MÁS MANIFESTACIÓN QUE HUELGA

El paro nacional de este 14 de julio ha sido una manifestación política antes que una huelga reivindicativa. Independientemente de que haya sido pacífico y de acatamiento irregular, sus objetivos han estado destinados a imponer una determinada conducción gubernamental antes que a reinvindicar requerimientos gremiales específicos. El mayor debilitamiento del gobierno sin la existencia de alternativa sólida de gobernabilidad y la mayor vulnerabilidad nacional en un contexto signado por fuerzas de fragmentación pueden ser sus consecuencias. Por eso nos opusimos en junio y volvemos a hacerlo hoy.

Ello no es óbice, sin embargo para desconocer las fuentes motivadoras del paro: la inmensa insatisfacción socio-económica de las mayorías y el cuestionamiento del comportamiento del liderazgo político. Si cambiar el modelo económico es una solicitud hoy impracticable, la exigencia de una mejor perfomance en un contexto externo favorable con el propósito de que la salud de la cuentas nacionales se refleje en el mejoramiento del estándar de vida ciudadano, es absolutamente razonable. Así como es también legítimo el reclamo colectivo de que la atmósfera de corrupción que rodea al gobierno sea esclarecida y que las promesas que se hicieron sean cumplidas.

En el primer caso, sin embargo son los partidos políticos los que han ofrecido alguna alternativa, no los gremios. Si la campaña electoral para las elecciones del 2006 había empezado ya con el protagonismo creciente de ciertos líderes políticos, ahora ésta parece canalizarse a través de la demostración masiva y de la cohesión temporal de fuerzas contrapuestas que han encontrado en el gobierno un contendor. Hasta donde llega nuestro entendimiento, una campaña electoral implica competencia interpartidaria y contienda pública entre diversos liderazgos sustentada en agendas contrastantes. Pero lo que ocurre hoy es la confrontación masiva con un gobierno débil cuya intensidad no oculta la posibilidad de buscar la vacancia presidencial y el adelanto de elecciones.

En este contexto, la adecuación del manejo económico a través de la sensata interacción cívica resulta impracticable. Y, por lo tanto, la búsqueda de fórmulas para mejorar la articulación de los saldos positivos de la economía (superávit comercial, superávit fiscal, crecimiento sostenido pero insuficiente, mejora de los términos del intercambio) con las necesidades de la población (mayor inversión, mejoramiento del crédito, promoción del empleo, mejor redistribución de la riqueza) respetando los límites y condicionamientos que imponen la inserción externa y los niveles de apertura, se enturbian o bloquean.

Y en el segundo caso, la organización masiva de la protesta callejera ciertamente no ayuda al esclarecimiento, a través de los canales regulares, del escenario de corrupción que ha envuelto al gobierno. Si se apura la erosión del piso gubernamental sin dar sustento suficiente a las investigaciones que corresponden y se logra la vacancia presidencial, nos colocaríamos en una situación de ingobernabilidad que sólo agravaría la vulnerabilidad política del país y del sistema democrático. Por ello es que la canalización de la insatisfacción con el liderazgo disfrazando la campaña electoral con el paro nacional nos parece peligrosa.

Más aún cuando se ha pretendido enmarcar el paro en antecedentes que no le corresponden como son las protestas de 1919 (en las que se logró conquistas laborales preciadas como la jornada de 8 horas) y el violento paro de 1977 (que se dirigió contra un gobierno militar que debía orientarse a una salida democrática). El paro de este 14 de julio no pretende ni la conquista laboral de principios del siglo pasado ni tumbar una dictadura hoy inexistente. Y tampoco tiene la connotación histórica del aniversario que marca la toma de la Bastilla. Su connotación política es menos gloriosa.

A lo largo de décadas pasadas los peruanos hemos pagado caro el precio del desorden y la inestabilidad. Hoy tenemos la posibilidad de producir cambios políticos y económicos que armonicen la perfomance económica con la justicia y la equidad a través de canales institucionales expresadas en justas electorales sanas. No las hechemos a perder, como algunos de nuestros vecinos, confundiéndolas con movilizaciones laborales que buscan resultados inmediatos y anárquicos. Si los gobernantes tienen que escuchar al pueblo y comportarse honestamente, el pueblo debe emplear mejor los canales regulares disponibles para expresar sus reclamos si deseamos generar progreso con cohesión nacional y no perder competitividad externa.

El Editor (ADC)