado y la ciudadanía ha estado tan dividida como hoy. La confianza en la sobrevivencia nacional a través de la consolidación del comando y de la cohesión nacional –elementos fundamentales de la razón de Estado y de la victoria- fue siempre consecuente con la democracia en Estados Unidos. Cuando pareció no serlo, como en Viet Nam, Estados Unidos no prevaleció.

De allí que los recientes debates electorales norteamericanos, de índole clausewitziano por la prevalencia en ellos del conflicto iraquí, nos hayan parecido, por divisivos, imprudentes. Si el liderazgo es abiertamente disputado en medio de una guerra cuya legitimidad es cuestionada por buena parte de la comunidad internacional y genera fragmentación interna, el debate pugnaz no hace sino debilitar más al Estado. Y si la razón formalmente esgrimida para llevarlo a cabo –la posesión de armas de destrucción masiva por el adversario se ha probado errada y maleable- es parte central del debate sin que los adversarios logren fijar el casus beli, la cohesión nacional requerida para tener éxito al menor costo posible se ha deteriorado aún más. Este autodebilitamiento políticamente inadmisible en sistemas no democráticos está siendo democráticamente sufragado por los norteamericanos.

No obstante ello, estos costos han sido reducidos por los candidatos por la sencilla razón de que ninguno de los dos ha propuesto la retirada de escenario bélico sin haber logrado los objetivos nacionales. Y si se trata de tomar partido por el candidato a la reelección más ceñido al “unilateralismo”, debe destacarse que el presidente Bush ha hecho enfático recuento de su recurso a la ONU, a las alianzas ad hoc e institucionales y a la diplomacia aunque no haya puesto en ello el empeño requerido. Y, si de otro lado, se prefiere al opositor “multilateralista”, debe recordarse que el señor Kerry dejó en claro que si bien reclamaría más insistentemente el concurso de las alianzas tradicionales y de la ONU, de ninguna manera sometería una decisón bélica a un eventual veto (del Consejo de Seguridad se entiende) ni renunciaría al ataque preventivo. La relativa similitud de aproximaciones al interés nacional implícito en la guerra reduce el costo de su contencioso debate público.

La diferencia en este punto es entonces de estilos, de empleo del instrumental disponible y, en la percepción colectiva, de credibilidad personal. Desde la perspectiva interna norteamericana, este último es una factor divisivo insalvable dada la fragmentación existente en el electorado norteamericano. En consecuencia, aunque la calidad moral del liderazgo esté en ejuego, lo importante será la eficacia de su ejercicio en un contexto interno fragmentado.
Y si en el ámbito externo, el factor credibilidad quiere ser resuelto por las encuestas señalando una preferencia por el señor Kerry, debe recordarse éstas no han tenido en cuenta que esa preferencia no es una alternativa por el pacifismo ni mucho menos contempla la violación de la obligación de la comunidad internacional de prestar la asistencia requerida para lograr la seguridad y estabilidad en el escenario bélico (Resolución 1546 en el caso iraquí) en la que algunos están incurriendo.

En consecuencia, si el factor credibilidad depende hoy menos de lo que se cree de la persona a cargo del liderazgo, lo que interesa en este punto es la recuperación de la credibilidad del Estado norteamericano en tanto líder de la seguridad colectiva a la luz del fracaso de su sistema de inteligencia en el suministro de información vital antes que la posición de cada candidato sobre la racionalidad de la guerra (que ambos compartieron, incluso en el error). En tanto la elección norteamericana servirá acá para relegitimar ese liderazgo y ofrecer una oportunidad para “refrescarlo”, el ejercicio democrático servirá más para fortalecer al Estado y, en consecuencia, conducir mejor la guerra y ganar la paz, no para perderla.

En Afganistán, de otro lado, el proceso electoral recién realizado no se ha llevado a cabo para atribuir plena calidad democrática a un actor precario en el marco de una guerra sino para lograr cohesión nacional y estabilidad en una unidad política que lucha por su reemergencia. Lo valorable es el proceso electoral, no una democracia, que contribuye a la reconstrucción de un Estado hasta ahora inviable sin apoyo externo. Es más, lo extraordinario de ese proceso no ha sido su transparencia o su fiablidad sino que éste haya sido considerado por la comunidad internacional (la OSCE, la ONU) como legítimo por la dimensión de su concurrencia. A pesar de la evidencia de irregularidades (participantes con documentos fraguados, padrones electorales inventados, votos comprometidos por señores de la guerra), casi nadie ha calificado el proceso como fraudulento y casi todos como útil.

El empleo de los mecanismos democráticos para lograr la cohesión de un escenario fragmentado (el presidente afgano y las fuerzas norteamericanas y de la OTAN controlan apenas Kabul y una periferia restringida; la economía está dominada por el narcotráfico; y los señores de la guerra, entre ellos algunos talibanes, controlan aún partes sustantiva del territorio) tendrá esa utilidad con una calidad adicional: marcará el tipo de Estado que emergerá luego como diferente del totalitario pre-existente. Por ello el proceso electoral ha marcado un punto de inflexión reforzado por haber sido el primero en la historia de ese país y por el esfuerzo de la ciudadanía que ha decido acudir masivamente desafiando riesgos y tradiciones. En tanto una nueva entidad democrática está naciendo en el Asia –y su existencia no está, en lo sustancial, asegurada-, las democracias occidentales que avalaron la intervención en Afganistán, no podrán abandonarlo sin traicionarse a sí mismas (que es lo que algunos gobiernos occidentales, inadevetidamente o no, pretenden hacer).

Si, en tiempos de guerra, una elección consolida al Estado democrático como actor bélico o contribuye a la organización de Estados sin previa experiencia democrática, ciertamente la democracia adquiere un carácter instrumental que es necesario valorar por sus propios méritos antes que en función de un modelo ideal seriamente complicado por las circunstancias.

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El Editor (ADC)